Anna Gonzalez, joven viuda catalana, que ha impulsado esta reforma. Aquí en el Congreso tras entregar 200.000 firmas.
El Congreso desbloquea la reforma del Código Penal en materia de atropellos a ciclistas y abandono del lugar del accidente
Será en la segunda semana de noviembre cuando se vote la ponencia que aún mantiene diferencias importantes entre los grupos políticos
|
02/11/2018 06:15
|
Actualizado: 01/11/2018 21:06
|
Después de casi un año de parón parlamentario por las diferencias existentes entre los partidos políticos, este miércoles se llegó a un principio de acuerdo en la Cámara Baja tras la reunión de la Ponencia que quiere modificar el Código Penal e incrementar las penas en los atropellos a ciclistas e incluir el delito del abandono del lugar del accidente.
Se trata, en concreto de modificar el artículo 142 del Código Penal, encargado de regular el homicidio por imprudencia, así como el 195, el que trata la omisión del deber de socorro. Tras la votación se aprobó el citado informe aunque los propios partidos políticos mantendrán sus enmiendas que defenderán en una próxima Comisión de Seguridad Vial.
Una de las novedades últimas que se ha introducido es que en el caso del delito de abandono se incluya una diferenciación de que sea fortuito o por voluntad consciente, según ha podido saber Confilegal. Otros temas que deben concretarse es el concepto de notoria gravedad, la definición de la imprudencia menos grave y grave.
Así, si se abandona a una persona que hubiera sufrido lesiones constitutivas de delito, la pena será de tres a seis meses de prisión o una multa de seis meses a cuatro años. «Si esta actitud de abandono afecta a una persona que falleciere a consecuencia del accidente, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión», subrayaba la proposición.
En este debate, destacar la enmienda que ha introducido Unidos Podemos para mejorar la relación de las víctimas de accidentes de tráfico con sus aseguradoras. Una medida que no ha gustado al resto de partidos políticos. Solo el PSOE ha apoyado esta iniciativa. El partido morado amenaza con salirse de dicha Comisión si no recibiera el apoyo parlamentario.
Solo en el año 2016 hubo en España 174.679 conductores que se vieron implicados en accidentes. De esos, 1.028 se dieron a la fuga, un 0,6 %. Son datos de la DGT que analizó el fiscal coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas, en una de sus últimas comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso.
Vargas recordó que el abandono del lugar sin socorrer a la víctima está ahora regulado en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento de Circulación, y está sancionado con una multa de 200 euros. El fiscal cree que «no se puede pasar de sanción a delito sin hacer una depuración de la respuesta penal». Y opina que esa sanción administrativa debería incrementarse con la pérdida de la totalidad de puntos del carné de conducir.
En la comisión también compareció José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo, quien pidió a los grupos que legislen para que el abandono de una víctima en la carretera sea considerado delito. Consideró urgente proteger a los ciclistas en la carretera y exige a las Administraciones medidas y un plan de choque para evitar los atropellos a estos usuarios vulnerables de las vías.
Una proposición de ley estancada
Esta reforma fue impulsada por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, a través de la presentación de una Proposición de Ley, que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el 19 de septiembre de 2017.
El objetivo es ampliar del máximo actual de 4 años hasta 9 años las penas de cárcel en caso de imprudencia grave en los atropellos de ciclistas o peatones.
La proposición incluía el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas mortales. También se penaba la huida al considerarla como una conducta dolosa e independientemente del delito imprudente previo, aunque el conductor no pudiera hacer nada para socorrer a las personas malheridas.
La modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, supondría calificar en todos los supuestos como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de una persona en estos tres supuestos: exceso de velocidad; cuando el conductor va drogado; o cuando va bebido. Así se elimina la posibilidad que existe en la actualidad de que el juez pueda valorar si era más o menos grave la infracción, en función de las circunstancias atenuantes.
Sin embargo, la citada proposición de ley ha quedado paralizada.
Mientras tanto los muertos en carretera por estos atropellos se han incrementado de forma notable mientras el debate parlamentario se iba diluyendo. Ahora hay esperanzas de consensuar un texto que ofrezca más protección a ciclistas y peatones. La despenalización de los juicios de faltas por parte del PP ha generado más inseguridad jurídica y que muchos asuntos se archiven en vía administrativa.
La persona clave para que el PP presentara ayer esta proposición de Ley es Anna González, quien perdió a su marido, Óscar García, al ser atropellado por un camión que se dio a la fuga, cuando acudía al trabajo en bicicleta en octubre de 2013.
Desde entonces, González inició con tesón la campaña #PorunaLeyJusta. El pasado diciembre de 2016 entregó 200.000 firmas al exministro Rafael Catalá para tratar de acelerar el cambio del Código Penal.
Ante el parón parlamentario de esta reforma, González que no ha dejado de empujar #PorunaLeyJusta en Twitter y se reunió el pasado mes de agosto, acompañada por el exciclista Eduardo Contador y otros expertos con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para pedirle que se agilizara esta reforma en el Congreso.
Ahora el tema se reactiva en el Parlamento que votará la ponencia en la segunda semana de noviembre.
González ha pedido en reiteradas ocasiones cambios urgentes para que vayan a juicio todos los accidentes ciclistas mortales o con resultado de lesiones en los que haya imprudencia por parte de los conductores de vehículos. Hasta ahora, a pesar de que muchos de ellos son fruto del exceso de velocidad o dan positivo en los test de alcoholemia y/o droga, se resuelven con una mínima sanción por la vía civil, una simple falta.
Noticias Relacionadas:
