Gabriela Bravo quiere tener más competencias para hacer frente a un sistema decimonónico que lleva a que la inversión se convierta en desinversión. Foto: EP.
La consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, pide al Gobierno más competencias
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10/11/2022 06:47
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Actualizado: 10/11/2022 00:27
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La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha pedido al Gobierno central más competencias: «Necesitamos tener más voz en la definición del modelo, en la organización interna y territorial. Necesitamos tener mayor protagonismo a la hora de determinar el número de órganos judiciales que se tienen que crear cada año».
Así se expresó Bravo ante los medios de comunicación tras analizar las cifras en justicia y observar que ha disminuido la entrada de asuntos en juzgados y, sin embargo, el nivel de satisfacción de operadores jurídicos y de la ciudadanía sigue siendo insatisfactorio.
«Algo pasa», ha dicho, para agregar que las Comunidades Autónomas deberían tener mayor protagonismo en la definición del modelo de justicia: «Las Comunidades conocemos los problemas del día a día en los territorios y tenemos que financiar órganos judiciales y costear todos los déficits derivados de un modelo de justicia obsoleto, decimonónico, que nos lleva a que la inversión se convierta en desinversión», ha dicho.
«Los datos –agregó– evidencian que la inversión no está garantizando ni la eficacia ni está mejorando la situación. Es un problema de modelo», insistió.
Al respecto, puso como ejemplo que el número de asuntos judiciales había bajado en la Comunidad desde 2015 a 2022 casi en 150.000; y se ha multiplicado por dos el presupuesto destinado en justicia en este periodo de tiempo.
Sin embargo, el nivel de satisfacción es «muy bajo».
«Tenemos que financiar órganos judiciales y costear todos los déficits derivados de un modelo de justicia obsoleto, decimonónico, que nos lleva a la que inversión se convierta en desinversión»
Y añadió: «Todo el mundo se sigue quejando y la conclusión a la que llegamos es que necesitamos tener más voz en la defensa del modelo».
«Estamos ante una fábrica antigua y estamos invirtiendo en una empresa que desde finales del siglo XIX no se ha transformado», afirmó.
Preguntada por cuánta voz necesitan las Autonomías, Bravo respondió: «Soy partidaria de que las competencias en materia de justicia deberíamos revisarlas. Las comunidades deberíamos tener más capacidad de decisión porque afrontamos el gasto en medios materiales y personales«.
La consejera lamentó que la posición de las Comunidades Autónomas es «absolutamente del señor que paga pero que no decide».
«Estamos –subrayó– en la situación de pagar pero no de decidir porque no tenemos la capacidad para resolver qué organigrama territorial consideramos más adecuado para una mejor distribución de los órganos judiciales; tampoco tenemos capacidad para decidir cómo debería ser la oficina judicial o cómo organizar el trabajo de los juzgados para que sean más eficientes».
«Invertimos en recursos y en gestión pero sin capacidad para cambiar nada. Así, la sensación que tenemos es de que estamos desinvirtiendo. Te sientes impotente», manifestó.
En esta línea, Bravo, que lamentó que las Comunidades Autónomas lleven cuatro años sin Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin interlocutor, se definió como «muy federalista» y consideró importante seguir potenciando el estado de las autonomías: «Pongo el ejemplo de que en la pandemia por la Covid-19, si no hubiera sido por las Autonomías y el papel de las Comunidades Autónomas que gestionaban desde hacía 30 años los servicios sociales y sanitarios, no sé qué hubiera pasado en el país».
A su juicio, «la cogobernanza que se usa tanto desde la pandemia debe ir más allá de una palabra y ser una realidad: tomar decisiones de manera conjunta. Otro ejemplo es que hemos trasladado que no nos parece bien la supresión de los juzgados de Paz y les da igual. La iniciativa tirará hacia adelante», lamentó.
«Algo tendremos que hacer», dijo la consellera, al tiempo que repitió: «Estamos ante una empresa antigua en la que no me han dejado cambiar la maquinaria ni transformar nada pero, sin embargo, tengo que incrementar el gasto».
INVERSIONES EN JUSTICIA
La consejera explicó que el presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio asciende a 717,15 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,73 % respecto al año anterior.
Entre los proyectos más importantes para el próximo ejercicio, Bravo se refirió a la justicia gratuita, a la que se van a destinar 61,7 millones, lo que supone un incremento del 160 % desde 2015, cuando el presupuesto era «escaso» y, además, los abogados sufrieron una bajada de baremos.
Actualmente el servicio ha mejorado puesto que, entre otras iniciativas, se han creado turnos especializados y se ha incorporado la posibilidad de retribuir más actuaciones que antes no estaban previstas, sobretodo en procedimientos de desahucio. También se han revisado las cuantías de muchas actuaciones judiciales y se han subido. «Somos la CCAA que retribuye mejor al turno de oficio. Tenemos los baremos más altos», aseguró.
Así, la Comunidad Valenciana, explicó, tiene un proyecto de justicia gratuita «propio» que se diferencia no solo por la dotación económica destinada al proyecto, sino porque el modelo se basa en ser capaces de construir un espacio que irradie sobre todo el territorio y que esté en condiciones de dar una respuesta profesional y especializada para toda la ciudadanía.
Otro pilar importante del presupuesto se refiere a las infraestructuras. Al respecto, Bravo recordó que la Comunidad ha invertido más de 8 millones de euros en eficiencia energética de juzgados y se ha reformado todo el sistema de iluminación.
Este ejercicio se destinarán unos 90 millones de euros a mejorar y crear infraestructuras judiciales: se ha adjudicado Alicante y la previsión de la firma del contrato es para finales de diciembre o primeros de enero; se ha adjudicado el contrato para la Ciudad de la Justicia de Alzira; Llíria se está construyendo ya; la previsión es que las obras en el Palacio de Justicia de Gandia acaben a finales de 2023; y están en marchas las obras en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), entre otras actuaciones.
Por último, otro de los pilares del presupuesto en justicia para el siguiente año será el modelo de atención a las víctimas del delito.
La consejera explicó que el objetivo es desplegar la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) por todo el territorio con la creación de equipos itinerantes: 500.000 euros. Esta red, ha dicho, se ha convertido en un referente a nivel nacional porque es la mayor de España –cubre la totalidad de los 36 partidos judiciales más Utiel–; es la que más profesionales tiene –más de 200–; y es la que más personas ha atendido –120.000–.
En materia de violencia de género, relató la consejera, este año se ha duplicado la inversión –23,6 millones de euros–. Eso supone una inversión diaria de casi 65.000 euros frente a los 31.000 euros diarios del presupuesto de 2022.
Se destinarán a las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género; a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito; a la Asistencia Gratuita para las mujeres víctimas; al servicio de traslado de mujeres víctimas; a la implantación de las Unidades de Valoración Forense Integral; y a los Juzgados de Violencia de Género.
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