Tres miembros del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han desembarcado hoy en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Galicia, cuya titular es la magistrada Pilar de Lara, para saber por qué tardó dos años y medio en enviar a la Audiencia Nacional la pieza 335/2014, tras haberse inhibido, un tiempo en el que siguió instruyendo la causa a pesar de adolecer de falta de jurisdicción.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, Edgar Amando Cloos Fernández, como presidente, María Luisa Sandar Picado y José Manuel Valera Prada, habían exigido, el pasado mes de abril, a la magistrada De Lara, que explicara las razones por las que no se hizo efectiva la inhibición que ella misma decretó en octubre de 2015 en esa pieza, del llamado caso Vendex, la cual debía haber sido enviada a la Audiencia Nacional en tiempo y forma.
Antes, entre el 15 y el 19 de marzo, el mismo tribunal había impuesto un serio correctivo a la magistrada anulando, en 14 autos casi consecutivos, las investigaciones realizadas en el sureste de España a lo largo de diez meses por no tener competencia legal de ningún tipo.
De Lara también recibió un fuerte varapalo por parte de su compañera de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, del Juzgado Central de Instrucción 3, la receptora de la pieza 335/2014, quien la reprendió en un auto en el que dio una clase de tercero de derecho a su compañera.
«Pese al dictado del auto de fecha de 28 de julio de 2015 por el que se acuerda la inhibición, sin que tampoco se exprese ni argumente cuál es el motivo para persistir durante más de 6 años en esa actuación, y para remitir el testimonio de las actuaciones dos años y medio después del dictado de inhibición, con una adición de 35 tomos más, hasta un total de 40 en los cuales se han documentado las actuaciones», escribió Lamela.
En los últimos tiempos, la magistrada De Lara ha sido ampliamente criticada por su estilo de instruir, por la apertura de macrocausas que después no concluye, o a los que los órganos superiores dan carpetazo por no apreciar pruebas incriminatorias, como ocurrió en los casos Balar, Duarte, Regalos de Monbus, Josman, Paula Prado, Barreiro o Blanco.
Una de las últimas quejas de los abogados de las causas que instruye la magistrada es la de que no se les permite acceder a los sumarios «porque han sido enviados a digitalizar» fuera del Juzgado, un hecho que dicen, pone en tela de juicio la cadena de custodia.
Este punto ha sido desmentido a Confilegal por fuentes oficiales del poder judicial en Galicia: «Las causas se digitalizan en el Juzgado. No salen, para nada, de los órganos judiciales».
La pelota está ahora en el equipo del Servicio de Inspección del CGPJ.
