¡Rigor y sensatez, Señorías!

Percibo con preocupación un alto grado de contaminación del lenguaje y de frivolidad que alcanza a quien no creo pueda permitírselo. Alguien tiene que mantener la sensatez, incluso o especialmente, en tiempos revueltos.

En la época de los «fake», de la falta de respeto a los creadores, del inconformismo entendido como «sólo mi opinión es verdad absoluta y respetable», inquieta ver que en el sector justicia nos dejemos contagiar.

Los ejemplos de alarma en las últimas semanas son muchos y graves.

Somos capaces de dar por hecho que un recusado en un asunto judicial es alguien con tacha infinita, para todo y para todos.

Somos capaces de aceptar, sin discusión, que un juez se convierta en tertuliano político sin límites, pero aducimos mayor control político sobre los jueces, cuando se establece legalmente que el Presidente del CGPJ deba comparecer una segunda vez por año en el Congreso de los diputados, con luz y magníficas taquígrafas, para INFORMAR sobre la actualidad del estado de la justicia, teniendo en cuenta que de facto viene haciéndose ya, porque el trámite de defensa de la Memoria por año judicial retrasa y hace poco útil un debate que debiera ser puntual pero que, la fuerza de los trámites, el peso de las agendas, y las incidencias parlamentarias imprevisibles, la aleja de su función.

Consciente de eso, el Presidente del Consejo ya presentaba en los últimos ejercicios datos complementarios en su comparecencia en el trámite sobre la memoria.

Hemos formalizado, pues, la práctica ahora voluntaria.

¡Qué gran crimen hemos cometido los parlamentarios!!! ¡Qué gran injerencia en la independencia judicial!

Cuando escuché esta crítica en el portavoz de Ciudadanos, me molestó, porque la vi como esa salida fácil, pero irresponsable, de quién se ha negado a trabajar en serio en una reforma a lo largo de todo un año.

Cuando lo leí en algún cronista de justicia, de amplia experiencia y conocimiento, me intranquilizó, porque no me cuadraba en su altura profesional.

Cuando se ha reiterado en algunas críticas asociativas de sus Señorías, me ha alarmado.

De verdad, ¿atribuyen esa censura a la modificación del artículo 563.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?: «Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la Justicia, con datos actualizados, anualmente el Presidente , además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España, en el marco de sus competencias».

Pero, ¿a dónde vamos Señorías?

Informar de la situación de la justicia en España anualmente, en la Comisión de justicia del Congreso, donde han de tramitarse nuevas leyes, reformas legislativas de aquello que no funciona (a lo que la memoria además dedica un capítulo para trasladar la visión del poder judicial sobre las mismas); allí donde han de tramitarse y aprobarse los presupuestos de justicia, ¿es una injerencia en la independencia judicial? ¿es más control político sobre los jueces?

Segunda injerencia cuasidelictiva del legislador en la reciente reforma, según esas mismas voces: Que “excepcionalmente, el Congreso podrá solicitar informe con comparecencia ante la Comisión de Justicia de un vocal-quizá no sea un juez-, por razón de las funciones que le han sido encomendadas, previa solicitud motivada, al menos, de dos Grupos parlamentarios, y que deberá ser autorizada por la Mesa del Congreso”.

Por ejemplo, del Observatorio de violencia doméstica y de género.

Es que hoy los vocales responsables están en una «clausura» permanente y no dan conferencias, no acuden a seminarios, no dan entrevistas y no acuden a comisiones y subcomisiones en las Cámaras.

¿Por qué acudir a informar al parlamento es objeto de escándalo?

Señorías, ¿dónde está la injerencia en la independencia judicial?

Cuál es el miedo: ¿que un diputado se exceda en una pregunta inadecuada?

A pregunta inadecuada, respuesta inexistente.

En el 40 aniversario de la Constitución no me canso de recordar el artículo 117 porque muchos lo han olvidado: «La justicia emana del pueblo».

A su vez, el artículo 66 dispone que «Las Cortes generales representan al pueblo español…».

¿Creen sus señorías que en el siglo de la transparencia, debemos configurar un Consejo General del Poder judicial a modo de sociedad secreta?

Ese Consejo que «…es el órgano de GOBIERNO del poder judicial», y respecto al que «la LEY ORGÁNICA determinará su estatuto» (artículo 122 de la Constitución Española). Y, recordemos, «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado…» ( artículo 66 de la CE).

¿Por qué olvidamos, ignoramos u ocultamos esto a la sociedad española?

Creo que, antes de acabar este año, resultaría recomendable que algunos repasaran o conocieran el interesantísimo debate de los ponentes constitucionales.

Se encuentran grandes explicaciones sobre los preceptos que hoy constituyen el marco de conformación de nuestro estado de derecho y de los poderes del Estado.

Da pena tener que acudir a las verdades de Perogrullo, pero el poder judicial es una cosa, las funciones jurisdiccionales de los jueces otra, y el Consejo general del poder judicial otra muy distinta.

Este último, órgano que existe en España, pero que podría no haberse creado (no tiene equivalente en otros ordenamientos con alto grado de realidad y percepción de la independencia judicial).

Por favor, no contaminemos más a quien no tiene el conocimiento que a jueces, parlamentarios, periodistas especializados o académicos se les supone sobre esta cuestión.

Los problemas derivados del deterioro de la percepción sobre el grado de independencia judicial en España son otros y no se resuelven con la completa ruptura, en todos sus términos, del contacto con las Cortes generales, con ese intercambio de información y propuestas que en una sociedad moderna debiera ser más fluido, y que, en absoluto, es un control de los jueces.

