Los abogados que representan a algunos de los investigados por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, han hecho llegar documentación al promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, en la que ponen de manifiesto que alarga sin fundamento y «sine die» los procesos , tratando de agotar todas las posibilidades de investigación y abriendo, a cada paso, líneas nuevas, acumulando, en algunos casos, hasta 300 tomos.
Muchas de las macrocausas superan los 7 años de duración y no hay visos de que tengan un final.
También señalan que mantiene el secreto de los sumarios por periodos superiores a «seis años, sin ningún fundamento real, más allá de la gratuita suposición de que pueden existir y descubrirse nuevos delitos», según documentación a la que ha tenido acceso CONFILEGAL.
De la magistrada afirman, asimismo, que, al parecer, hace «uso abusivo y manifiestamente imprudente de las reglas de conexión entre delitos» y muchas de sus instrucciones son calificadas de «prospectiva»; para ellos, son auténticas «causas generales» sobre las personas que van apareciendo, sus familiares o allegados, su patrimonio, con supuesta «vulneración sistemática de la intimidad y del secreto de las comunicaciones y del principio de intervención mínima del derecho penal».
A sus informes periciales los califican de «intolerables» y creados artificiosamente para inculpar.
De la misma forma se quejan del desorden de las causas, muchas de ellas sin foliar. Cuentan que la magistrada no pone a disposición de las partes con garantías los sumarios.
El sistema informático no da acceso a todos los folios, muchos de los cuales no pueden abrir y no se permite la búsqueda adecuada de documentos. «Se le solicita que implemente un mejor sistema y hace caso omiso».
Durante las dos semanas que estuvieron trabajando allí recibieron a un número de abogados de personas investigadas por De Lara, quienes les expusieron las supuestas irregularidades que, desde su punto de vista, la magistrada venía cometiendo desde hacía años y que perjudicaban gravemente a sus clientes.
Los miembros del equipo del Servicio de Inspección, además de recoger sus testimonios, animaron a los letrados a que dirigieran sus quejas al pAD. Muchas de ellas ya están en Madrid.
