El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, la ministra, Dolores Delgado, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, al comienzo de la reunión de la Mesa de Retribuciones, ayer por la tarde. MJ.
Decepción y chasco entre jueces y fiscales tras la primera reunión de la Mesa de Retribuciones en el Ministerio
Sobre las mejoras salariales de jueces y fiscales
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28/9/2018 06:15
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Actualizado: 30/10/2018 12:29
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Decepción, chasco y perplejidad son las tres sensaciones generalizadas que albergaron los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales tras las 3 horas y 45 minutos que duró la reunión celebrada en la tarde de ayer con los equipos de los Ministerios de Justicia y Hacienda, y en la que también participaron representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
La verdad es que esperaban más.
Al fin y al cabo el Ministerio de Justicia conoce la postura homogénea de todos ellos. Son 18 demandas muy claritas.
Además, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, eran afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y Antonio Viejo, secretario general de la Administración de Justicia, lo era a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria; las conocen muy bien.
Todos ellos habían estado del lado de la trinchera, hasta el pasado mes de mayo, cuando se produjo la moción de censura que propició la caída del Gobierno del PP y la entrada del Ejecutivo del PSOE, del que después han pasado a formar parte. Y habían secundado las concentraciones y paros convocados por las asociaciones a lo largo de un mes y medio.
Pero las cosas cambian.
Es verdad que con esa reunión se constituyó la Mesa de Retribuciones, largamente reivindicada -la primera desde 2003- cumpliendo así el mandato de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
«El encuentro ha servido para establecer unas pautas mínimas de trabajo mediante la creación de una comisión técnica encargada de preparar un reglamento de organización y funcionamiento, así como un calendario de trabajos y propuestas a someter al pleno de la Mesa. Todo ello, con el propósito de alcanzar una propuesta de consenso para elevar posteriormente al Consejo de Ministros», explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado al filo de las 9 de la noche.
Desde del punto de vista de los representantes asociativos, que el primer paso que se de, a las alturas de la película en que se encuentran, sea ese, la creación de una comisión técnica que elabore un reglamento para que otra comisión estudie los que todos conocen muy bien, da la sensación de lo que se pretende es ganar tiempo de aquí a diciembre.
El Ministerio de Hacienda, que estuvo representado por Milagros Sacristán y José Areses, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Dirección General de la Función Pública, dejó muy claro que respetarían la subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, pactado por el anterior Gobierno.
«A nosotros, a jueces y fiscales, durante la crisis se nos recortaron proporcionalmente nuestros salarios entre un 12 y un 14 por ciento. Esa es una propuesta de recuperación lineal y no proporcional, que sería lo justo«, explicó una de las personas presentes en la reunión.
«Y se nos ha dejado claro que si el Gobierno no logra romper el techo de gasto actual, la capacidad de maniobra, de llevar nuestros salarios donde deberían estar, va a ser nula. Es decir, todo depende de que el presupuesto se apruebe o no».
BUENAS PALABRAS
De acuerdo con otro de los asistentes asociativos, «es triste admitirlo, pero estamos como estábamos en mayo. No hemos avanzado nada. Hasta ahora no han habido más que buenas palabras. Se ha hablado de la recuperación del poder adquisitivo, de los permisos, de la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de…, pero aquí no se mueve nada».
«Durante la reunión, además, hemos percibido cierta preocupación en los representantes del Ministerio. Tienen muy presente que cualquier acuerdo al que lleguen con nosotros va a estar en el punto de mira de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios», añade.
Precisamente los antiguos secretarios judiciales ya han convocado un paro para el próximo 7 de noviembre en reivindicación de sus mejoras salariales.
Al final de la reunión quedaron, por parte de los jueces y fiscales, en que enviarían sus propuestas -«otra vez»- a Justicia y a Hacienda para sean valoradas con el objeto de darles una respuesta. O eso esperan.
«Hemos regresado a la casilla de salida», afirmó otro de los representantes asociativos, quienes no descartan regresar a las movilizaciones como forma de presión.
En los próximos días acordaron fijar una fecha para la próxima reunión con la vista puesta en diciembre, como fecha límite.
En representación de jueces y fiscales asistieron Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura; Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Ignacio González Vega y Diego Gutiérrez, por Juezas y Jueces para la Democracia; Concepción Rodríguez y Francisco Gutiérrez, por Foro Judicial Independiente; Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales; Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales; y Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Por parte del Ministerio de Justicia estuvieron la ministra de Justicia, Dolores Delgado -durante los minutos iniciales; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; el subdirector general de Medios Personales, José Ramón Crespo; y el subdirector general de Recursos Económicos, Francisco Ferrándiz.
También participaron Rafael Mozo, José María Macías y Juan Martínez Moya, vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como los fiscales Francisco Javier Comyn y Concepción López-Yuste, de la Fiscalía General del Estado.
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