El mensaje ha llegado alto y claro a las asociaciones de jueces y fiscales desde el Ministerio de Justicia: Si se lleva a cabo la huelga prevista para el próximo 19 de noviembre se romperán todas las negociaciones que hay en marcha dentro de la Mesa de Retribuciones.
Además, se detraerán de los salarios de los huelguistas que en ese día participen en ella, lo que supone de facto -y por primera vez en la historia- un reconocimiento oficial del derecho a la huelga de jueces y fiscales.
Estas son las dos conclusiones de la reunión que han mantenido hoy José Manuel Yuste, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Ignacio González Vega, de Juezas y Jueces para la Democracia; Emilio Fernández, de la Unión Progresista de Fiscales; y Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, con la ministra, Dolores Delgado; el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, y Esmeralda Rasillo, directora general de la Administración de Justicia, entre otros.
El encuentro ha durado 2 horas y media, entre las 4 y 6.30 horas, y ha tenido lugar en la sede central del Ministerio, en la madrileña calle de San Bernardo.
En esta ocasión no han asistido los representantes de Foro Judicial Independiente, que sí lo hicieron el viernes pasado, y tampoco la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Fiscal Independiente de Fiscales.
Es la primera vez que el Ejecutivo plantea sobre la mesa restar el salario correspondiente al día de huelga proyectado de los jueces y fiscales que tomen parte en la huelga. No se hizo en la del pasado 22 de mayo, que fue seguida por un 60 por ciento de ambas carreras.
Pero sí se hará en esta.
En la de entonces, la actitud tanto del Ministerio de Justicia como del Consejo General del Poder Judicial fue de pasividad ya que no existe regulación legal por una cuestión conceptual compleja: son dos colectivos que ostentan la condición de autoridades y que, además, en el caso de los jueces, son un poder del Estado.
De acuerdo con el Ministerio, no le corresponde al Ejecutivo firjar lso servicios mínimos porque no son la autoridad laboral sino el «mero pagador».
Esa función le correspondería al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, entidades a las que las asociaciones anunciaron que enviarían una comunicación oficial para pedirles que los establezcan.
Durante el encuentro, según el Ministerio, «los cuatro colectivos presentes han asegurado que el paro no se ha organizado ‘contra el actual equipo ministerial'».
«Los responsables del Ministerio han vuelto a poner sobre la mesa el compromiso para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales», según esta cartera del ejecutivo.
«Respecto a sus reivindicaciones salariales, el Ministerio ya les transmitió el pasado jueves 7 de noviembre que sus condiciones retributivas se enmarcan en el Segundo Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo –que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Pese a ello, los colectivos han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública», concluye el comunicado.
Los representantes asociativos tienen ahora que tomar la decisión de continuar con la convocatoria de huelga o desconvocarla.
