La Guardia Civil sufre en Calella un escrache, un año después de que los refuerzos enviados por el referéndum ilegal del 1-0 fueran expulsados del pueblo.
Nuevo episodio de ‘acoso’ separatista a guardias civiles y sus familias en Cataluña
UNOS 400 INDIVIDUOS HICIERON ANOCHE UN ESCRACHE ANTE LA CASA CUARTEL DE CALELLA (BARCELONA) AL GRITO DE 'TORTURADORES' Y 'FUERA LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN'
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04/10/2018 18:00
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Actualizado: 04/10/2018 22:08
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Continúa el «acoso» separatista a la Guardia Civil en Cataluña. Unos 400 independentistas se plantaron anoche ante la casa cuartel de Calella, en Barcelona, al grito de «fuera las fuerzas de ocupación» y llamándolos «torturadores», entre otras cosas.
Así lo ha relatado a Confilegal José Cobo, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
? Denunciamos el acoso, hostigamiento y la persecución continuada, al que son sometidos compañer@s y familiares en #Cataluña.
? Son necesarias medidas urgentes para impedir la continuidad de estas acciones.#EquiparacionYa real sin excepciones. pic.twitter.com/COlMiXWw5i
— JUCIL Nacional (@jucilnacional) 4 de octubre de 2018
Recuerda que en ese mismo municipio, hace justo un año, los agentes que llegaron de refuerzo por el 1-O se vieron obligados a abandonar el pueblo tras varios días de “acoso” en el hotel donde dormían.
Cobo advierte que en Cataluña se ha atravesado la línea roja, que “el insulto se ha transformado en violencia física”, y critica que “el Gobierno no haya levantado la voz para defender a los agentes y a sus familias ante el acoso separatista y las agresiones que está habiendo».
Se refiere también a los ataques a agentes el pasado sábado en Barcelona en una manifestación de guardias civiles y policías, en la que independentistas insultaron y dieron empujones, patadas, golpes a los manifestantes. A uno incluso llegaron a romperle la nariz.
Hoy, la asociación convocante de aquel acto, Jusapol, se ha movilizado frente a las sedes del PSOE en toda España para pedir la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por haberles dejado «desprotegidos» ante las agresiones.
Antes de estos últimos episodios de «acoso», la AEGC había alertado de que “la tensión en Cataluña contra la Guardia Civil ha ido en aumento, al amparo de la impunidad con la que pueden actuar los acosadores”.
“Empezaron acosando a nuestros hijos a las puertas de nuestras viviendas; siguieron en los colegios sin importarles que las víctimas de sus humillaciones fueran menores; y ahora han llegado a la universidad”, denunció el pasado jueves este sindicato, después de que en la Universidad Autónoma de Barcelona apareciese un muñeco de la Guardia Civil ahorcado junto al lema: ‘Pim, pam, pum, que no quede ni uno’.
En la AEGC están “muy preocupados”, no sólo por los “riesgos” que están corriendo los agentes destinados en esta región española, sino por sus familias, porque “su hijos también sufren acoso en colegios, como ha ocurrido en el de San Andrés de la Barca, en Barcelona, y en Seu d’Urgel, en Lérida”.
“Nos preocupa que esta violencia siga en aumento y que las agresiones físicas, que hasta ahora estamos sufriendo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, terminen padeciéndolas también nuestros hijos”, manifiesta José Cobo.
También teme que los menores que “sufren y son testigos de este acoso» acaben con secuelas psicológicas.
La AEGC reclama una pronta actuación de la Fiscalía. Destaca que hay vídeos que pueden llevar a las identificaciones de los que ayer “acosando a los agentes y sus familias incitaron a la violencia y al odio”.
“400 energúmenos contra mujeres y niños que hoy han tenido que salir a las calles de un pueblo en el que no se sienten seguros”, condena.
‘CUANDO UNO SÓLO SABE ESGRIMIR SUS IDEAS ACOSANDO Y AGREDIENDO SE CONVIERTE EN UN ENERGÚMENO’
La AEGC se refiere a estos individuos como “energúmenos violentos y radicales”, y dice que los califica así “porque cuando uno sólo sabe esgrimir sus ideas acosando y agrediendo se convierte en un energúmeno”.
