La nueva directiva sobre Derechos de Autor ha abierto una polémica dadas las implicaciones económicas, mercantiles, de afectación de libertades así como de implicación en los bienes culturales de España.
Esta directiva, definida como de importancia transcendental para España, tiene como objetivo armonizar los sistemas nacionales de protección de derechos de autor que afectan a creadores, comunicadores, grandes plataformas en línea y usuarios.
Así se subrayó durante la celebración de una nueva Mesa de debate Lefebvre-Fundación Pons este martes sobre los retos y el impacto de la aplicación de la citada directiva.
Impacto social y económico
En concreto, Esther Torrente Heras, subdirectora adjunta propiedad intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, afirmó que la nueva directiva “garantiza el equilibrio y un reparto más justo entre todos los agentes”.
Y explicó con especial énfasis que “el mundo online no puede constituirse en un estado de excepción, por tanto, para España es fundamental la aprobación de esta directiva”.
El análisis del impacto social y económico de la transposición de esta norma en la sociedad española suscita una gran controversia, tal y como confirmó Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, para quien la directiva supone «trasladarse a un escenario en el que la empresa obtiene una serie de omnisciencia divina y esto es ridículo. El empresario no puede ser juez y no tiene los recursos para saberlo todo”, concluyó.
De nuevo, el artículo 13 en el centro
El artículo 13 está siendo el más polémico por el impacto económico suscitado dado que el nuevo marco legal dispone que estas plataformas disfruten de una exclusión de responsabilidad por el conocimiento efectivo de la infracción. De hecho, solo cuando después de recibir la notificación no se retira ese contenido, las plataformas como YouTube son responsables de la infracción.
A este respecto, Greg Quillard, Global Music Publishing Manager de YouTube, afirmó que se debería analizar de nuevo la cadena de valor.
En concreto, para Quillard “el artículo 13 no aporta soluciones prácticas o requerimientos de medida a la cadena de valor completa. No impone medidas”.
“YouTube puede permitirse todos los acuerdos necesarios para subir música, pero el resto de plataformas no tienen esta capacidad. A día de hoy las plataformas no son capaces de injerir los datos que aportamos desde YouTube para el pago de derechos», añadió.
Desde su punto de vista, «las nuevas directivas deberían garantizar que los creadores pueden ganar dinero con su creación y las plataformas deberán adoptar medidas protectoras además de tener que implementar filtros más agresivos para la integración de contenidos».
En este contexto, según Quillard, «el artículo 13 de la directiva no aporta respuestas a nadie”.
Cambio de paradigma
Con esta misma opinión se manifestó Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, preocupado por la protección jurídica y las implicaciones de una directiva cuyo objeto es la renovación del marco normativo actual.
Para Pérez Subías “la directiva cambia el paradigma de internet; el usuario pierde riqueza y diversidad».
Asimismo, manifestó que el artículo 3 limita a las startups «porque nos pone en inferioridad de condiciones”.
Ofelia Tejerina, doctora en Derecho Constitucional y miembro de la Asociación de Internautas, destacó que con la nueva directiva “los autores noveles van a ver censurado su contenido”.
Y es que con el algoritmo que controla los contenidos, se ha pasado a una responsabilidad directa de las plataformas.
A su juicio, “se está apartando a los jueces en el mundo de la tecnología para finalmente dar poder a las plataformas”.
Por último, José Carlos Erdozain, director de la Asesoría Jurídica de Pons IP intervino para señalar que esta directiva es crucial en la protección de derechos porque refuerza la propiedad intelectual.
“Desde el año 2000 hasta ahora ha habido mucha experiencia y entendemos que el poder judicial se ha puesto de lado desde el punto de vista de la infracción”, y añadía Erdozain que “resulta clave conseguir con esta directiva un proceso eficaz de protección jurídica”.
La primera parte de este debate se realizó el pasado mes de octubre en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Entonces y ahora, los ponentes hicieron referencia a un marco normativo de 2001 previo a la democratización de Internet y a la irrupción de un número ilimitado de herramientas digitales que favorecen la subida de contenidos a la red.
La pretensión inicial de la Comunidad Europea planteaba reforzar los derechos de autor defendiendo que las plataformas se enriquecen con el tráfico generado en los contenidos con copyright que suben los usuarios, sin que estos beneficios se compartan con las entidades que tienen sus derechos de reproducción.
