El Ministerio Público de las Palmas de Gran Canaria considera que los archivos aportados por el empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, llamados REC001 y REC002, para inculpar al magistrado Salvador Alba Mesa, fueron alterados o manipulados, por lo que considera que ese hecho puede ser constitutivo de un delito de falsedad por parte del empresario.
Por ello, insta a la Audiencia Provincial de Las Palmas a continuar con la instrucción sobre el caso, que fue cerrada prematuramente, en noviembre de 2016, por el magistrado Rafael Passaro Carrera, titular del Juzgado de Instrucción 2 de esa misma ciudad.
«La grabación presentada ante el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por el aquí investigado [Ramírez Alonso] había sido alterada o manipulada, consistiendo su edición en la supresión de determinados fragmentos y correlativamente la transcripción literal de lo hablado que igualmente presentó el investigado«, dice el escrito presentado por el fiscal ante el Juzgado de Instrucción 2, donde cayó la investigación de este asunto.
Los audios correspondían a la conversación que Ramírez mantuvo el 16 de marzo de 2016 con el magistrado Alba Mesa, en el despacho de éste.
De acuerdo con Ramírez, las grabaciones probaban que en esa conversación con el magistrado Alba Mesa supuestamente le orientó sobre lo que tenía que declarar contra la magistrada y exdiputada de Podemos, María Victoria Rosell Aguilar.
Sin embargo, el informe pericial llevado a cabo por el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalistica de la Guardia Civil sobre los archivos aportados por el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria, dijo lo contrario: los archivos de audio habían sido editados.
Manipulados.
El REC001 presentaba once cortes diferentes y el REC002, tres cortes.
Las conclusiones a las que llegó la Guardia Civil, tras el análisis comparativo de los contenidos de la grabadora digital Lawmate AR-100 y de la memoria USB Toshiba, de 8Gb de capacidad -realizado por orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias e instructora del caso, María Margarita Varona Faus-, dio la razón al magistrado Alba Mesa: eran un “corta y pega”.
LA DENUNCIA DE ALBA MESA
Alba Mesa presentó una denuncia, el 11 de mayo, contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y su abogado, Sergio Armario, que cayó en el Juzgado de Passaro Carrera, el 2 de Instrucción, por falsedad, coacciones, calumnias e injurias.
Una denuncia que siguió su curso y por la que declaró el 31 de octubre, y de cuya personación desistió a principios de noviembre.
El titular de Instrucción 2 archivó el caso, que recurrió en apelación Alba Mesa.
Passaro Carrera inadmitió el recurso por considerar que había sido presentado fuera de plazo, sin considerar que como víctima su compañero tenía 20 días para recurrir y no los 5 preceptivos.
Esto hizo que Alba Mesa presentara un recurso de queja, que cayó en la misma Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial, en la que está destinado, por lo que sus compañeros se abstuvieron, enviando la decisión a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Dicha Sala ha fallado un año y medio más tarde dictando que la Sección Sexta es competente para tomar dicha decisión, pero con magistrados sustitutos.
Ahora le corresponde al tribunal de esa Sección decidir que Passaro Carrera, reabra la instrucción contra Miguel Ángel Ramírez por el supuesto delito de falsedad, al haber presentado audios manipulados con el fin de incriminar a Alba Mesa.
Ciertamente, la adhesión del Ministerio Fiscal al recurso de apelación del magistrado eleva las posibilidades de que eso suceda.
En la grabadora que Ramírez aportó se encontró, dentro de la papelera, un archivo denominado REC004, de 1 hora, 17 minutos y 2 segundos de duración, denominado REC004.MP3, de la que no se ha podido determinar la fecha en que se grabó y si se había hecho con dicha grabadora.
