El juez Manuel García Castellón, que instruye las macrocausas Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre. Foto: EP
La Audiencia Nacional reactiva la causa de la financiación del PP de Madrid durante la etapa de Aguirre
El juez García Castellón pide información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría
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21/12/2018 15:05
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Actualizado: 21/12/2018 15:09
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido información a cinco entidades financieras -Caixabank, el Santander, el Banco Popular, Bankinter, y Banca March- y a la Agencia Tributaria Estatal sobre dos empresarios y siete mercantiles relacionadas con las presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2014, cuando Esperanza Aguirre presidía la formación.
Se trata de los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, de quien requiere datos sobre sus sociedades, movimientos en cuentas bancarias y hasta alquiler de cajas de seguridad.
También ha reclamado información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas S.A y una decena de sociedades, que podrían estar vinculadas a la financiación del partido durante aquellos cuatro años y en particular, con la campaña electoral de 2011.
En concreto, de las mercantiles Pamaz, Swat, Strat Map, The Cell Core, Formaselect Consulting, Demometrica Investigación de Mercados y Opinión Publica, y de la Escuela Europea de Dirección y Empresa.
García Castellón, que instruye las macro causas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo el mandato de Aguirre, ante indicios que apuntaban a que se sirvieron de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, una entidad pública, para utilizar a una de sus empresas adjudicatarias como vehículo para pagar a proveedores electorales.
Ha ordenado estas diligencias tras recibir un escrito de la UCO en el que se solicitan medidas de investigación relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP en la Comunicad de Madrid a través del citado ente público y el posible enriquecimiento ilícito de algunos de los directivos del mismo.
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