La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años de prisión para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja alicantina, Modesto Crespo.
También mantiene la solicitud de 3 años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración.
A todos les exime, sin embargo, del pago de la responsabilidad civil, ya que Crespo ha pactado devolver los 600.000 euros en tres anualidades.
Para la fiscal, queda probado que López Abad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía a Crespo cobrar dietas extraordinarias.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, para saltarse la prohibición, López Abad habría propuesto el 29 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la Caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales.
La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM el 27 de noviembre de 2009.
Hoy se ha celebrado la última sesión de testificales en la que los testigos han despejado con un «no lo sé, no lo recuerdo», la pregunta del Fiscal y de la acusación popular, de si se reunieron con Crespo en calidad de presidente Tinser Cartera o de la CAM para abordar el desarrollo de diferentes proyectos.
CRESPO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Las jornadas de conclusiones arrancan mañana y seguirán los días 2 y 3 de julio.
El Ministerio Fiscal presentará su escrito de modificación para Modesto Crespo tras el acuerdo alcanzado con él.
El expresidente de la CAM asume la culpabilidad de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal.
Ha aceptado nueve meses de prisión.
También incluye la obligación por parte de Crespo de pagar 402.000 euros, adicionales en el plazo de 3 años.
Mantiene la acusación contra Roberto López Abad por supuesto inductor y cooperador necesario; mientras que a los miembros de la Comisión de Retribuciones, Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban, y Martín Sevilla, los considera autores, igual que al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración.
Por su parte, la acusación popular mantiene la acusación para Roberto López Abad y para José Forner, exsecretario del consejo.
Para el resto de los acusados los deja fuera de las acusaciones porque «no se puede demostrar, sin ninguna duda, su complicidad en la aprobación de las retribuciones a Modesto Crespo». Con información de EP.
