El Gobierno podría proceder al acercamiento en próximos días del preso de ETA Kepa Arronategi Azurmendi, condenado a 72 años de cárcel por el intento de asesinato del Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, durante la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997.
El atentado resultó frustrado gracias a la intervención del ertzaina José María Aguirre Larraona, que fue asesinando a tiros. Arronategi fue detenido aquel el mismo día.
Arronategi, que sufre una patología psicótica grave, cumple condena en la cárcel de Almería, donde se le aplica el protocolo para evitar suicidios.
Su caso está en estudio por parte del Ejecutivo, que podría decidir en breve su traslado a una cárcel cercana a la Comunidad autónoma vasca.
Kepa Arronategi fue sentenciado en mayo de 1999 por la Audiencia Nacional por el intento de asesinato al Rey emérito.
En mayo de 2016 la Audiencia también condenó por estos hechos al exdirigente etarra Eneko Gogeaskoetxea -primo de Arronategi- a 92 años de cárcel.
La sección segunda de lo Penal consideró probado que Gogeaskoetxea, junto a su compañero del “comando Katu” Kepa Arronategi introdujeron en cada una de tres grandes jardineras 4 tubos de PVC y en cada uno de ellos una granada autopropulsada Mecar de calibre 83 (10 anticarro y dos antipersonal), cuya carga inflamadora estaba constituida por pólvora negra.
El plan, según la sentencia de la que fue ponente el magistrado Enrique López, consistía en colocar las jardineras para ser lanzados en dirección a las escaleras de acceso a la entrada principal del museo y “dadas las características de estas granadas, habrían perforado las paredes del museo, accediendo a su interior”.
En el relato de hechos probados, el 13 de octubre de 1997, cuando descargaban una de las jardineras, “fueron sorprendidos por dos agentes de la Ertzaintza que se interesaron por lo que hacían”, y en ese momento Gogeaskoetxea “de forma sorpresiva y sin dejar a su víctima capacidad de reacción” disparó al agente José María Aguirre Larraona, ocasionándole la muerte, por lo que el tribunal le condenó también a indemnizar a su viuda con 500.000 euros.
Tras cometer el crimen, Gogeaskoetxea huyó y obligó a un conductor a punta de pistola a llevarle a las inmediaciones de la estación de metro de Sarriko y después encañonó a otro conductor para que le trasladara hasta el hospital de Usansolo, en Galdakao, y se bajó en el aparcamiento.
Una vez allí, amenazó a una mujer con el arma para que se bajara de su coche, con el que huyó hasta Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).
IBON ETXEZARRETA
EiTB publicó ayer que según fuentes consultadas, «también podría producirse próximamente la excarcelación de Ibon Etxezarreta, preso de Zaballa acogido a la ‘Vía Nanclares’».
Etxezarreta participó directamente en el atentado que acabó con la vida del exprocurador y exgobernador civil y militante socialista Juan María Jáuregui. Condujo el coche en el que huyó junto a los dos autores materiales.
Fue condenado a 79 años de cárcel por haber participado en los asesinatos de Juan María Jáuregui, el 29 de julio de 2000 en Tolosa, y del director financiero de El Diario Vasco Santiago Oleaga, el 24 de mayo de 2001 en San Sebastián.
En 2014 pidió perdón directamente a la viuda de Jáuregui, Maixabel Lasa, en un acto íntimo de recuerdo que la familia rindió a Jáuregui en el aniversario de su asesinato.
‘HABRÁ ACERCAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS’
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió ayer en su comparecencia en el Congreso que habrá acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, pero aseguró que siempre tras un “estudio individualizado” y de acuerdo a la ley penitenciaria.
El ministro cifró en 233 los presos de ETA internos en cárceles españolas, de los que 203 están clasificados en primer grado; 28 en segundo grado u ordinario; y dos en tercer grado. 205 de ellos son hombres y 28, mujeres.
En tercer grado están los etarras Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, que fueron trasladados este verano desde Asturias a Basauri (Vizcaya).
Marlaska defendió que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
