La Fiscalía de Móstoles ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada por Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos. Entiende no existe delito de prevaricación ni tráfico de influencias en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center.
Así lo detalla en un escrito, en el que decreta el archivo de la investigación «sin perjuicio de la posibilidad del denunciante de reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente».
Tras el examen de la documentación aportada, señala el citado convenio «ni tan siquiera fue firmado por el actual rector», y por ello considera que hay «inexistencia de delito de prevaricación y tráfico de influencias, ni de cualquier otra infracción penal».
El Ministerio Fiscal abrió el pasado junio diligencias tras la denuncia interpuesta contra Ramos por el diputado de la Podemos Eduardo Fernández Rubiño, por presunta prevaricación y cohecho.
Aludía también a posibles delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, al entender que utilizó “información y posición privilegiada” dentro de la universidad para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.
Podemos sospecha que Ramos interpuso a una tercera persona de su “confianza” en esta sociedad como una “protección adicional” para evitar ser identificado en la misma con intención de beneficiarse de la actividad de la empresa mediante este convenio, al que aportó un trato “diferenciado” y “privilegiado”.
LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD APORTÓ DOCUMENTACIÓN
La Fiscalía apunta que la jurisprudencia marca el rechazo de la admisión de querellas y denuncias cuando «las mismas se apoyan únicamente en informaciones periodísticas, sin que se acompañen de datos objetivos relativos a la participación de la persona denunciada y que carezcan de cualquier apoyo probatorio».
Por su parte, relata que la asesoría jurídica de la URJC aportó documentación, entre ella el propio convenio y diversos certificados e informes de los correspondientes órganos competentes sobre este asunto.
En concreto, se documenta que la Comisión para el Estudio y Coordinación de Convenios de Colaboración informó favorablemente respecto a este acuerdo en diciembre de 2015, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de ese año, aspecto certificado por medio del Secretario de esa comisión.
También se aporta el acta del Consejo de Gobierno que aprobó por unanimidad el citado convenio.
La Asesoría Jurídica también informó de la «legalidad del convenio» al concluir que «queda clara la justificación del empleo de la fórmula del convenio como mecanismo jurídico para la finalidad pretendida y que el mismo es adecuado para la finalidad pretendida».
Además, se adjunta un informe del letrado del Consejo de Estado sobre la «legalidad formal y del convenio, y la adecuación de la finalidad del convenio».
EL RECTOR NEGÓ CUALQUIER VINCULACIÓN ACCIONARIAL CON LA EMPRESA
El rector Javier Ramos aseguró a finales del pasado mayo que el convenio de gestión con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) para utilizar un hangar de la institución en Fuenlabrada, es «legal», y negó cualquier vinculación accionarial o económica con esta empresa.
Hizo estas declaraciones en el seno del Consejo de Gobierno de la URJC haciendo referencia a una información publicada entonces por El País, que aludía a que habría creado esta empresa junto a otros socios y que tiene suscrito un convenio con la universidad para el uso de esas instalaciones.
Ramos explicó que este acuerdo entre la URJC y la empresa EATC (posteriormente Aviation Group) fue rubricado por el anterior rector Fernando Suárez y no por él, y dijo que se siguió el «procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios».
También aludió a un informe interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo de un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo para recalcar que «ambos coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía».
El rector negó «rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico» con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio, y explicó que solicitó un «peritaje» para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ordenar la reducción de la duración del convenio vigente, para que pase de 25 a 4 años.
