“Un alertador puede sufrir amenazas respecto a la estabilidad de su trabajo, acosos y abusos en su vida profesional y personal, incluso pueden ser amenazados sus propios hijos; te destruye”, afirmó ayer Baltasar Garzón durante su intervención en el Parlamento Europeo, llamando la atención sobre la necesidad de legislar en la protección de los «whistleblowers», conocidos como alertadores o denunciantes de corrupción.
Las declaraciones de Garzón se produjeron en la clausura del evento que cerró el proyecto «A Change of Direction» (Un cambio de dirección), que ha sido coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), con el objetivo de contribuir a que se implementen mejores medidas legales y normativas que protegan a los «whistleblowers», entre otros.
La europarlamentaria italiana, Elly Schilne, quien forma parte del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, fue la anfitriona de una evento que convocó a diferentes organizaciones y expertos internacionales para reflexionar sobre una realidad que sigue siendo desconocida para muchos.
Schilne hizo hincapié en la necesidad de que haya una regulación a nivel comuniatrio.
Precisamente, el Parlamento Europeo aprobó por una mayoría del 60 por ciento, el pasado 24 de octubre, el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière -también del mismo grupo que Shilne- en el que se hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de este año, proponga normas que garanticen la protección a los “whistleblowers” en los 28 estados miembros de la Unión.
El informe aprobado es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisón Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.
Problema complejo
En el acto en el que participó Garzón, también intervino Bruno Galizzi, miembro de FIBGAR, quien presentó la complejidad de este problema problema: “No se trata sólo de la existencia de legislación o no, sino del funcionamiento práctico de la misma, del establecimiento de derechos y obligaciones tanto para los alertadores como para las instituciones involucradas”.
El proyecto, llevado a cabo durante los últimos dos años, trabajó también sobre las percepciones sociales y culturales de los alertadores, para combatir una idea negativa.
Federico Anghelé, miembro de Riparte il Futuro – organización italiana de lucha contra la corrupción-, dejó claro, por su parte, que muchos son los alertadores que terminan siendo acusados de “chivatos”, por haber atentado la confianza de una empresa u organización.
Según un estudio publicado recientemente por «Blueprint For Free Speech», una organización experta en derechos de libertad de expresión y protección de alertadores, Europa todavía está muy por debajo de lo esperado al comparar la situación legislativa de sus 28 estados miembros con una selección de estándares internacionales.
Incluso los países que cuentan con mayores niveles de protección no presentan condiciones contundentes.
España: suspenso en protección de alertadores
España se encuentra entre los 7 países, de los 28 que componen la Unión Europea, que peor protegen a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades), con una puntuación cercana a cero.
Los resultados obtenidos demuestran que, en las 9 categorías establecidas, España fue incapaz de cubrir parte o alguno de los estándares internacionales. Un panorama desolador.
“Nuestra investigación, muestra que España está en un grupo en el fondo de los países miembro de la Unión Europea cuando hablamos de protección de alertadores”, explica una de las co-autoras del informe, Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de Blueprint.
21 países de la UE obtuvieron una puntuación mayor que España. En los últimos 5 años, diez países han aprobado nuevas leyes o protecciones -entre ellos Italia- para estos denunciantes de irregularidades.
Sin embargo, el 79 por ciento de los miembros de la UE obtiene un cero en lo que refiere a la provisión de inmunidad frente a la persecución por exponer información sensible.
El 75 por ciento de los países también saca un cero en las penalidades por las represalias y otros maltratos contra los “whistleblowers”.
Una nota que también tienen el 43 por ciento a la hora de facilitar canales de denuncia.
Pero no todas son malas noticias.
En opinión de Dreyfus, hay “una oportunidad de mostrar el compromiso de España para luchar contra la corrupción adoptando la mejor ley de protección de alertadores en la Unión Europea hasta el momento. A veces llegar ‘último a la fiesta’ puede también dejarte como el ‘mejor vestido’”.
El grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
