La Comisión Europea ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponer una multa a España de 48.919 euros diarios a partir del día en que confirme en una sentencia que el país no ha trasladado completamente a la legislación nacional la normativa europea sobre cuentas de pago y hasta que lo haga correctamente.
El Ejecutivo comunitario denunció en octubre del año pasado al Estado español ante el Tribunal de Luxemburgo por este motivo. Bruselas ha informado en un comunicado de que, hasta la fecha, las autoridades españolas no han notificado formalmente la trasposición completa de las normas europeas sobre cuentas de pago (Directiva 2014/92/UE sobre estas materias).
Éstas conceden a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia, y aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.
Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.
Por ello, Bruselas ha pedido al TJUE que imponga una multa «coercitiva» diaria de 49.919,20 euros a España desde el día en que el tribunal con Luxemburgo dicte sentencia y hasta que la directiva «haya quedado traspuesta completamente y esté en vigor en el Derecho nacional».
Ya se han adoptado algunas medidas
El Ministerio de Economía español presentó el pasado 22 de diciembre el anteproyecto de ley para la transposición de dicha directiva, con un periodo de audiencia pública hasta el 16 de enero de 2018. La normativa europea fue presentada en el Boletín Oficial de la Unión Europea el 25 de noviembre de 2015.
De hecho, en noviembre de 2017 el Ejecutivo español aprobó el Real Decreto-Ley de Cuentas de Pago Básicas aprobado este viernes en Consejo de Ministros propicia que las entidades de crédito estarán obligadas a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básica al consumidor.
La trasposición debe ser completa
Sin embargo, Bruselas advierte que si la trasposición sigue sin ser completa y el TJUE confirma la opinión del Ejecutivo comunitario, España estaría obligada a pagar la multa desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior establecida por la Justicia Europea.
El tribunal de Luxemburgo también puede modificar el importe de la misma, aunque no puede ser mayor que el propuesto por la Comisión Europea.
El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando los servicios comunitarios abrieron un expediente a España por no haber aprobado los cambios necesarios en la legislación nacional.
La respuesta que el Gobierno remitió no fue satisfactoria y Bruselas advirtió de nuevo a las autoridades españolas en abril del año pasado. Seis meses después, elevó el caso al Tribunal de Justicia.
