El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado hoy de forma unánime los recursos de amparo presentados por la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa Anna Simó, y las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel -en Suiza- y Mireia Boya, que cuestionaban la competencia «objetiva y funcional» del Tribunal Supremo para juzgar el ‘caso procés’.
Las solicitantes del amparo consideran que el órgano competente para juzgarlas es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).
Estos cuatro recursos son los primerosque resuelve el Constitucional de la treintena que han presentado en los últimos meses los encausados por el ‘procés’ y que ha aceptado a trámite.
La sentencia se notificará en los próximos días. Hoy únicamente se ha informado del fallo.
La causa de inadmisión es que han sido planteados de forma prematura en el proceso de amparo, al no haber agotado previamente la vía judicial ante el Tribunal Supremo con el planteamiento de un «artículo de previo y especial pronunciamiento» que solicitara la declinatoria de jurisdicción.
La celebración del citado artículo de previo pronunciamiento ya se ha solicitado por las defensas y se sustanciará en una vista pública el próximo martes, 18 de diciembre.
Lo que resulte de la misma, en el caso de ser contrario a los intereses de los procesados, podrá ser recurrido otra vez al Constitucional, que entonces ya podrá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
Entre los recursos que aún pendientes de verse están los que afectan a la situación de prisión preventiva de los procesados, varios de los cuales que han pedido al TC que les excarcele mientras revisa si en su caso se ha producido vulneración de derechos fundamentales.
En este caso se encuentra el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o los exconsellers presos Josep Rull y Jordi Turull.
El juicio en el Supremo contra los 18 exdirigentes catalanes acusados de los presuntos delitos de rebelión, secesión, desobediencia y malversación de fondos públicos se prevé que comience a finales de enero.
El tribunal que los juzgará está integrado por el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
El pasado miércoles, la Sala del 61 rechazó por unanimidad apartarlos del caso, como pretendían 9 de los procesados. La especial del Supremo no ve tachas de imparcialidad.
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