CCOO y SUP denuncian el colapso generado en las oficinas de asilo y refugio
Una de las últimas reuniones en Interior sobre el futuro de estas oficinas de asilo.

CCOO y SUP denuncian el colapso generado en las oficinas de asilo y refugio

|
01/12/2018 06:15
|
Actualizado: 30/11/2018 20:51
|

La Oficina de Asilo y Refugio acumula más de 65.000 expedientes pendientes de resolución e impide obtener cita previa hasta 2020. El 8 de diciembre la situación se agravará con el cese del personal interino, que supone el 70 % de la plantilla actualmente encargada de desempeñar esta función.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), alertan del caos humanitario y la fisura en materia de seguridad que podría generarse con motivo de la masiva afluencia originada en los servicios de atención a las personas solicitantes de asilo en España.

«El incremento del número de instancias, un 900% desde 2014, el aumento de la complejidad de los procedimientos para su trámite, incluso la disminución de funcionarios y el inmovilismo de los sucesivos equipos que han conformado el Ministerio de Interior, hacen inviable una respuesta adecuada a la demanda y están causado el bloqueo de los sistemas de cita previa», señalan.

«La garantía al derecho de asilo y refugio se está viendo quebrantada» y para evitarlo CC.OO ha entregado varios informes a los Gobiernos del PP y PSOE, anticipando el desbordamiento de este servicio público e instando a plantear un análisis que determine una intervención en aras a evitar esta previsible situación.

Entre otras medidas, se proponía el incremento de la plantilla, recogida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018 y la prórroga del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Este último, a cargo de fondos europeos, supuso la contratación de 94 interinos durante tres años hasta el 8 de diciembre de 2018, como fecha límite, cuya continuidad, además de ser legislativamente viable durante doce meses mas, se hace fundamental para que la oficina no entre en situación de “cierre técnico”.

Por otra parte el Sindicato Unificado de Policía, denuncia tanto la negativa incidencia que estas circunstancias están provocando en la seguridad del Estado, como en la carga de trabajo en continuo aumento que soportan los policías, «sin que en ningún caso se pretenda criminalizar por ello a los solicitantes de asilo, sino evidenciar la necesidad de mantener el control y la vigilancia del cruce de fronteras».

En estos puntos «no se están destinado los recursos necesarios, con el agravante que en 2018 según las últimas estimaciones, el número de inmigrantes que arribarán a nuestro territorio de forma irregular podría superar las 60.000 personas», destacan.

Ambos sindicatos insisten en que esta situación solo puede resolverse con un plan estratégico estructural de carácter general, dotado de medidas que a su vez permitan desarrollar una intervención ágil en los casos puntuales en los que se produzca un incremento acusado de la demanda.

Silencio administrativo positivo

La primera consecuencia directa de esta acumulación de expedientes y los retrasos en su instrucción, es la aprobación de muchos de ellos por silencio administrativo favorable. Esto, desde el punto de vista humanitario, imposibilita filtrar los casos más urgentes y vulnerables; y desde el punto de vista de la seguridad, impide detectar la llegada de personas reclamadas por terceros países, con prohibiciones de entrada en nuestro país o vinculadas a cualquier tipo de actividad ilícita.

Para ambas organizaciones sindicales, la falta de interés y la debilidad de los diferentes gobiernos a la hora de acometer reformas e inversiones de calado en materia de extranjería y documentación, promueve «una lamentable continuidad del problema».

Se quejan de que «la sensibilidad hacia este tema que unos y otros abanderan desde la oposición, se transforma en inacción y pasividad a su llegada al Gobierno que, al margen de su inclinación, mantienen la misma deficiencia de recursos materiales, de efectivos, su escasa formación y la sobresaturación de un trabajo que supera la capacidad de gestión de los policías y personal funcionario disponible».

Más personal y medios técnicos 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO ha trasladado un informe a los medios de comunicación, a los distintos organismos europeos en materia de refugio y asilo e incluso al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recordando al Gobierno el sistemático incumplimiento de la Directiva 2013/32 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos administrativos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional, en el que se subraya que, pese a que el plazo legalmente establecido para estos trámites oscila entre 3 y 10 días, el Ministerio del Interior está concertando las citas hasta con un año y medio de retraso.

Desde CC.OO denuncian que «el mismo partido que sostiene que la continuidad de los interinos no es posible legalmente, acaba de aprobar un decreto en Andalucía para permitir la ampliación del contrato del personal interino por programa en doce meses más.

Insisten, además, en que este personal «es imprescindible para evitar el derrumbe absoluto del servicio público mientras se produce la incorporación de los funcionarios de carrera, que llegarán, como  pronto, en año y medio y sin la formación específica necesaria».

Por otro lado, desde el SUP reiteran «la insostenible saturación» de las diferentes Oficinas de Asilo y Refugio distribuidas por la  geografía. Alertan, además, de las disfunciones provocadas por las diferentes políticas puestas en marcha en función de la Comunidad Autónoma en la que se presente la solicitud, en interpretación de la norma, y la falta de capacidad operativa de las plantillas ante los protocolos  administrativos establecidos.

Desde el SUP y CC.OO instan al Gobierno para que acometa, de forma urgente, las inversiones necesarias en recursos humanos, en formación, en medios técnicos y materiales, gestionados con una planificación debidamente estructurada que neutralice esta situación.

«Resulta incuestionable la necesidad de capacitación de personal destinado a instruir los procedimientos garantizando así los derechos de los solicitantes», afirman.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Política