Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo; la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha dictado que la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria critica duramente la ausencia de política de comunicación activa del CGPJ
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28/4/2018 22:55
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Actualizado: 29/4/2018 12:55
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado duramente la ausencia de política de comunicación activa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en general y en el «caso Manada», en particular, y culpa a la ausencia de un portavoz «que explique, en lenguaje comprensible, los motivos que llevan a un juez a dictar una resolución».
«La falta de instrumentos hábiles –lo cual corresponde impulsar al CGPJ– de comunicación, contribuye a hacer incomprensible para el ciudadano las resoluciones judiciales de interés público, favoreciendo un caldo de cultivo propicio a malentendidos, desinformación y medias verdades», afirma la AJFV en un comunicado.
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, suprimió la figura del portavoz del Consejo, que había venido funcionando desde el nacimiento de la institución, en 1980 –Benigno Varela, Enrique López y Gabriela Bravo asumieron ese papel en los tres mandatos anteriores al actual-, y asumió dichas funciones en su persona.
El actual Consejo dispone, entre sus filas, de buenos comunicadores que podrían llevar a cabo esta función con éxito.
Vocales como Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya, Álvaro Cuesta, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart o María Ángeles Carmona -entre otros- tienen experiencia probada y contrastada en medios de comunicación y capacidad dialéctica para explicar con éxito y de manera comprensible las complejidades técnicas de la sentencia.
La única intervención, en ese sentido, se produjo el viernes por la tarde, en reacción a las manifestaciones populares contra la sentencia del «caso Manada» y un comunicado conjunto previo de la AJFV, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente.
El presidente Lesmes se limitó a emitir una nota de prensa, tres horas después de las asociaciones, al filo de las 18.30 de ayer -después de que varios vocales así se lo aconsejaran-.
En la misma la máxima autoridad de la Justicia recordó que cuando «las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales».
Una declaración, que, en opinión de las mencionadas asociaciones, resultó «tibia».
Tanto la AJFV, la APM como FJI ya indicaron ayer que era «necesario un esfuerzo adicional para explicar a la sociedad el trabajo de los jueces y el sentido de sus resoluciones, más allá del texto mismo de las sentencias”.
Una línea sobre la que ha profundizado más la Francisco de Vitoria: «Entendemos que estamos ante una sociedad cambiante que obliga a transmitir a la ciudadanía el porqué de las resoluciones judiciales, conectar con los intereses colectivos y dar servicio a los ciudadanos, que también debe incluir una mayor pedagogía de las Sentencias».
Llamamiento en defensa del Poder Judicial
La Francisco de Vitoria pide, en su comunicado, al CGPJ, «que adopte una verdadera posición activa de defensa del Poder Judicial y de la normalidad de las instituciones».
«El órgano de gobierno de los jueces debe protegerse y protegernos frente a ataques irresponsables del Ejecutivo o del Legislativo. Sólo mediante el equilibrio de poderes se puede aspirar a una democracia fuerte, al nivel de los ciudadanos que forman parte de este país».
Para esta asociación esa ausencia de política de comunicación activa en el «caso Manada» ha sido «aprovechada por determinados diputados que, de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos y su propio mandato constitucional, nuevamente, hace descansar en el Poder Judicial toda responsabilidad, eludiendo fácil y torticeramente la necesaria provisión de medios para que hechos tan luctuosos no sucedan y el impulso para regular determinadas conductas delictivas de manera distinta, de acuerdo a la realidad social del momento».
La AJFV también critica al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
«A sabiendas de que el CGPJ no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional de un magistrado o juez, confundiendo a la ciudadanía, secundando a la oposición por intereses exclusivamente políticos y evidenciando su absoluta irresponsabilidad, pretende intimar al juez autor del voto particular de la mencionada sentencia, mediante una supuesta investigación desde el CGPJ».
«Un ministro, que no ha sido capaz de contentar a nadie, que no ha conseguido una sola mejora de la Justicia en todo su mandato, se sube a la ‘tabla de salvación’ de un caso mediático, para posicionarse frente al Poder Judicial, al que ni comprende, ni protege, ni provee de medios», señala.
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