Sostiene que “la reducción de la interinidad pasa porque el Estado dé mayor capacidad a las comunidades autónomas de organizarse".
Bravo ve razonable que las Autonomías dispongan de un fondo económico para las indemnizaciones de los interinos
La consejera de la Generalitat Valenciana considera que el sistema que se mantiene es perverso porque permite hacer crecer el empleo precario
|
31/7/2021 01:00
|
Actualizado: 31/7/2021 01:00
|
Gabriela Bravo, responsable de las áreas de Justicia, Interior y Administración Pública en el Gobierno socialista de Ximo Puig, ha sido una de las voces más criticas sobre el llamado ‘Icetazo’, convalidado por el Congreso de los Diputados como proyecto de ley por un solo voto hace apenas una semana.
“Mi visión del tema es que se ha iniciado un proceso de cambio en la regulación de toda la normativa que afecta a la interinidad. Es un problema importante en este momento, pero no estoy segura que vayamos en la dirección adecuada”.
“Lo que no me gusta de la reforma normativa es que no veo con absoluta nitidez que el cambio vaya a conseguir aminorar la interinidad en las plantillas de la administración pública”, indica.
A su juicio, “el gran problema es que el Real Decreto-Ley que se acaba de convalidar está planteado unos procesos de estabilización que en palabra del ministro Miquel Iceta acabarían con la interinidad. Y nosotros hemos hecho lo cálculos en el ámbito de la administración autonómica valenciana, y ya lo manifesté en la sectorial, ese objetivo de reducir al 8% la temporalidad no se logra”.
Desde su punto de vista, “la reducción de la interinidad pasa porque el Estado dé mayor capacidad a las comunidades autónomas de organizarse. Se trata de convocar las ofertas públicas de empleo que sean necesarias. Llevamos muchos años limitados por las tasas de reposición de efectivos que cada año se incorporan a la Ley de Presupuestos del Estado e impiden a las comunidades autónomas, hacer un buen diagnostico y convocar las plazas que se necesiten”.
Señala que “el Real Decreto-Ley lo que hace es articular unas medidas económicas para los interinos que lleven tres años en la administración y regula esa situación desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, pero eso nos ayuda a tener la autonomía que venimos exigiendo hace años para convocar las plazas que necesitamos”.
Al final, apunta, “esto genera que tengamos que crecer en trabajo precario. Estamos creando plazas estructurales ocupadas por interinos. Nos permiten crecer con precariedad y al mismo tiempo esas plazas estructurales, las tasas de reposición nos impiden sacarlas a las ofertas publicas de empleo”, indica.
Desde su punto de vista ,“esa ha sido la causa fundamental por la que la temporalidad se haya incrementado tanto en estos últimos años. En la Comunidad Valenciana hemos pasado en cinco años de una temporalidad del 18% a casi un 35%. Se ha creado mucho empleo público pero las limitaciones que nos genera las Leyes de Presupuesto, determinadas por las normas de contención del gasto nos impide sacar esas plazas a las ofertas publicas de empleo”.
Bravo indica que “en estos momentos la Comunidad Valenciana tiene sobre los 19.000 empleados públicos, cerca de 9.000 son interinos”.
Llegan los fondos europeos
Para la consejera valenciana este es un momento crucial “tendremos que gestionar los Fondos Europeos. Eso supondría hacer un análisis de los recursos existentes. Necesitamos perfiles diferentes con capacidad para poder asumir el gran reto de la gestión de esos fondos públicos”.
Recuerda que en la última sectorial con el ministro Iceta “planteamos incorporar al Real Decreto-ley una tasa adicional que nos permitiera poder sacar todas las plazas ocupadas estructurales y ocupadas por interinos. Es un número superior a las 4.000. Esta tasa no se ha incorporado”.
Bravo destaca que con el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y al pasar tres años de ese interino en una plaza “la administración tiene dos opciones, o asumir el coste económico de una indemnización o cesar a ese interino en esa plaza que puede ser una plaza clave de un servicio esencial que no debe quedarse sin cobertura”.
En esta conversación le preguntamos por el cambio de titular de Función Pública, ya que Miquel Iceta ha dejado paso a María Jesús Montero que en su cartera de Hacienda asume dichas competencias. “No tengo criterio para valorar ese cambio, previsiblemente nos veremos en la sectorial de comunidades autónomas de septiembre donde se hablará de Fondos Europeos”.
También subraya que dicho Real Decreto-ley “va a suponer un coste económico para las comunidades autónomas que tendrán que indemnizar aquellos interinos que no superen los procesos de estabilización”
“No estoy en contra con que ese interino pueda tener una compensación económica como pasa en el sector privado, lo que sí estoy en contra de una normativa que no acaba de dar una solución integral al problema de la interinidad”.
En cuanto al fondo que han pedido algunas comunidades autónomas, Gabriela Bravo comparte que “así se le planteó al ministro Iceta en la ultima sectorial. No podemos olvidar que la reforma del EBEP va a generar un gasto importante. Es una idea razonable en un momento que las comunidades autónomas han tenido que asumir tanto gasto derivado de la pandemia en este último año y medio”.
