El presidente del Constitucional reconoce la labor de los magistrados eméritos en el 40 aniversario de la institución

El presidente del Constitucional reconoce la labor de los magistrados eméritos en el 40 aniversario de la institución

elogia la labor de los magistrados eméritos en el 40 aniversario de la institución

6 / 02 / 2020 06:40

Actualizado el 06 / 02 / 2020 14:06

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El viernes pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) celebró el 60 aniversario de su existencia y recordó a los jueces de los 47 países que, durante ese tiempo, formaron parte del máximo tribunal de garantías del Viejo Continente.

Juan José González Rivas, presidente del Constitucional, que tomó parte en aquella celebración, repitió ayer lunes, por la tarde, ese mismo reconocimiento al trabajo de todos los magistrados que han servido a la nación desde la pirámide truncada que alberga a esta institución a lo largo de los 40 años de existencia.

El presidente resaltó el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de aquellos magistrados, 27 de los cuales ya no están entre nosotros, «que han propiciado la interpretación auténtica de la norma fundamental y la defensa de los derechos y libertades fundamentales del Estado social, democrático y de derecho».

Fue en el prólogo de la presentación de la obra «Fundamentos de lo contencioso-administrativo’, de la que es autor el magistrado emérito del Constitucional –y magistrado de la Sala Tercera del Supremo–, Jorge Rodríguez-Zapata.

De izquierda a derecha, Jorge Rodríguez-Zapata, Juan José González -Rivas, Rafael Gómez-Ferrer Morante, y Manuel González Moreno. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

González Rivas, en su intervención hizo relación histórica de esta jurisdicción en España, desde sus comienzos, en 1845, hasta nuestros días, pasando por 1956, cuando Jesús González Pérez y Manuel Ballbé elaboraron el tronco de lo que después fue la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, resaltando, de forma especial, su aportación al sistema democrático.

El presidente del Constitucional, por último, subrayó de forma muy especial la relevancia de esta jurisdicción, esencial en el control de la legalidad y en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Después pasó a elogiar el libro de Rodríguez-Zapata, que tomó la palabra a continuación para señalar algunas deficiencias del Tribunal Supremo, en esta jurisdicción, como el hecho de que «no conoce la ley que emana de las autonomías, el derecho autonómico. La instancia termina en los Tribunales Superiores de Justicia, por lo que esto debería reformarse».

Le siguieron en la palabra Manuel González Moreno, director de la Editorial Tecnos, y  el también magistrado emérito, Rafael Gómez-Ferrer Morant, que formó parte delos primeros 12 miembro del Tribunal Constitucional nombrados en 1980.

Gómez-Ferrer hizo una brillante intervención, diseccionando el libro de Rodríguez Zapata.

«La justicia es un ideal. Este es el hilo conductor del libro: Cómo se llega desde el valor justicia a la aplicación de la justicia en casos concretos. Eso es lo que ha hecho el autor», dijo Gómez-Ferrer, quien también subrayó esa deficiencia indicada por Rodríguez-Zapata: la ausencia de casación o, incluso, de doble instancia en determinados casos de lo contencioso-administrativo.

Al acto asistieron cuatro predecesores de González Rivas: Francisco Pérez de los Cobos, Pascual Sala y María Emilia Casas y Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. También estuvo Rafael de Mendizábal.

Alfredo Montoya, Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez-Vares García, Antonio Narváez Rodríguez, Ricardo Enríquez Sancho, magistrados del Constitucional.

Por el Supremo, estuvieron Ángel Calderón, presidente de la Sala de lo Militar y vicepresidente en funciones, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y los magistrados de esa Sala, Pablo Lucas, Pilar Teso, Rafael Martínez Valverde, José Manuel Bandrés, Javier Borrego, Wenceslao Olea, y Ramón Trillo, predecesor de Díez-Picazo, actualmente jubilado.

Por la «cosa civil», Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, y Luis Martí Mingarro, exdecano del Colegio de Abogados de Madrid.

 

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