La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, vuelve a estar ante el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, por difundir datos de un atestado de la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene 33.615 seguidores y desde la que ha publicado 7.414 tuits hasta la fecha.
Conde ha abierto unas diligencias informativas -equivalentes a una investigación previa- con el fin de precisar si existen indicios, o no, de infracción disciplinaria en el tuit que la exdiputada de Podemos publicó a mediados del pasado mes de abril, según publica El Español.
Y ha sido a instancia de una queja presentada ante el CGPJ por un particular, quien ha preguntado si un juez puede difundir datos de un atestado policial; en este caso de una carátula.
Los jueces tienen prohibido «revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta», de acuerdo con el régimen disciplinario vigente en la carrera judicial.
La foto que, al parecer publicó Rosell, reproducida la primera página del atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
Fueron varios «tuiteros» los que llamaron la atención sobre estos datos.
«Se ve el número de matrícula (GC-512…) y el instructor (G425…)», publicaba uno de ellos informando a la jueza de esta circunstancia.
Rosell publicó la mencionada carátula en el marco del escándalo que se generó por la supuesta falsificación de firmas de los profesores del master de Cristina Cifuentes, quien recientemente presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
La magistrada publicó que se le venía a la cabeza el principio de igualdad ante la ley cuando «recibes un atestado por ‘delito de falsedad en documento oficial’ por una pegatina de la ITV'».
Hasta la fecha, ninguna de las actuaciones disciplinarias practicadas a Rosell ha terminado en sanción.
La última, la denuncia presentada por su compañero, Salvador Alba, por publicar un «tuit», la víspera del comienzo del juicio del caso Faycán, en el que escribió: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste -Faycán-, con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”, fue archivada.
Conde argumentó que «era inapropiado» que un juez pusiera públicamente en tela de juicio la imparcialidad de otro juez pero que eso no excedía “el límite de la libertad de expresión en los términos que han sido conformados por la jurisprudencia”.
Dicho archivo fue recurrido por Alba ante la Comisión Permanente que ahora tiene que decidir si ratificar el archivo decidido por Conde o enviárselo de vuelta al pAD, para que aplique una sanción disciplinaria a Rosell.
En el caso de que eligiera la primera opción, daría por buena la posibilidad de que los jueces puedan poner en tela de juicio pública y llánamente la independencia y la imparcialidad de sus propios compañeros, sin esperar consecuencia disciplinaria alguna, por formar parte de su derecho a la libertad de expresión.
