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La Sala de Gobierno del TSJCat envía al pAD el caso de un juez que ordenó a los Mossos la identificación de una funcionaria

La Sala de Gobierno del TSJCat, una foto que fue tomada cuando el presidente, Jesús María Barrientos, tomó posesión; de izquierda a derecha: Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Mercè Caso, jueza decana de Barcelona, Luis Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Jesús María Barrientos, nuevo presidente del TSJC, Jaume Illa, secretario de la Sala de Gobierno, Fernando Lacaba, presidente de la Audiencia Provincial de Gerona -quien compitió con Barrientos por el puesto de presidente-, Antonio Recio, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y María Antonia Coscollola, magistrada del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona. Poder Judicial.
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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha acordado enviar al promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, el caso del magistrado José Julián García de Eulate, de 68 años, titular del Juzgado de Instrucción de Barcelona.

García de Eulate ordenó a los Mossos d’Esquadra que averiguaran la identidad de la funcionaria del equipo de traducción del Servicio de Normalización Lingüística del Departament de Justicia que le había devuelto un atestado por no haber rellenado el formulario en el que tenía que haber especificado el motivo de su traducción del catalán al castellano.

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Dicha Sala de Gobierno considera que la orden del magistrado no tiene encaje alguno en las funciones asignadas a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Por ello, podría suponer un exceso o abuso de autoridad de los supuestos contemplados en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), considerado una falta grave.

Este tipo de faltas están castigadas con multa de 501 a 6.000 euros.

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La decisión del máximo órgano judicial decisorio en este campo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, de enviar el caso al pAD se ha visto criticada por una parte de los jueces al entender que se entromete en la independencia judicial, según ha podido saber Confilegal.

El atestado en cuestión formaba parte de las diligencias previas 516/2017-A, de las que era competente el magistrado García de Eulate, quien necesitaba que fuera traducido al castellano para remitirlo, junto con el resto del expediente judicial, al Tribunal Supremo para que la cúpula judicial decidiera sobre su competencia, por lo que lo consideraba de máxima urgencia.

Sin embargo, el magistrado, en su providencia del 7 de diciembre, no rellenó el formulario consiguiente y la funcionaria del mencionado Servicio de Normalización Lingüística le devolvió el documento al mismo tiempo que le remitía el formulario que debía rellenar y que estaba alojado en una dirección electrónica, que adjuntó.

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García de Eulate no encajó bien la respuesta.

El 16 de febrero, mediante una nueva providencia, ordenó a los Mossos d’Esquadra que averiguaran la identidad de la funcionaria que firmó el oficio de devolución.

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La actuación de los Mossos provocó que interviniera la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia, que informó al Gabinete de Presidente del TSJCat, y que desembocó en el acuerdo tomado por la Sala de Gobierno el pasado 17 de abril.

Los componentes de dicha Sala -compuesta por Jesús María Barrientos (presidente), Fernando Lacaba, Javier Hernández, Antonio Recio, Mercedes Caso, Felipe Soler, Luis Rodríguez Vega, Patricia Brotons y el secretario de Gobierno, Jaime Illa– consideraron que no era de recibo la respuesta del magistrado.

Recordaron que el 5 de julio de 2016 se dieron por enterados de las mejoras introducidas en el proceso de traducción y de las normas que se debían seguir.

Normas que figuraban en la página web del Departament de Justicia junto con el formulario titulado “Petició de serveis de traduccions de documents en el marc dels procediments judiciales” (Petición de servicios de traducciones de documentos en el marco de los procedimientos judiciales). 

Un procedimiento que cumplen todos los magistrados que solicitan estos servicios.

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«Atendido lo expuesto, y más allá de que la orden de traducción procediese de la autoridad judicial y estuviere referida a unos documentos que debían producir efectos fuera del ámbito de este Tribunal Superior de Justicia, habrá de estarse a que la devolución inicial dispuesta por la Oficina de traducción no se correspondía con una negativa a materializar la traducción, sino exclusivamente a conseguir que la solicitud fuese cursada siguiendo las pautas normalizadas de gestión de ese tipo de peticiones, como por lo demás debía conocer el órgano judicial y el responsable de la oficina de la que procedía la orden», se puede leer en el acuerdo tomado por la Sala de Gobierno del TSJCat, que desembocó en el envío a Madrid del caso.

Ahora le toca al promotor de la Acción Disciplinaria si el magistrado García de Enlate se extralimitó o si, por el contrario, se pasó.