Gabriela Bravo en una foto tomada en 2013, cuando era portavoz del CGPJ, en la puerta de acceso al Salón de Plenos, donde se elegirá al magistrado autonómico valenciano; en la foto pequeña José Antonio Nuño de la Rosa Amores, su amigo, al que apoya. Carlos Berbell/Confilegal.
Gabriela Bravo apoya a su amigo, el fiscal Nuño de la Rosa, para el puesto de magistrado autonómico en el TSJCV
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29/9/2018 06:15
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Actualizado: 28/9/2018 23:55
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La consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, tiene un favorito «discreto», al que ya le ha prometido su apoyo de cara a convertirse en el próximo magistrado por designación parlamentaria del Tribunal de Justicia de esa Comunidad.
Se trata de un gran amigo: José Antonio Nuño de la Rosa Amores, de 60 años, actualmente destinado en la Fiscalía Provincial de Valencia.
Nuño de la Rosa Amores es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que Bravo fue portavoz y cuya pertenencia le abrió el camino a convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013.
De acuerdo con fuentes de toda solvencia consultadas por Confilegal, Bravo no sólo ha asegurado a Nuño de la Rosa Amores que es su candidato sino que ha conseguido que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, le haya animado también a presentar su candidatura garantizándole también su apoyo personal.
Una jugada muy inteligente, casi de ajedrez.
Porque una vez que Nuño de la Rosa Amores forme parte de la terna -junto con la magistrada Clara Eugenia Bayarri García, de 60 años, y el fiscal Anticorrupción Vicente Manuel Torres Cervera, de 54 años- que se tiene que enviar desde el Parlamento autonómico valenciano al CGPJ, sus posibilidades de ser elegido serán mucho mayores al ir avalado por la presidenta del TSJCV, conservadora, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
La mayoría del CGPJ, encabezada por el presidente Carlos Lesmes, es conservadora.
De esa forma, de ser elegido Nuño de la Rosa Amores, Bravo contaría con un amigo en el seno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que tiene que juzgar los casos de corrupción de los aforados autonómicos.
Los partidos que conforman el gobierno autonómico -PSPV, Compromís y Podemos, que tienen mayoría en el Parlamento autonómico- ya han dado su visto bueno a los tres nombres, dejando fuera a PP y Ciudadanos. Sólo resta la votación.
UN CURRICULUM POBRE
De los tres aspirantes a sustituir al magistrado Juan Climent, recientemente jubilado, Nuño de la Rosa Amores es el que tiene un curriculum más pobre.
Aunque tiene 31 años de antigüedad en la carrera fiscal, no ha destacado por publicar nada y no ha llevado ningún caso conocido.
Su vida profesional ha sido la de un apacible funcionario que, durante un tiempo, fue fiscal de incendios forestales de la Sección de Medio Ambiente.
Actualmente está destinado en el Juzgado de Instrucción 6 de Valencia, que investiga si Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pagó en 2015 la reforma de su casa con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la que fue presidente hasta el pasado mes de mayo.
Para Nuño de la Rosa Amores su elección como magistrado por designación autonómica del TSJCV sería una salida profesional perfecta ya que el buen hacer de Teresa Gisbert, como fiscal jefe de la provincia de Valencia, tapona su salida profesional, que sería más lógica.
DOS CANDIDATOS DE MUCHO PESO
Los otros dos candidatos progresistas tienen mucho más peso que Nuño de la Rosa Amores.
Clara Bayarri -32 años y 2 meses en la carrera judicial- lleva 12 años y 6 meses destinada en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara.
Es una mujer de carácter con una contrastada experiencia en órganos colegiados, cosa de la que adolece el candidato de la consejera.
Durante ese tiempo ha formado parte de numerosos tribunales que han juzgado delitos de terrorismo, gran delincuencia económica, contra la salud pública en el seno de redes internacionales, delitos transnacionales, perpetrados o no en el seno de redes criminales, y delitos contra la corona. Además de decidir sobre extradiciones y órdenes europeas de entrega.
Bayarri nació en Tetuán, Marruecos, pero su origen es valenciano.
Además de licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia es, también licenciada en Filología Hispanica.
Clara Bayarri es magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Entró en la carrera judicial en 1986 por oposición a juez de distrito y empezó a ejercer en el Juzgado de Distrito de Chiva, Valencia. En 1989 pasó al Juzgado de Distrito 13 de Valencia, donde permaneció unos meses. Hasta que el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, suprimió los 842 juzgados de distrito existentes convirtiéndolos en 417 juzgados de primera instancia e instrucción, 104 juzgados de primera instancia y 95 juzgados de instrucción y asimilando a sus titulares como jueces de instrucción.
Con ello, Bayarri García pasó a ser juez del Juzgado de Instrucción 17 de Valencia, donde permaneció 3 años.
Después sirvió en el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia, durante 7 años, en la Sección Sexta de lo Penal de Barcelona, 3 años, y en el Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, otros tres años.
Señalada como parte del sector progresista de la judicatura, apoyó la competencia de Baltasar Garzón al instruir el procedimiento por los crímenes del franquismo en noviembre de 2008.
Vicente Torres es el fiscal Anticorrupción, un hombre con un curriculum brillante. Eva Mánez.
La experiencia, dentro de la carrera fiscal, de Vicente Torres es más corta que la de Bayarri: 17 años. Pero es muy brillante, aunque tiene un handicap, y es que no está afiliado a ninguna de las tres asociaciones fiscales, como sí ocurre con Nuño de la Rosa Amores.
Como fiscal delegado contra la Corrupción, Torres cuenta en su curriculum con casos como el Cooperación, cuyo juicio terminó con el exconseller Rafael Blasco en prisión; la operación Clepsidra, en la que Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, deberá afrontar una petición de 6 años de cárcel; o el caos Valmor, el de la Fórmula 1, en la que aparece como acusado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Torres impulsó, asimismo, la detención del delegado del Gobierno, Serafín Castellano, o el caso Palau de Les Arts, que sentará en el banquillo de los acusados a Helga Schmidt el próximo mes de enero.
SUPRIMIR EL MAGISTRADO AUTONÓMICO
El Partido Popular, antes de perder el Gobierno, el pasado mes de mayo, presentó, en el Congreso de los Diputados, una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de suprimir esta figura de magistrado autonómico.
Esta figura fue introducida en 1985 mediante otra reforma de la mencionada LOPJ. De acuerdo con la norma en vigor, en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), una de cada tres plazas debe ser cubierta «por un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa».
La enmienda iba incluida en la reforma de la LOPJ en materia de permisos y licencias y contemplaba que dichas plazas sean cubiertas por jueces profesionales.
Rafael Catalá, entonces ministro de justicia, lo justificó como una medida esencial para mejorar «la percepción de la independencia judicial».
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