Sobre el aborto del lanzamiento de Colegio 3.0 del ICAM

Ayer sábado 30 de junio me despertaba con la noticia titulada: «El decano Alonso aborta el lanzamiento de Colegio 3.0 y estudia acciones legales contra IBM«  que confieso me llenó de tristeza, pero no de sorpresa.

No voy a entrar a juzgar lo que ha pasado realmente, me faltan datos, si bien recuerdo que en la contratación no se utilizó la transparencia que hubiera sido conveniente aplicar.

Se invitó que yo sepa a un grupo limitado de empresas y no se le dio publicidad al tema.

Ignoro, si como hubiera sido deseable, se contrató a una segunda empresa para controlar la evolución del proyecto y también ignoro, si para hacer el diagnóstico de necesidades del proyecto, se contó con el apoyo de algún consultor ajeno al colegio.

Y como no tengo esta información, no puedo opinar sobre el fondo del asunto, aún así, su lectura me ha sugerido otro tema, que es al que dedicaré las próximas líneas.

Y es que esta noticia es una prueba más de que a los juristas nos ha llegado la hora de adquirir una serie de competencias relacionadas con la tecnología de las que poco se habla, pero que son las más importantes si de verdad queremos sumarnos a la era digital y aprovechar sus ventajas, sin quedarnos atrás.

¿De cuáles hablo?

De, en mi opinión, una de las más difíciles, la de aprender a comprar o encargar el desarrollo de tecnología sin morir en el intento.

Y hablo desde la experiencia de quien ha sufrido no uno, sino varios “palos”, similares a los que en este momento afectan al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Ser un buen cliente tecnológico, exige ser una persona cultivada tecnológicamente.

Es decir, alguien que como ha leído, escuchado, reflexionado sobre tecnología y lo que ésta conlleva, tiene el criterio necesario para tomar decisiones a la hora de adquirirla o contratar profesionales para su desarrollo.

Pero ¿qué tipo de decisiones deben tomarse en proyectos de transformación digital?

En organizaciones como un colegio profesional, con toda una vida por detrás, con seguro sistemas complejos basados en numerosas aplicaciones de distintos proveedores; con muchos stakeholders a los que atender (los colegiados, los empleados, la administración, las fuerzas de seguridad del estado, los ciudadanos, los proveedores, etc.); con requerimientos de seguridad y privacidad superiores a la media como consecuencia de las exigencias de una profesión regulada; con seguro carencias y retos de todo tipo; con presupuestos limitados porque al final estamos jugando con el dinero de todos los colegiados y porque hay muchas otras necesidades que atender y que son esencialmente cuatro:

1. La de por dónde empezamos;
2. La de qué hacemos;
3. La de quién lo liderará y qué equipo interno trabajará en él;
4. La de con quién lo hacemos y,
5. La de en qué plazo.

Para la primera, los tecnólogos tienen claro desde hace año lo que muchos despachos y organizaciones del sector legal aún o hemos aprendido y es que los proyectos megalómanos en el campo tecnológico es muy difícil que lleguen a buen puerto. Las razones son varias, pero me gustaría destacar las tres siguientes:

Las personas son la clave

En cualquier proyecto de transformación digital y en uno que tiene por objetivo como en el caso que nos ocupa, la de todo un colegio profesional, los “afectados” son miles. Esos miles de individuos por lo general no se van a dedicar a tiempo completo al proyecto transformador, sino que las tareas que surjan en el marco del mismo las sumarán a su día a día. Por ello, lo aconsejable es ir poco a poco, no sobrecargarles de trabajo, ni insertar en su día a día nuevas tareas, como suele exigir cualquier aplicación informática que les supongan un esfuerzo excesivo. Por supuesto, al mando del proyecto tiene que haber uno o más líderes, que no sólo ejerzan la potestas, sino que tengan la autoritas para llevarlo a cabo.

La tecnología evoluciona

Con tal rapidez que es casi más conveniente ir poco a poco para poder ir adquiriendo la más avanzada en cada momento.

El control de los gastos

Que puede realizarse bien en proyectos pequeños y con dificultad en proyectos megalómanos.

Por ello, también desde hace al menos una década, los tecnólogos prefieren desarrollar sus proyectos a partir de lo que llaman un producto mínimo viable o PMV (MVP, del inglés Minimum Viable Product).

Ellos prefieren desarrollar proyectos pequeños que reúnan las características necesarias para satisfacer las exigencias mínimas del cliente y desde ahí ir mejorando el producto y crear nuevos productos. De esta forma es posible desarrollar productos prestando la atención necesaria a la UX (usabilidad) y solidez técnica.

Utilizando esta metodología del PMV se consigue:

1.- Gestionar mejor los procesos de cambio.

2.- Controlar los gastos.

3.- Desarrollar un proyecto aprovechando los que en informática llaman el “estado de la técnica”, es decir, la tecnología más avanzada que hay en cada momento. Y en relación con esto, mi opinión es que faltan directorios que inventaríen las soluciones Legaltech y empresas, con el conocimiento y la experiencia real para ofrecer a las organizaciones del sector legal el nivel de servicio que necesitan.

Como consecuencia de cómo está estructurado el sector, con un total dominio de la micropyme, del pequeño despacho, no somos un sector económico tan relevante y por ello y otras razones, que no vienen al caso, los juristas no somos el “oscuro objeto del deseo”, más que de unos pocos proveedores tecnológicos tradicionales y de algunas start-ups.

Por eso no me canso de decir que es tan necesario que desde las instituciones relevantes: el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General del Poder Judicial, GAE, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, los distintos colegios de abogados y procuradores, los Registros y el Notariado, así coma las facultades de Derecho se promueva el emprendimiento de base tecnológica legal a través de todo tipo de acciones de formación, información, apoyo financiero, legal, etc.

Parece que esta vez al ICAM le ha pillado el toro

Ya no importa si fue la Junta anterior la que contrató, lo que importa es que el seguro enorme esfuerzo que se habrá hecho hasta ahora, llegue a buen puerto, porque los colegiados de Madrid necesitan un colegio tecnológicamente avanzado.

Confiemos en que la contundente decisión de la nueva Junta de gobierno del ICAM de exigir al proveedor la prestación de un servicio de calidad, esté apoyada en un pliego bien hecho (otra competencia, la de la redacción de pliegos completos y correctos, que tendremos que empezar a adquirir casi todos o bien buscar a los abogados expertos en la compra de TIC que nos ayuden) y en que finalmente el proveedor, en este caso IBM logre cubrir las expectativas de su cliente.

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