Denuncia que estos sujetos, “tanto en esta ocasión, como el año pasado, han vuelto a contar con la connivencia de las autoridades municipales que han mirado para otro lado mientras menores sufrían el acoso de los violentos”.
“Autoridades municipales a las que se ha elegido para defender los intereses de todos los vecinos de un pueblo, con independencia de sus ideas”, recuerda.
En este municipio barcelonés, el pasado año, coincidiendo con el referéndum ilegal del 1-O, dos establecimientos expulsaron de sus instalaciones a los guardias civiles y policías alojados con motivo del operativo especial para frenar la consulta ilegal.
El Ayuntamiento, en manos de Montserrat Candini (PDeCAT), y dos hoteles alegaron «razones de seguridad» para reclamar la marcha de los agentes, y dijeron que la petición buscaba «la finalidad de garantizar la convivencia del municipio», después de las protestas ciudadanas a sus puertas para pedir que se fueran del pueblo.
‘LA PERSECUCIÓN A LOS AGENTES SE EXTIENDE TAMBIÉN A NAVARRA, EL PAÍS VASCO Y BALEARES’
José Cobo informa que esta “persecución” se extiende tanto a guardias civiles como a policías nacionales en provincias donde no tienen reconocido el delito de odio para los escraches.
Recuerda que además de en Cataluña, está ocurriendo en comunidades como Navarra y País Vasco, pero también en Baleares, donde ha habido escraches y pintadas en las casas cuartel de Palma y de Manacor, al igual que en las de en Alsasua (Navarra), y Oñate (País Vasco).
En verano se colgaron en Baleares pancartas, con lemas como ‘Tenemos legitimidad para torturar” y “Que se vayan fuera de los países catalanes”.
A #Mallorca també denunciem la impunitat de la Guardia Civil per torturar, violar o colpejar brutalment. Fora dels #PaïsosCatalans , #QueSenVagin ! pic.twitter.com/6mWN6XAmfS
— Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 23 de agosto de 2018
José Cobo cuenta que en la AEGC pueden entender, que no compartir, que jurídicamente los guardias civiles y policías en la actualidad no tengan reconocido el delito de odio, pero que les parece “inadmisible que el Gobierno niegue esta consideración» también a sus familias.
En esta asociación también se preguntan por qué “el Defensor del Menor, el Defensor del Pueblo y colectivos feministas miran para otro lado en cada uno de esto actos de odio”, y exigen a esas instituciones que actúen en defensa de los intereses de los hijos y familias de los agentes, “por los que el Ministerio del Interior y el Gobierno no muestran interés en proteger”.
PIDEN LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA QUE SE LES RECONOZCA EL DELITO DE ODIO
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles insisten en la «necesidad» de modificar el Código Penal para que se les reconozca el delito de odio y de atentado a la autoridad -que está reconocido, pero lleva implícito estar de servicio-.
La AEGC lo reclama en cada ataque que sufren sus compañeros, que también padecen esta lacra en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla por parte de inmigrantes ilegales y en el Campo de Gibraltar, a manos de narcos.
Recalca que «no son hechos aislados, que cada día sufren un mayor número de agresiones”.
Y alerta de que “la impunidad con la que pueden actuar contra los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias está dando vía libre a estos intransigentes”.
Lo que piden los agentes y también el ‘Movimiento contra la Intolerancia’, presidido por Esteban Ibarra, es que al agente, además de reconocérsele el delito de atentado a la autoridad «cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas (artículo 550 del CP)», también estén amparados ellos y sus familias cuando ocurra fuera del acto de servicio, como delito de odio.
Una reivindicación que precisamente ayer tarde realizó el Movimiento contra la Intolerancia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con motivo del inicio de los trabajos del plan de acción contra los delitos de odio que va a presentar el Gobierno.
Esteban Ibarra recuerda que delitos de odio es el término con el que se conoce a las infracciones penales cometidas contra personas y colectivos que sufren la intolerancia, como se refleja en los artículos 510 y siguientes, relativos a la protección de las libertades y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Indica que los agentes y sus familias, que están sufriendo actos de intolerancia, como los acaecidos en Alsasua o en algunas zonas de Cataluña, «no reciben mayor amparo que los previstos para los delitos comunes en cualquier otro tipo delictivo del Código Penal».
Lo que piden tanto las asociaciones de agentes como esta entidad es universalizar la protección frente a los delitos de odio que incluiría a todas estas situaciones.
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