La petición del tribunal Schleswig-Holstein se realiza a iniciativa del equipo de abogados de Puigdemont y responde al interés en conocer los hechos que podrían sustentar este delito de cara a la entrega a España del expresidente catalán, tras rechazarse en principio que ésta pueda realizarse por el delito de rebelión.
El tribunal alemán, que tiene pendiente resolver sobre la entrega del expresident Carles Puigdemont, ha reclamado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por el ‘procés’, Pablo Llarena, el informe del pasado 30 de abril por el que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro contestó a su requerimiento sobre los datos que podrían sustentar la acusación de malversación de fondos públicos contra varios de los investigados.
Tras recibir el informe de Hacienda, el propio Llarena dictó un auto en el que afirmaba que los datos que le entregó Montoro coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación contra los miembros del exGovern.
En relación con las manifestaciones realizadas por algunas defensas -que le llamaron la atención sobre las manifestaciones de Montoro en el sentido de que ni «un euro público» en el referéndum ilegal del 1-O- el juez precisaba que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) había dictado cuatro acuerdos para el control presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Llarena cuenta también con información de control a través de diversos requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que desde el mes de septiembre de 2017 Hacienda ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Cataluña en relación con las campañas promocionales del referéndum, además de la financiación a través del Diplocat de los gastos generados por los expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum.
En este mismo documento, Llarena enumeraba otras pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos (una campaña en abril 2017 con el eslogan «sí o no» sobre el mapa de Cataluña y otra campaña el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participación en la votación del 1-O), la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa «The Hague Centre for Estrategic Studies» y gastos de DIPLOCAT). Con información de EP.
