Una carta conjunta de cinco Asociaciones representativas de la Guardia Civil remitida al director General, Félix Vicente Azón, y que tuvo su registro de entrada ayer 4 de septiembre, ha conseguido paralizar la Orden General sobre normas de política de personal, aspecto físico y trato con la ciudadanía después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le trasladara a Azón pocas horas después que se retirara el proyecto y se busque el consenso.
La Comisión Normativa del Consejo de la Guardia Civil –órgano de representación del personal del Cuerpo– que se reúne hoy llevaba entre los puntos del orden del día la tramitación de esta Orden a pesar de que la práctica totalidad de asociaciones solicitaron que la norma fuera retirada ya en el Pleno del Consejo de junio por falta de consenso.
La causa principal del desacuerdo es la regulación de los tatuajes.
«Estamos de acuerdo en que al personal de la guardia civil por su trato directo con la ciudadanía se le debe exigir una presencia que, en todos los aspectos, inspire seguridad y confianza», aclaran. Pero según recoge el preámbulo del borrador donde se dice que la norma se debe adaptar ‘… en atención a los nuevos usos sociales y culturales generalmente aceptados por la sociedad a la que servimos…’ las asociaciones entienden que cuestiones como obligar a retirarse o cubrirse tatuajes «que no vulneren las leyes y la imparcialidad y neutralidad, va en contra precisamente de dicho espíritu normativo».
Limitación de derechos fundamentales
La Orden General que se hubiera puesto hoy sobre la mesa del Consejo establece como tema central del debate, la prohibición de que los tatuajes sean visibles, con la consiguiente obligación de tener que taparlos. Se llega incluso a dar un plazo de 3 meses para que los agentes se sometan a intervenciones para su eliminación.
También se regula que el personal con tatuajes los registre en una base de datos, por medio de un documento diseñado para tal efecto, con las características, lugar del cuerpo donde se encuentra, incluso con la posibilidad de adjuntar fotografías del propio tatuaje o tatuajes.
Asimismo, se contempla la prohibición de fumar a los guardias civiles durante la práctica totalidad del servicio, un único modelo de peinado para hombres y mujeres, así como llevar más de un anillo o una pulsera.
Según las Asociaciones, estas actuaciones que contempla la Orden deberían estar amparadas por una norma de rango superior, en la medida que puede entenderse que incide en derechos fundamentales.
En este caso, el texto tendría que ser informado por el Consejo de Estado y pasar por la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior.
Un calendario de desencuentros
En la Comisión de Normativa de junio, la mayoría de las asociaciones asistentes acordó «continuar en la búsqueda de consensos con la Administración» en referencia al texto de la Orden General, por lo que se solicitó posponer la entrada en vigor de la Orden General para seguir trabajando en su contenido en el marco del Consejo de la Guardia Civil.
Sin embargo, el borrador de la norma continuó su trámite en el Pleno del Consejo celebrado también en junio, donde todas las asociaciones -menos una- volvieron a rechazarlo.
Con el texto ya en trámite, la Dirección General de la Benemérita convocó a las asociaciones a continuar el debate sobre la norma en el grupo de trabajo que se convoca dos días antes -el 3 de septiembre- de la Comisión de normativa del 5 de septiembre que ya contempla el trámite.
Las Asociaciones se quejan de que en esa reunión se encontraron con un borrador de la norma
«incluso más restrictivo que las versiones anteriores, además con la clara intención de validarlo
en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil» y lamentan la falta de tiempo material para realizar alegaciones.
Concluyen en su carta a Félix Vicente Azón trasladándole «profundo rechazo» que les produce un borrador «que en el propio grupo de trabajo del día 3 se nos ha dejado claro que refleja la postura del director General».
