La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no investigue a la exministra de Sanidad Carmen Montón en relación a las diligencias que abrió por delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).
El pasado septiembre, la magistrada incoó diligencias previas a raíz de una denuncia anónima y pidió a la Rey Juan Carlos documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista.
En su escrito al Juzgado, el fiscal interesa que se archive la causa abierta respecto a Montón tras el estudio de la denuncia anónima que dio origen al procedimiento.
Argumenta su petición en varios motivos, entre ellos que la exministra aportó a la causa una serie de correos electrónicos que ponen de manifiesto que «la misma se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas, así como un interés por superar las asignaturas».
No hubo «concierto previo» entre la exministra y la directora del máster
Asimismo, parece desprenderse del contenido de los correos que en efecto se distinguía entre «aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el máster sin acudir a las sesiones que se impartían».
«No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada», señala el texto.
«El cambio de notas así como las convalidaciones son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se les puede achacar. En tal sentido, los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster», agrega.
Por ello, insiste en que «la falta de ese concierto previo, aun considerando a efectos dialécticos que hubiera trato de favor, conllevaría circunscribir los hechos a un presunto delito de cohecho impropio que en cualquier caso, estaría prescrito en tanto ocurrido en el curso 2010-2011».
Sin relación entre la adjudicación de contratos y Montón
La denuncia inicial relata que la investigada plagió parte de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía, una cuestión que para el fiscal «carece de relevancia penal» y que incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito.
«Todo ello sin perjuicio del derecho a la tutela civil que le corresponda al autor original y de la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que calificó y aprobó el referido trabajo», añade.
Sobre los contratos adjudicados y las «ayudas concedidas» a los que hace referencia la denuncia por la que se incoan las presentes diligencias, «no parece existir relación alguna entre el máster cursado, la investigada y los beneficiarios de aquellas».
Tras estallar el caso, Carmen Montón presentó su dimisión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo su «honestidad» y asegurando que no había cometido ninguna irregularidad. /EP/.
