Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Granada, contra la que el Colegio de Abogados de esa ciudad ha presentado una querella por intrusismo profesional al asesorar a Juana Rivas. EP.
La magistrada De la Torre continúa la causa contra la asesora de Juana Rivas por intrusismo profesional
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11/4/2018 06:15
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Actualizado: 24/3/2022 10:55
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Manuela de la Torre, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, ha acordado continuar la causa contra la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, quien está siendo investigada por presunto intrusismo profesional en su labor como asesora de Juana Rivas a raíz de una querella presentada por el Colegio de Abogados de Granada.
En una providencia fechada el 5 de abril, la magistrada deniega el archivo de la causa, en línea con lo expuesto por la Fiscalía, la cual había solicitado la defensa de Granados y decide que continúe.
Para ello, ha citado, para el próximo 19 de abril como testigo, a la que fuera abogada de Juana Rivas, María Castillo Pozo.
La testifical, que se ha fijado para las 10,00 horas, forma parte de las diligencias que ha solicitado el Colegio de Abogados de Granada, que también se opuso en su momento al sobreseimiento de la causa.
Además, la magistrada ha exigido a la querellada para que en el plazo de cinco días presente la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra su actividad.
Granados, que está representada por el letrado Carlos Aránguez, declaró el pasado 7 de marzo en el Juzgado por este asunto, en el que se dirime si se excedió en sus funciones en el caso de Juana Rivas, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado.
Ella negó haber cometido cualquier tipo de intrusismo profesional y opinó que la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella está «instrumentalizada» para «ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, enmarcó la querella en «la defensa de la profesión frente a quien no tiene los requisitos legales para ejercerla».
Defendió la labor que desempeñan los centros de la mujer, pero incidió en que si en ellos se ofrece asesoramiento jurídico «tienen que contratar abogados» y no personas que no lo sean, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, recoge que «es una función exclusiva» de los letrados. EP.
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