Portavoces de las asociaciones de mujeres que el pasado 27 de julio pusieron en marcha una campaña para reclamar al Gobierno el indulto de Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión y 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre sus hijos, han entregado hoy en el Ministerio de Justicia más de 258.000 firmas que secundan esta petición.
Lo cierto es que no se puede reclamar un indulto hasta que no haya sentencia firme. Está en proceso de ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.
La iniciativa fue impulsada en Change.org por Marina Marroquí y Nuria Coronado, de la ‘Asociación ilicitana contra la Violencia de Género’ (AIVIG), quienes reclaman «una solución política inmediata para el caso de Rivas».
En las primeras 48 horas, la campaña consiguió más de 200.000 apoyos.
La entrega, en el Registro Civil del Ministerio, ha tenido lugar a las 10.30 por parte de las promotoras.
A ellas se han sumado también el secretario de la Asociación Alma, Gregorio Gómez, y la presidenta de la Asociación de Mujeres para el Apoyo y el Refuerzo (AMAR), Olga Caldera, y la secretaria nacional de Igualdad del CSIF, Marián Mur.
El pasado viernes, Rivas fue sentenciada por Manuel Piñar, titular del Juzgado Penal 1 de Granada, a cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos.
El magistrado también ha condenado a Rivas a indemnizar a su expareja con 30.000 euros, así como al pago de las costas.
EXIGEN A SÁNCHEZ QUE CONCEDA EL INDULTO ANTES DE AGOTAR TODAS LAS VÍAS JUDICIALES
Esta iniciativa de la ‘Asociación ilicitana contra la Violencia de Género’ exige al Gobierno que conceda a Rivas el indulto «antes de agotar todas las vías judiciales, para poner fin a esta injusticia».
«Ésta es la respuesta del movimiento feminista a lo que el sistema judicial patriarcal no hace», sentencia.
Sus impulsoras han indicado que «conscientes de que esta es una vía lenta» quieren «ejercer presión y obligar al Gobierno y a la sociedad a escuchar la voz» de la condenada.
«Creemos que estas firmas son la única herramienta de respuesta social que la Justicia nos deja para apoyar y proteger a Juana Rivas y a sus hijos y a todas las mujeres e hijos maltratados de este país», destacan.
Asimismo, hacen referencia al hecho de que esta sentencia se haya dictado «sin haber tenido en cuenta la denuncia por violencia de género interpuesta hace dos años y que sigue paralizada en los juzgados».
«¿Es esta la justicia que queremos? ¿Una justicia que no cree a las mujeres y que las empobrece económicamente cuando se atreven a denunciar?», lanzan en el texto de la campaña.
Y reclaman al «Gobierno socialista que cumpla con el Convenio de Estambul y con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género».
Cabe destacar que el juez Piñar sostiene en la sentencia que a lo largo del procedimiento Rivas ha aportado comunicaciones e informes periciales que no acreditan el maltrato ni hacia ella ni hacia los menores, mientras que los peritos que han actuado en la causa sí lo han descartado. También concluyeron que la restitución de los niños al contexto paterno no suponía “un grave peligro para su integridad física o psíquica”.
Tampoco dio credibilidad a la denuncia que ésta presentó por malos tratos en julio de 2016 en Granada, que ha sido remitida a Italia, “porque ningún jurado ha declarado la veracidad de los mismos”. En el juicio se expuso que no hay ningún procedimiento de malos tratos abierto contra Arcuri en estos momentos en ninguno de los dos países.
Al margen de esta causa, el Tribunal de Cagliari, en Italia, mantiene abierto otro procedimiento para decidir sobre la custodia de los menores. Antes de conocerse esta condena a Juana Rivas, los peritos que han evaluado a los niños y a los progenitores propusieron que se dé la custodia definitiva al padre, que actualmente convive con ellos en ese país.
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS TAMPOCO ESTÁ DE ACUERDO CON LA SENTENCIA
“Partiendo del absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, la gravedad y trascendencia de las penas impuestas resulta evidente, pues con ellas no se condena solo a la acusada, sino a dos hijos a perder el vínculo con su madre, a pesar de que todos los informes de especialistas, incluido aquél en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora”. Así lo manifestó la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) en un comunicado tras conocer la sentencia.
Esta asociación denunció que “seguimos manteniendo que lo que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social no son sino el producto de ignorar la obligación de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, y con ella interpretar la norma salvaguardando los Derechos Humanos”.
La AMJE destaca que hay «diversas sentencias que, de forma expresa, integran el mandato de aplicar la perspectiva de género y la necesidad de atender a las particulares circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista».
“No podemos persistir en los mismos errores y seguir ignorando los mandatos legales y jurisprudenciales que exigen una Justicia que pondere adecuadamente los hechos y el derecho aplicable tomando como base, siempre, el principio de igualdad y la protección de los y las menores”, reza el comunicado de la asociación.
