Boye desconfía del Colegio de Abogados de Madrid y pide que sea el CGAE quien decida sobre su amparo
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12/9/2018 16:54
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Actualizado: 12/9/2018 19:00
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El abogado chileno-alemán, Gonzalo Boye Tuset, ha solicitado al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) -en el que está colegiado- que se abstenga de resolver el amparo que había solicitado el pasado 3 de septiembre ante los ataques personales recibidos en las redes sociales así como la denuncia presentada contra su persona por un eurodiputado por «falta de imparcialidad» de los miembros de la Junta de Gobierno que preside José María Alonso.
Boye pide que se remita al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), organización que representa a los 83 colegios de abogados de España -entre los que se encuentra el madrileño-, para que resuelva.
El letrado considera que el comunicado que el decano, José María Alonso, emitió la mañana del lunes 3 de septiembre, apoyando «todas las acciones del poder ejecutivo ajustadas a Derecho» y «en defensa de la inmunidad de la jurisdicción española» supone una crítica abierta a la demanda civil presentada por sus clientes en Bruselas contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La mañana de ese mismo lunes Boye publicó, a través de su cuenta de Twitter, que había solicitado amparo a su Colegio.
El letrado ahora entiende que al difundir la misiva del decano del ICAM no sólo no le otorgó el amparo solicitado sino que, «tácitamente, estaba denegándomelo dado que se limitó a difundir su profundo desagrado ante la acción legal emprendida ante un tribunal belga por un equipo legal conformado por tres abogados belgas y un abogado colegiado en Madrid -yo mismo- en nombre de sus respectivos clientes».
Desde su punto de vista, Alonso emitió su comunicado desde el ICAM «después de que públicamente anuncié que pediría amparo».
SU INTERPRETACIÓN NO ENCAJA CON EL ORDEN CRONOLÓGICO
Una interpretación que no encaja con el orden cronológico real de las cosas, ya que dicha nota de Alonso -según tuvo constancia Confilegal- se escribió la mañana del viernes, 31 de agosto, en el ICAM con la intención de hacerla pública la mañana del lunes, 3 de septiembre, como así sucedió.
Ambas acciones, por lo tanto, sus tuits y la publicación del comunicado de Alonso fueron coincidentes en el tiempo; lo segundo no fue consecuencia de lo primero.
La solicitud del abogado Boye, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de los miembros de la Junta de Gobierno de su propio colegio, tendría que ver más con sus serias dudas personales de que su petición de amparo podría no verse correspondida en la reunión que dicha Junta tiene previsto celebrar mañana a las 16 horas en su sede de madrileña calle de Serrano.
UN SERVICIO JURÍDICO PRESTIGIOSO
El Servicio Jurídico del Colegio de Abogados, Pedro Lescure, es muy exigente a la hora de emitir sus dictámenes jurídicos, como por ejemplo en el reciente caso de la grabación policial de las conversaciones entre el empresario Juan Miguel Villar Mir y sus abogados de Business & Law, vulnerando así el privilegio abogado-cliente y el derecho de defensa.
En su argumentación legal ante el ICAM Boye podría no haber especificado de que forma el «brutal ataque» personal, las «injurias y calumnias» y las críticas vertidas contra él en Twitter habrían limitado el ejercicio de su profesión, que considera afectado, y por el que pide amparo.
Lo mismo que la denuncia presentada por el eurodiputado, Enrique Calvet, que le imputa un delito de falsificacion «por una errata aparecida en la demanda» que «ha sido corregida», según afirma en el último escrito.
Un delito que le imputan, ante la Audiencia Nacional, la asociación Movimiento 24DOS y el partido político Vox, quienes recientemente presentaron sendas querellas contra él, la juez belga y los cinco prófugos, dos de ellos clientes suyos en la demanda de Bruselas.
Al parecer, la posibilidad de que fuera rechazada esa petición de amparo ante el ICAM es lo que ha conducido a Boye a adelantarse a los acontecimientos con un nuevo escrito pidiendo que sea el CGAE el órgano decisorio final, cosa que está por ver que así lo decida la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
Boye renunció, el pasado 6 de septiembre, como profesor en el Centro de Estudios del ICAM.
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