¿Avanzar en Justicia con solo 84 diputados? Cuestiones pendientes

Nadie dijo que esta legislatura sería fácil, pero es indudable que se hace más difícil cuando la política se entiende como el acoso y derribo personal; como ejercicio de deconstrucción o destrucción, en lugar de sumar y mejorar; cuando las oportunidades para alcanzar normas en las que se refleje mejor la diversidad social se convierten en muro  infranqueable sobre el que rebota cualquier intento de trabajo serio, riguroso, proporcionado y responsable.

No era sencillo gobernar con 137 diputados y todos queriendo darle la vuelta en la moqueta a lo que dijo la gente en las urnas.

Por eso, el planteamiento del Gobierno y del Grupo popular en justicia, conocedores de los retos de nuestro sistema y de la diversidad parlamentaria, fue proponer su programa y escuchar de inmediato la voz de los representantes de los españoles en las Cortes Generales para trabajar de forma clara, juntos, con una hoja de ruta donde el consenso garantizara dibujar una estrategia ininterrumpida de avance firme en la gestión, pero sobre todo en el diseño normativo, con las prioridades comunes de ese complejo arco parlamentario.

Los lectores son perfectamente conocedores de que, a pesar del final, trabajo hubo en la Subcomisión constituida para ese fin: Hasta 103 propuestas consensuadas y casi una treintena más, de amplio apoyo, para ponerse de forma ordenada manos a la obra y mantener ese trabajo, cualquiera que fuera la fuerza política que gobernara en años sucesivos.

A la oposición le dio vértigo pasar a la historia por construir juntos lo que los profesionales de la justicia y los ciudadanos nos pedían. Para ellos era más importante derribar al Gobierno del Partido Popular.

POLÍTICA «DINAMITERA»

Creo firmemente que los partidos de la oposición entre 2016 y 2018 se vieron contagiados del espíritu de la política del rechazo, “dinamitera”, donde importa más tumbar al adversario, con ayuda de la tergiversación de la verdad, que arremangarse para resolver problemas reales, reconocidos, y donde las soluciones tienen un margen de variación muy pequeño si se escucha bien a quienes son actores y afectados de la justicia como poder, como derecho y en cuanto determinante de un servicio al público esencial para la defensa de los derechos y el ejercicio de las libertades de las personas.

Y hoy, un Gobierno resultante de un pacto pro desahucio exprés, sustentado en mentiras, temores y ambiciones, donde todo vale para asaltar el poder, se enfrenta, pasadas las primeras horas de entusiasmo, a la realidad de los problemas.

En Justicia los problemas no se resuelven en el acto porque quien estaba defendiendo una «huelga» pase a ser «patronal» y deba arroparse para ejecutar su “no proyecto” con un apoyo estable de 84 diputados de 350.

Nunca pensé cuando decidí participar un tiempo en política que viviría tantos hitos históricos, tantas primeras veces en sucesos, sucedidos, acontecimientos y precedentes desde 2011.

Y créanme que no me gusta contagiarme con el lenguaje al uso de apropiación de números (en realidad personas), según el cual yo soy uno más de los 137 diputados de un lado y mis compañeros socialistas son los 84 diputados que hoy tiene el Gobierno para alcanzar la aprobación de leyes ordinarias, orgánicas, convalidación de reales decretos leyes etc…

Superado el lenguaje que nos invade,  la tarea del poder legislativo, esencial en democracia, se basa en números, pero  yo creo que los ciudadanos tienen que saber que sólo finalmente.

Los diputados no somos números, ni éstos son lo único. Las decisiones dependen de la actitud política con la que se afronten para que la aritmética no sea un obstáculo.

Para ello se necesita voluntad, convicción, trabajo previo, ausencia de sectarismos, compromiso, lealtad, generosidad y liderazgo.

Es eso lo que puede y debe ser el verdadero motor de los resultados; la única garantía de cumplir  bien con nuestro mandato representativo; la única forma de que quienes nos han elegido puedan reconciliarse con una política que no reconocen; y estamos corriendo un alto riesgo de que eso se sustituya por modelos de infausta memoria que no queremos que regresen nunca.

Entre esas primeras veces vividas, afrontamos hoy un cambio de gobierno en la mitad de la legislatura; la primera vez que rige un gobierno monocolor con apoyo minoritario y a gran distancia del grupo mayoritario.