Recuerden una vez más que no comparece el Presidente de la Audiencia Nacional para hablar de los casos abiertos en la misma, ni el Presidente del Consejo en cuanto Presidente del Tribunal Supremo para referir los asuntos jurisdiccionales de este órgano, ni con la ley vigente, ni con la modificada.

Consideramos que es bueno y necesario que explique el Consejo en el Parlamento por qué aprueba y mantiene la organización de juzgados de cláusulas suelo; por qué tarda en definir y aprobar las cargas de trabajo de los jueces; de qué manera está actuando para alcanzar la interoperabilidad de sistemas informáticos de gestión procesal o por qué no implantar un sistema único de gestión, entre otras muchas.

¿Dónde está el problema?

El ejecutivo se somete semanalmente a control en las Cortes generales.

La actuación del legislativo está abierta permanentemente al seguimiento en directo de la opinión pública.

Los jueces, que son los que desde su imparcialidad, profesionalidad, inamovilidad e independencia deben ejercer su función jurisdiccional, lo hacen desarrollando sus funciones y a través de sus resoluciones que conciben y redactan individual o colegiadamente, sin injerencia que no sea punible.

Aunque el artículo 120 de la CE tampoco hace ajena  la publicidad a su actividad, y así determina cómo regla general que las actuaciones judiciales serán públicas.

Pero, nada tienen que ver con estas actuaciones las comparecencias informativas de miembros del Consejo en el Parlamento.

El gobierno del «poder judicial» tampoco tiene, ni puede tener, competencia alguna de intervención sobre esa función capital que define la independencia judicial, por si o por injerencia de otro poder del Estado (buen tema para otra reflexión sería definir injerencia).

El Consejo tiene atribuidas constitucionalmente funciones de gobierno, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados (artículo 122.2 de la CE), conviene recordarlo.

Como también debe conocerse que la criticada reforma refuerza que las decisiones recaigan en el Pleno y que todos los vocales ejerzan sus funciones en exclusiva, con consecuentes incompatibilidades más estrictas, para garantizar su independencia. Esas y no otras son sus competencias.

Y no puede ejercerlas en secreto.

Nos estorba demasiado el Parlamento

Si me permiten la expresión vulgar, tendríamos que hacérnoslo mirar (y no digo que no se critique y exija a los parlamentarios).

Últimamente asistimos con demasiada frecuencia a posiciones que además cuestionan las funciones de iniciativa legislativa del artículo 87.1 de la CE, ese impulso legislativo que no sólo corresponde al gobierno, sino a las Cámaras y que se atribuye a los parlamentarios por sí o a través de sus grupos parlamentarios.

Bueno, hasta la ministra de Justicia se empeña en atribuirse sin pudor el impulso de normas que han realizado los grupos parlamentarios desde mucho antes de su nombramiento, además de su completa negociación y tramitación.

Muy feo que lo haga la ministra de Justicia, que aún no ha encontrado tiempo para las prioridades más urgentes en el ámbito de sus competencias (cumplir con el plan normativo anual, pagar al turno de oficio, actualizar las indemnizaciones, atender las reivindicaciones de jueces, fiscales, letrados o personal de la administración de justicia, entre otras).

Algunos grupos parlamentarios, además, pretenden atribuirse legitimidad exclusiva para ejercer esa tarea de impulso.

En fin, todo muy equivocado.

Flaco favor hacemos entre todos al prestigio de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

La sobreactuación para buscar una posición preeminente en el debate público, en la tormenta de titulares, que no de ideas y propuestas, de estos tiempos modernos (¡si Chaplin levantara la cabeza!), es lo que deteriora el principio de separación de poderes y la confianza que los ciudadanos han de tener en sus instituciones. 

Tanto desprecio se percibe al hablar de los políticos y en hacerlos(nos) culpables de todo (eso no quiere decir que no debamos ser criticados y autocríticos), que estamos consiguiendo que se hable ya con igual desdén y desconfianza de los jueces. Ninguna de las dos cosas debemos permitirlas, ni contribuir a ellas, porque lo que queda socavado es el modelo de sociedad y nuestra democracia.

Alternativa

Pocos se paran a pensar en la alternativa, seguramente la que algunos persiguen colaborando a este caos. Y esa alternativa, señoras, señores, señorías todas, a mí no me gusta, no la quiero para nuestros hijos.

Estoy convencida que la mayoría de ustedes tampoco. Entonces, no nos dejemos envolver, rebelémonos y colaboremos.

Sabemos cómo hacerlo y dónde están los verdaderos problemas. Y si cada uno desempeñamos bien nuestras funciones, todas nuestras funciones, a nuestra democracia le irá mejor.

Creemos instrumentos que refuercen nuestras instituciones y poderes, y no las que los debiliten o justifiquen reacciones poco deseables.

No generemos sombras de sospecha en acciones que son y han de ser normales; en relaciones fluidas de colaboración institucional y entre poderes del Estado o de transparencia.

Nuestro modelo se basa en un permanente sistema de controles y contrapesos (checks and balances).

Ningún poder puede quedar en la opacidad, con blindaje extremo en el conocimiento de su acción de gobierno.

En mi opinión, tampoco el Consejo General del poder judicial, y eso nada tiene que ver con la independencia judicial que es objetivo y obligación común garantizarla.

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