Muñoz está acusado de presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude de la contratación y falsedad en documento oficial./ EP
Julián Muñoz niega irregularidades en la adjudicación de obras en Marbella
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el exalcalde
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12/11/2018 09:57
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Actualizado: 12/11/2018 17:10
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El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha declarado hoy ante el juez que no firmó resoluciones sabiendo que eran ilegales, que no se lucró indebidamente y que no negoció con constructores los convenios urbanísticos.
Además, ha reiterado que «nadie», ni técnicos y ni notarios, le advirtió de irregularidades en lo aprobado.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga juzga desde hoy a varios exresponsables municipales del GIL de Marbella (Málaga), entre ellos Muñoz, el que fuera secretario municipal, y un empresario marbellí, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras, supuestamente realizadas «sin control» y utilizando dos sociedades instrumentales dependientes del Ayuntamiento.
En total, hay 13 acusados.
Julián Muñoz ha asegurado que no sabe muy bien para qué servían esas dos sociedades municipales, una de gestión de contrataciones y otra de personal, y ha apuntado que había 22 empresas de este tipo distintas.
«Yo jamás tuve poder de decisión, ni nadie, en los temas de Marbella», ha dicho, reiterando que «nunca» fue responsable de obras, área que llevaba directamente el exalcalde Jesús Gil, fallecido en mayo de 2004.
«No estoy echando la culpa al muerto, pero yo no participé», ha manifestado Muñoz. No obstante, ha admitido que en este momento no sabía detalles concretos de las obras investigadas en esta causa,y que entiende que «no se cometió ninguna irregularidad» y que todo se habría hecho «siguiendo el procedimiento» y según los técnicos.
Sobre el convenio de permuta de terrenos firmado con el empresario, Muñoz ha insistido en que se fiaba de los funcionarios y que si ellos decían que algo no estaba bien no se aprobaba en comisión de gobierno.
«Quién era yo para poner en cuestión a un técnico, en este caso el secretario», que informó a favor del convenio, ha dicho, apuntando que el interventor, que informó en contra, «nunca» ponía reparos en la reunión, sino con informes «a posteriori».
«No me he pasado once años en la cárcel para no decir ahora la verdad», ha manifestado.
Desde principios de noviembre, Julián Muñoz, de 69 años, cumple el resto de su condena por el caso Malaya en su vivienda, por motivos de salud, después de la Audiencia Nacional estimara el recurso presentado por su abogado, Antonio José García Cabrera, quien, por cierto, desde mediados de octubre también ejerce la defensa del excomisario José Manuel Villarejo.
El último informe forense aportado, de marzo de 2018, concluye que Muñoz “presenta una pluripatología crónica de carácter cardiovascular, metabólico, respiratorio y urológico” y que “no se prevé mejoría”, y precisa “controles y cuidados médicos de forma continuada”. Por esta patología, “su pronóstico vital es desfavorable a medio plazo”.
Ya había disfrutado anteriormente el tercer grado durante casi un año, pero la Audiencia de Málaga se lo revocó tras difundirse un vídeo en el que el exalcalde aparecía bailando sevillanas de madrugada en un bar de copas.
LA FISCALÍA LO ACUSA DE PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN, FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN Y FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL
La Fiscalía acusa al exalcalde de Marbella Julián Muñoz de varios presuntos delitos continuados de prevaricación, y de los supuestos delitos fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. Se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión, una multa e inhabilitación especial por un periodo de seis años.
Para el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes solicita cinco años de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad.
Al empresario marbellí Alberto P. lo acusa de presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude en la contratación y de falsedad en documento oficial, y pide para él cinco años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo tiempo.
Asimismo, están acusados siete exediles que formaban entonces la junta de gobierno local. Estos exconcejales han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, que consiste en una condena por un delito de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, por el que se le impone a cada uno una pena de ocho años de inhabilitación.
SUPUESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRAS MUNICIPALES A LA MERCANTIL COPASUR
Según la Fiscalía, durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) «se creó una organización municipal paralela para tratar de evitar los controles de la ley administrativa en su actuación» a través de sociedades municipales que dirigían personas designadas «directamente con criterios de confianza».
La acusación señala que el entramado empresarial se modificó a partir del 2000 con la creación de dos sociedades «instrumentales», una para la gestión de obras y suministros y otra de personal, las cuales se hicieron «como un artificio societario sin justificación alguna» para dar «plena opacidad a la actividad municipal» y para «amparar y justificar la elusión de la ley administrativa».
El fiscal considera que Julián Muñoz, junto a distintos responsables municipales, y el empresario acusado Alberto P. «llegaron a un acuerdo para la adjudicación directa de obras municipales a la mercantil Copasur en condiciones idóneas para perjudicar los intereses patrimoniales de Marbella», de forma que «crearon deliberadamente una situación jurídica-fáctica adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público municipal».
Otros tres acusados son el exedil responsable de Obras y los representantes de la sociedad municipal dedicada a la gestión de las actuaciones, Vicente Manciles, Antonio Calleja y Antonio José T., quienes, según la Fiscalía, tenían «pleno conocimiento» de que eran adjudicaciones «directas, sin control ni intervención previa de los técnicos municipales, con opacidad y graves deficiencias en la ejecución y facturación de los servicios contratados».
También está acusado el que era secretario municipal Leopoldo Barrantes y siete exediles que formaban entonces la junta de gobierno local, que son los exconcejales que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía.
Las obras investigadas en esta causa son siete y se refieren a una guardería en San Pedro, a un centro cívico, la finalización de las obras de un mercado municipal, el acondicionamiento de una biblioteca, que inicialmente fue adjudicada a Fergocon -por lo que ya se instruyó otra causa judicial-, obras de un colegio, de una plaza y de una avenida.
Las adjudicaciones se realizaron, según la acusación, «sin respetar los principios de concurrencia y publicidad, y sin tramitar el correspondiente expediente administrativo».
Según la Fiscalía, finalmente, en abril de 2003, se firmó entre el Ayuntamiento y la empresa un convenio de permuta de bienes municipales, que se valoraron en 1,2 millones de euros, por algunas de las obras anteriores, haciendo constar que la gestión se dio a la sociedad municipal y que hubo un concurso según la ley, resultando adjudicataria la empresa del acusado, cuando «la realidad fue que se hizo con una violación flagrante de la legislación administrativa».
El Ministerio Público considera que «para tratar de dar apariencia legal y así poder materializar la operación en escritura pública para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, el secretario municipal emitió un informe favorable a dicha permuta» y afirmó «falsamente en su informe que un técnico municipal realizó una valoración de las obras públicas a ejecutar en el municipio», pese a haber un informe negativo del interventor.
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