Julián Sánchez Melgar, se va un gran fiscal general del Estado: ¿Quién será su sucesor o sucesora?
El fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar. (EP)

Julián Sánchez Melgar, se va un gran fiscal general del Estado: ¿Quién será su sucesor o sucesora?

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01/6/2018 14:10
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Actualizado: 01/6/2018 21:58
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El mandato de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como fiscal general del Estado ha durado apenas seis meses. Tómó posesión el 7 de diciembre pasado tras la inesperada muerte de su amigo, José Manuel Maza.

Y ahora tiene que cesar con el Gobierno que lo nombró, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice que el fiscal general cesa «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».

Ha sido un mandato corto, muy corto. Ahora regresará al Tribunal Supremo.

Pero durante este tiempo, Sánchez Melgar ha demostrado ser un señor, con letras mayúsculas, desde el punto de vista profesional y humano.

Aunque ha preferido mantener un perfil bajo, no sólo ha conseguido llenar el vacío dejado por Maza sino que se ha ganado la confianza y el afecto de los fiscales. También ha continuado apoyando una política de comunicación y transparencia que hay que elogiar desde este lado de la barrera.

Sánchez Melgar ha sabido combinar, internamente, autoridad con democracia, contradiciendo la idea de siempre de que el Ministerio Fiscal es una «milicia jurídica»; un ordeno y mando.

Para ejemplo, un botón: El pasado mes de febrero anunció que estaban trabajando sobre una instrucción que aclare todos los puntos oscuros del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal. Que se resume en que cuando un fiscal disiente con su fiscal jefe puede invocar la celebración de la Junta de Fiscales y pedir que se vote.

“Hay que fortalecer la colegialidad en la toma de decisiones del Ministerio Fiscal. No todo se ha reducir a una fría pirámide en la dependencia jerárquica. El debate en las diferentes juntas de fiscales, en el Consejo fiscal, en el trabajo en equipo son esenciales para la riqueza jurídica y para la eficacia institucional. Incluso la discrepancia es también asumible y encajable en el estatuto orgánico a través del artículo 27 del mismo”, explicó durante los desayunos de Europa Press.

Otra cosa que le preocupaba a Sánchez Melgar era el nuevo tipo penal de los delitos de odio, contemplado en el artículo 510 del Código Penal, en el que se tipifica la provocación a la discriminación, al odio y a la violencia.

Por eso había impulsado la redacción de otra instrucción, a falta de jurisprudencia, que clarifique cuando los fiscales se encuentran en presencia de un delito de odio o ante el ejercicio propio de la libertad de expresión.

Sánchez Melgar, además, durante su corto mandato, ha reivindicado, en voz alta y clara, dos cosas muy concretas: un presupuesto propio para la Fiscalía y «la independencia rigurosa del Ministerio Fiscal».

«Observen que digo independencia, tal vez por mi procedencia judicial, que considero una palabra más rotunda todavía que autonomía e imparcialidad. El fiscal general del Estado no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro poder del Estado. Así lo diseña el artículo 124.2 de nuestra carta magna», afirmó en su momento.

EL CONFLICTO CATALÁN

El fiscal general del Estado saliente tomó el timón que había dejado Maza y mantuvo con pulso firme la misma dirección y velocidad de la nave, respetando la independencia de su gente en la lucha contra la corrupción -el desenlace del juicio de Gürtel, primera época, es un claro ejemplo, o contra el separatismo catalán.

Tampoco ha intervenido ni en la acusación de la causa de los ERE de Andalucía. Y ha dejado -como no podía ser de otra manera, desde su punto de vista- que los fiscales hagan su trabajo en casos como Lezo, Púnica, el del 3 por ciento y los papeles de Bárcenas, o el juicio más reciente, cuyo juicio, el de la rama valenciana de la Gürtel, que tuvo lugar ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La causa, que instruye el magistrado Pablo Llarena, en la Sala de lo Penal del Supremo contra 13 miembros del gobierno de Generalitat que impulsaron el referéndum independentista del 1 de octubre, por rebelión y malversación, es otro ejemplo claro.

En total han sido 25 los procesados.

A apenas unos días de que Llarena dicte el auto de conclusión del sumario y de que la causa pase al tribunal enjuiciador para que fije apertura de juicio oral, previsiblemente para este otoño, es muy importante la posición que adopte la Fiscalía.

¿Seguirá el nuevo fiscal general del Estado la senda firme -y dura, según algunos- adoptada hasta ahora en relación con los encausados?

Esa es la gran incógnita. Máxime cuando el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido sustituir a Mariano Rajoy con los votos de ERC y el PdeCat.

De ahí que el perfil del sucesor de Sánchez Melgar sea de capital importancia.

Por los pasillos «fiscales» dos nombres han empezado a sonar. Dos fiscales de Sala del Tribunal Supremo: Pedro Crespo, exjefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional. Aunque también se plantea que sea una mujer.

¿Quién?

Todavía no ha aflorado el nombre de «la tapada». Si la hay.

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