El presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, afirma que lo que ha ocurrido en el Supremo es consecuencia de la falta de claridad de la ley./ EP
Lesmes insta al Gobierno a modificar la ley hipotecaria para ‘clarificar’ quién paga el impuesto
Defiende que los magistrados "actuaron con absoluta libertad e independencia"
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07/11/2018 13:57
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Actualizado: 31/3/2022 14:36
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado hoy al Gobierno y el Parlamento a acometer una reforma de la legislación hipotecaria para «clarificar» quién debe pagar el impuesto sobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, «se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras».
Lesmes se ha pronunciado así tras la decisión adoptada ayer por el Pleno del Alto Tribunal, donde por 15 votos frente a 13, determinaron que sean el ciudadano y no el banco quien pague el impuesto de hipotecas.
Para el presidente del Supremo, esta situación se ha producido «como consecuencia de la falta de claridad de la ley». Por ello, considera que «ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria».
Lesmes ha señalado que «existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare y se diga definitivamente quién es el que debe pagar». «Nos debemos que atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene la última palabra, a través de la ley», ha añadido.
LESMES DEFIENDE LA DECISIÓN ADOPTADA AYER POR EL PLENO
El presidente del Supremo y del CGPJ también ha defendido la decisión adoptada ayer por el Pleno y ha insistido en que «todos» los magistrados que intervinieron «actuaron con absoluta libertad e independencia de criterio».
Lesmes ha manifestado que «la postura de todos ellos es plenamente legítima, tanto de los que resolvieron en un sentido, como en otro» ya se trataba de «resolver una cuestión controvertida» y la forma de hacerlo en el Tribunal Supremo es «votando», como se hizo, en plenos jurisdiccionales.
Por último, ha reconocido que pueda haber suscitado malestar. «Las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y por tanto, de la crítica, que nosotros aceptamos», ha indicado.
‘LA ALARMA PROVOCADA POR EL FALLO ES COMPARTIDA POR LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL’
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han afirmado que la «alarma social provocada» por llevar a pleno el caso del impuesto de las hipotecas, por el «insólito desenvolvimiento» del pleno ayer y el fallo que «desdice» la sentencia dictada por la Sección Segunda, «es una alarma compartida y entendida por la mayoría de los miembros de la Carrera Judicial».
Así lo han manifestado en un comunicado conjunto, en el que destacan que el pleno debió celebrarse desde el inicio, no una vez resuelta la cuestión, «al no ser del agrado de su presidente» -en referencia a Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo-, «para tratar de enmendar una decisión jurisdiccional firme».
Por otra parte, señalan que la elección por el Consejo General del Poder Judicial de los presidentes de las Salas del Tribunal Supremo y demás órganos colegiados, «está viciada de base».
Recuerdan que el CGPJ está compuesto por 20 vocales, de los cuales 12, según establece la Constitución en su artículo 122.3, son de extracción judicial.
La AJFV y la FJI indican que el poder constituyente quiso que estos doce vocales fueran elegidos por los jueces y magistrados, y que los sucesivos poderes legislativos, desde que en 1985 se promulgara la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, «han eludido el mandato constitucional y han entregado a las Cortes Generales la decisión de elegir a los veinte vocales».
Aseguran que «dicho juego político ha ido degenerando a lo largo de décadas hasta convertirse, en la actualidad, en un Consejo elegido de forma nada transparente».
«Los vocales del CGPJ, en la actualidad, son elegidos con criterios de afinidad ideológica o afinidad personal. Los vocales así designados son quienes eligen a los presidentes. Por eso, no debe extrañarnos la decisión adoptada en el día de ayer«, manifiestan.
Asimismo, dicen que les «llama poderosamente la atención que, en esta cuestión, la de elección de vocales del CGPJ, los principales partidos políticos del gobierno y la oposición alcancen acuerdos rápidos y consensuados».
Manifiestan que «el Partido Popular, el Partido Socialista y, en esta última legislatura, Podemos, entran sin pudor en el juego de reparto de cargos. Tanto es así que en las noticias suele avanzarse el nombre de la persona que será elegida para integrar el CGPJ o para presidir una Sala».
Por ello, ambas asociaciones judiciales manifiestan su «rechazo a la forma en la que se ha adoptado la decisión de la Sala Tercera» de ayer, por considerar que, «con ella, se arrojan dudas razonables sobre la independencia del Tribunal sentenciador».
«No podemos mirar únicamente al presidente de la Sala o al presidente del Tribunal Supremo para exigir responsabilidades, que, sin duda, las tienen. Debemos exigírselas también a quienes forman parte del poder legislativo –incluyendo algunos partidos que, de forma oportunista, convocan en redes sociales a la ciudadanía ante el órgano decisorio, a sabiendas de que ellos mismos fomentan el patológico sistema de elección–», sentencian.
Exigen que, «de una vez por todas, se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de excluir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de la designación de los vocales del CGPJ de extracción judicial», como venimos pidiendo desde hace años.
Para terminar, recuerdan que junto con las otras dos asociaciones de jueces y las tres de fiscales, comunicaron el pasado 2 de noviembre al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral, una convocatoria de huelga general de ambas carreras para el próximo día 19 de noviembre.
Explican que «en vista de todo lo anterior» mantienen la convocatoria de huelga «con la reivindicación principal de exigir la reforma legislativa de atribuir a los jueces y magistrados de España la potestad de elegir a sus representantes«.
«No lo decimos nosotros solos. Lo exige el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Lo exige la ciudadanía. Lo exige el sentido común. El Poder Judicial lo integran 5.500 jueces y magistrados. Pedimos que las decisiones de unos pocos no manchen el trabajo que, a diario, desempeñamos miles de jueces y magistrados de forma independiente. Reclamamos que no enturbien el servicio público que prestamos a los españoles. Por todo ello, iremos, más que nunca, a la huelga general», concluyen la AJFV y la FJI.
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