El Gobierno pondrá en marcha entre el próximo agosto y diciembre un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.
Así se desprende del borrador del Plan Director 2018-2020, que recoge, además, que la Inspección de Trabajo realizará visitas, en fin de semana y festivos para frenar el empleo irregular.
Para llevarlas a cabo, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo.
Respecto a los ‘falsos autónomos’, el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección.
Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.
DIEZ MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE
El Plan Director se articula en torno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.
También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.
Asimismo, recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del «falso becario», reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.
Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020).
Además, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General «inmediatamente después».
REVISIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Este plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.
Según el borrador, es «necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio».
Apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.
El Gobierno quiere poner fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque «puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas».