En este contexto la ministra de justicia, antes de hacer público en sede parlamentaria su programa de gobierno, propone el nombramiento de una nueva fiscal general del Estado sin tener reparo en señalar a una buena profesional, seguro, pero a una amiga y compañera de asociación también, con marcada línea ideológica, para afrontar el reto de mejorar la percepción social de poca independencia judicial y de ausencia de autonomía en la Fiscalía.

La nueva ministra se enfrenta a un tiempo convulso en el que se cuestiona todo, donde lo «fake» sustituye a lo verdadero, lo cierto, lo profesional.

Y ese movimiento que atacó a la política golpea sin piedad y con altas dosis de irresponsabilidad a la Justicia. Son ataques a los cimientos mismos del Estado de derecho.

NO NECESITAMOS EJERCICIOS DE PRESTIDIGITACION COMUNICATIVA

Hoy necesitamos menos palabras bonitas, menos ejercicios de prestidigitación comunicativa y más autenticidad, templanza, personalidad y valentía en defender siempre y en todo caso, para todos, respecto a todos, los principios nucleares del derecho y la justicia, como decía con convicción de buen jurista José Manuel Maza.

Porque si eso nos falta, de nada servirá tener más y mejores medios materiales, más profesionales, edificios y procedimientos más abiertos y transparentes, mejores normas y más claras.

No podemos consentir un poder judicial cuestionado; no podemos admitir que se subasten las sentencias y otras decisiones judiciales en la plaza pública.

Si desde el Gobierno no se asume la defensa de la racionalidad, de lo legal y de los poderes e instituciones del Estado, aunque resulte antipático, un día no muy lejano nos daremos cuenta que la irracionalidad y la subasta en la plaza pública llamará a nuestra propia puerta y nos engullirá.

Después de haber pedido la comparecencia de la nueva Ministra de justicia estamos a la espera de que encuentre tiempo para presentar en el Congreso el proyecto que pretende desarrollar, porque el tiempo es oro, los problemas de la justicia no se congelan y un frenazo brusco como éste no es la mejor respuesta a la adopción de soluciones.

CUESTIONES PENDIENTES

Son muchas las cuestiones pendientes:

Hoy, más que nunca, es importante estar de acuerdo en reforzar los mecanismos de independencia judicial, de hacer pedagogía sobre los baluartes de nuestro Estado de derecho, la división de poderes, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la protección a las víctimas y las garantías del proceso.

Que cada operador jurídico encuentre el apoyo suficiente para que el ejercicio profesional de sus funciones se haga sin interferencias ni contaminaciones o amenazas de ningún tipo, es lo único que puede generar confianza.

Cuando el Gobierno era del Partido Popular, se decía que, siendo muy necesario, no era el momento para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con un nuevo modelo de investigación.

¿Ahora sí y con el mismo texto y modelo?

Creemos que es imprescindible regular las llamadas puertas giratorias de la justicia, a lo que se ha negado el PSOE.

¿Se negaba porque pensaba en un gobierno de jueces y fiscales como el que ha constituido? Esperemos que no, porque la ministra ha respaldado las reivindicaciones de sus compañeros jueces y fiscales que nos piden las regulemos.

Queremos explicación sobre qué hará con la modificación de la ley de indultos presentada por el PSOE, en tramitación, pero por el momento paralizada por voluntad de su grupo, y con unas enmiendas muy claras del Grupo Popular por las que se incorpora a la norma la actuación fáctica, muy restrictiva en las concesiones, del Ministerio de justicia dirigido por Rafael Catalá.

O qué va a hacer con los textos legales preparados por la Comisión General de Codificación y por los grupos del Ministerio sobre el Código civil y Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad; con el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; con la Ley del Derecho de Defensa, entre otros.

La Sección Penal renovada de la citada Comisión también inició su trabajo de revisión de los delitos de abuso y agresión sexual.

¿Va a tenerlo en cuenta?

Mucho trabajo avanzado, a punto de materializarse en los trámites preceptivos para su audiencia pública y entrada en las cámaras, que en la mayor parte de los casos necesita de 176 votos favorables.

No es asumible seguir esperando y volver a la casilla de salida.

No entiendo el prisma monocromático a través del cual la gestión gubernamental va a mirar a los actores de la justicia, trasladando la fiscalía al Gobierno y encontrándonos ya con una estructura de Superfiscalía General.

Tampoco entiendo a qué obedece la espera para reunirse con todos los representantes de la justicia y con los representantes parlamentarios.

No basta elegir diálogo como palabra clave, hay que ponerse a ello.

Para dialogar, primero hay que escuchar y a gobernar se viene «aprendido».

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