Por segunda vez consecutiva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se va a ver en la tesitura de tener que estudiar la recusación al segundo tribunal formado para enjuiciar al magistrado Salvador Alba, acusado de cinco supuestos delitos.
Sus componentes, la magistrada Carla Vallejo Torres, de 37 años, Julio Luis Wood Rodríguez, de 40 años, y María Luisa Mediavilla Cruz, de 49 años, parecen no cumplir el requisito de imparcialidad mínimo o de conocimientos sobre la materia.
Vallejo Torres, la primera de ellos, está, además, contaminada.
Porque como titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria -en funciones de sustitución- fue la que recibió la denuncia de la grabación aportada por el empresario Miguel Ángel Ramírez y la que, en consecuencia, dictó el auto de 26 de mayo de 2016 que inició este procedimiento que ahora se va a juzgar en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Se da la circunstancia, además, de que Vallejo ha sido propuesta como testigo en este caso por el abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar.
La magistrada fue también recusada por el magistrado Alba, en la pieza separada 644/2014, por su amistad manifiesta con Victoria Rosell, quien es actor civil en el proceso y cuyo compañero sentimental, Carlos Ramón Sosa Báez, actúa como acusación popular.
Por otro lado, Vallejo fue la magistrada que ordenó el desglose de los contratos que evidenciaban las relaciones comerciales entre Sosa y Ramírez y quien aplicó la prescripción a varios delitos que se imputaban a Ramírez en dicha causa. Esos contratos y relaciones comerciales son objeto de prueba en este procedimiento, por lo que la contaminación sufrida la inhabilita para mantener la mínima apariencia de imparcialidad requerida.
El segundo magistrado, Julio Luis Wood, es amigo íntimo, también, de la magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
Los tres amigos -Vallejo, Wood y Rosell- asistieron a la boda de Miguel Ángel Parramón, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo lugar el 26 de julio de 2014.
Entre 2012 y 2016 Wood, que estaba destinado como juez de Adscripción Territorial en Las Palmas, ejerció de portavoz de Jueces para la Democracia (hoy Juezas y Jueces para la Democracia) para las islas.
Una asociación a la que pertenecen todos los mencionados, por lo que, a su amistad, se une la sintonía ideológica; además de una empatía comprensible por la suerte sufrida por su amiga, que se vio obligada a abandonar su incipiente carrera política con la formación morada.
En ese último año de 2016, JpD denunció a Alba ante el Consejo General del Poder Judicial, al que pidió su suspensión cautelar y su expulsión de la carrera judicial por grabar conversaciones privadas de sus compañeros, y que terminó en falta leve, pero por lo que no fue sancionado por caducidad del expediente.
De la misma forma, JpD emitió dos comunicados muy duros contra Alba -el 13 de mayo y el 18 de octubre- en los que se insinuaba que éste había prevaricado.
La tercera magistrada, Mediavilla Cruz, magistrada de lo Social por el cuarto turno. De acuerdo con el artículo 311, puntos 3 y 6, al haber ingresado por lo que anteriormente se conocía como magistratura de trabajo, no podría ejercer la función de miembro de ese tribunal penal, para el que ha sido designada, porque no posee las pruebas de especialización requeridas.
Lo paradójico es que ninguno de los tres magistrados citados, tras leer el acuerdo de designación, ha rehusado formar parte del tribunal.
SERÁN RECUSADOS
Todos ellos, según ha podido saber Confilegal, serán recusados en tiempo y forma.
De la misma forma que lo fueron los tres anteriores, César García Otero, Javier Varona y Jaime Borrás, quienes formaron parte del tribunal de apelación del caso y, en consecuencia, participaron en la instrucción de la causa.
Todos ellos adolecían de la imparcialidad que se precisaba para enjuiciar al magistrado.
Le corresponderá a la Sala del 77 decidir sobre Vallejo, Wood y Mediavilla por segunda vez.
Sus componentes, –Humberto Guadalupe (presidente de la Sala de lo Social del TSJC –Antonio Doreste, el presidente de ese órgano, está igualmente contaminado),como presidente, y los magistrados María del Carmen Sánchez Parodi, Pedro Hernández Cordobés, Félix Barriuso, Inmaculada Rodríguez Falcón y Pilar Alonso Notorio, tendrán que volver a valorar si los tres seleccionados no sólo van a ser imparciales sino también si su apariencia de imparcialidad está garantizada.
La Sala del 77, que ha resuelto este asunto, está recogida en dicho artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El mismo dice que debe estar constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de Sala y el magistrado más modero de cada una de ellas, conocerá de las recusaciones formuladas contra el presidente, los presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.