Reforma del EBEP polémica
En cuanto a la reforma planteada del EBEP, Bravo quiere ver el texto definitivo de la misma antes de dar una opinión, “sin embargo me preocupa lo que se quiere hacer», reconoce.
“Creo que hay sentencias del Tribunal Supremo como del Constitucional donde plantean serias dudas a los procesos selectivos de esta índole. Creo que la propuesta deberá seguir los requisitos que se indican en el artículo 23 de la Constitución sobre el acceso al puesto publico, en cuanto a igualdad, mérito y capacidad”.
A este respecto, le comentamos que en este contexto muchos interinos ya accedieron a la administración en su momento, “habrá que ver cómo se articula el concurso de méritos para que los interinos en abuso puedan acceder a una plaza fija”.
“No olvidemos que se salvó el Real Decretp-Ley en los minutos de descuento y que la fórmula que se plantea hay que definirla mejor para saber realmente a quién y cómo se puede beneficiar de la misma”, recuerda.
“Llevamos analizando el problema de la interinidad y precariedad desde hace años. Siempre hemos demandado desde la etapa del PP y ahora con el PSOE gobernando, la necesidad de que se facilitase a las comunidades instrumentos organizativos para sacar una Oferta Pública de Empleo que dé cobertura a todas las necesidades de la administración”.
Desde su punto de vista, “lo ideal sería compaginar los procesos de estabilización con ofertas de empleo libres para captar gente joven que tiene nuevas capacidades y formación diferente. Tenga en cuenta que la media de edad de la administración española está en los 55 años. Entre el 45 y 55% del total se van a jubilar en los próximos diez años”.
Bravo espera que se escuche a las comunidades autónomas cuando se tramite la reforma del EBEP como proyecto de ley, “la norma será tramitada en el Parlamento y dudo mucho que nos pidan opinión aunque sería lo suyo. En la última sectorial muchas de las comunidades fuimos muy críticas con la propuesta de Iceta”.
En cuanto a la situación de los interinos en fraude de ley, la consejera valenciana señala que “cuando acceden a un puesto sin oposición previa saben y son conscientes que la única forma de consolidar tiene que pasar por una prueba donde valoran sus capacidades como sus méritos. No hay nada más objetivo.”
Desde esta perspectiva señala que “estamos en un momento de repensar el modelo de acceso a la función pública. Nosotros en la Comunidad Valenciana hemos creado una comisión de expertos que modifiquen el sistema, tanto en los procesos selectivos como el propio modelo. Estamos manteniendo desde hace siglo y medio un modelo memorístico donde no se valoran otras habilidades. Es el momento de buscar formulas que evalúen esas habilidades de quienes quieren incorporarse a la administración”.
Interinos en fraude de larga duración
Le preguntamos a la consejera Bravo si una persona interina que lleva veinte años en el mismo puesto debería hacer una prueba selectiva, “interinos de veinte años en un mismo puesto es una excepción. No tenemos en la Comunidad Valenciana. Puede que se encuentre con interinos que habían ocupados puestos diferentes en la administración durante ese tiempo, sucede sobre todo en sanidad y educación”.
“Sobre la propuesta del Gobierno de hacer concursos de méritos a los que lleven diez años en fraude es muy complicado mantenerla porque esa plaza sale a una oferta pública de empleo. No debemos establecer dos vías de acceso, por eso es tan importante acabar con las tasas de reposición de efectivos. O que nos dejen por una vez estabilizar nuestra administración”.
Desde su punto de vista, “el problema de los interinos va a estar siempre presente mientras tengamos limitaciones para generar puestos estructurales estable”
“En la Comunidad Valenciana hemos generado más de 5.000 puestos que no podemos sacar a una oferta pública de empleo porque me lo prohíben las Leyes de Presupuesto. Por eso al final acudes a las bolsas de empleo», subraya.
Con el problema sin resolver, todo parece indicar que éste será un otoño caliente donde las voces de sindicatos, plataformas de interinos, partidos políticos y comunidades autónomas tendrán mucho que decir.
La sectorial de septiembre puede ser clave en el devenir del ya proyecto de ley de los interinos. “Espero que se habrá un dialogo donde se entiendan las necesidades de las Comunidades autónomas y lleguemos a un acuerdo factible”.
En ese contexto el Gobierno valenciano suscribió este jueves un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, un proyecto común para trabajar con la administración para la consecución de unos objetivos.
“Se hará un análisis de la plantilla de la comunidad y sus brechas salariales para dotarles de mejor cobertura. Un compromiso a tres años. También se pondrán en marcha medidas de prevención de riesgos laborales y la puesta en marcha de la Escuela Valenciana de Administración Publica que se convertirá en el centro neurálgico del empleado publico, entre otras cuestiones».
Noticias Relacionadas:
