La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Valencia en la que se ha investigado a nueve personas como responsables de impagos de cuotas que han causado un perjuicio total a la Administración de más de 3 millones de euros.
La investigación comenzó a mediados del pasado año como consecuencia de diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Una vez revisados y analizados cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, se pudo determinar que los responsables de este fraude son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
La Policía ha realizado informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, con lo que ha logrado «aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia», señala en un comunicado.
Sociedades mercantiles y entramados empresariales
Según explican los agentes, para eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora.
También recurrían a entramados empresariales en los que la actividad aparece en una u otra según convenga.
En la operación se ha detectado, además, que realizaban la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, una práctica que impedía o dificultaba su localización, la ocultación a los organismos competentes de la Administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos –robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.
El modus operandi para cometer el fraude
De todos los expedientes vistos en el trascurso de la operación, los agentes destacan dos por su particular modus operandi para defraudar.
En uno de los casos, detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social.
Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por “un euro” a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente.
Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar. Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.
El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier acción ejecutiva.
Además utilizaba diversos ardides jurídicos para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000 euros.
En otro caso de los analizados, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros.
Para cometer su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de la Administración.
