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¿Cuáles son las «líneas rojas» legales del presidente Sánchez en su «diálogo» con los separatistas?
Pedro Sánchez y Quim Torra durante la reunión que mantuvieron el pasado 9 de julio. Manuel Álvarez de Mon , exmagistrado y exfiscal, abogado en ejercicio, analiza en su columna las "líneas rojas" legales que el presidente del Gobierno no puede ni debe traspasar. Foto: EP.
29/12/2018 06:15
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Actualizado: 29/12/2018 00:26
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El pasado día 20 de diciembre de 2018 se celebró en Barcelona una reunión ampliamente difundida por los medios de comunicación entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, que presentada por los medios independentistas catalanes como una «cumbre gubernamental», insinuando una doble soberanía diferente, española y catalana, algo contrario al sentido de los artículos 1- 2 y 2 de la Constitución española.
Artículos que establecen dos cosas muy claras: La primera, la soberanía reside en el pueblo español y, la segunda, la indisoluble unidad de la Nación española, fundamento de la Constitución que, sin embargo, reconoce el derecho de autonomía de las regiones y nacionalidades que la integran.
El formato del encuentro fue un gesto simbólico, pero de alto significado político, ratificado expresamente por el comunicado posterior al hablar de los presidentes y de miembros de «ambos gobiernos», tal cual, como si estuvieran en un mismo nivel institucional y de soberanía.
La igualdad del Gobierno de Cataluña sería con el de otra Comunidad Autónoma u organo similar de otro estado pero no con el Gobierno de España, que preside Pedro Sanchez, que, con el formato de la reunión y el comunicado, devalúa políticamente el nivel representativo de su Gobierno al ponerse de igual a igual con un dirigente autonómico como es Torra.
El comunicado habla de la existencia de un»conflicto», de «vehicular una propuesta», de una «vía de diálogo» y de «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña».
La respuesta debe darse, se dice, en el «marco de la seguridad jurídica» y que «la vía del diálogo requerirá el esfuerzo de todas las Instituciones«.
UN LENGUAJE PARA MAQUILLAR O ENCUBRIR UNA REALIDAD
Todo este lenguaje sirve para maquillar o encubrir una realidad y es que Sánchez esta legitimando el mensaje de los independentistas catalanes de que hay un déficit democrático en la Constitución española y es que no reconoce a la nación catalana como entidad soberana y que por eso se constata un «conflicto», que debe resolverse al margen de la misma. cuya cita se soslaya.
Y se habla de «seguridad jurídica», teniendo en cuenta que para los independentistas catalanes la única legalidad que reconocen es solo la que emana del Parlamento de Cataluña, según llevan declarando reiteradamente desde 2015 y traduciendo en normas diversas.
Las más explícitas, la declaración del reconocimiento de la supuesta soberanía catalana y las llamadas leyes de desconexión con España y de transitoriedad jurídica de septiembre de 2017 con el posterior referéndum ilegal del 1 de octubre 2017 y la declaración subsiguiente de independencia de Puigdemont, transitoriamente suspendida.
Lo que condujo a la inevitable aplicación del artículo 155 de la Constitución y al enjuiciamiento por rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia de 18 dirigentes separatistas, la mayor parte miembros del gobierno autonómico cesado, la mesa del Parlament y los líderes de dos asociaciones independentistas, hechos todos notorios, de común conocimiento público .
Toda esta normativa fue derogada por el Tribunal Constitucional, que ya lo había hecho con diversos aspectos del Estatuto de Cataluña de 2005 (el pleno reconocimiento como nación de Cataluña, la cesión total de la competencia financiera y judicial y el monolingüismo, con el solo reconocimiento del catalán como único idioma oficial) impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, en su deseo de congraciarse con los secesionistas catalanes.
Como lo está haciendo ahora Sánchez, con el fin de obtener el apoyo parlamentario del PdeCat (antes Convergencia Democrática de Catalunya) y ERC en el Congreso de los Diputados y así permanecer en el Gobierno, al que llegó con su apoyo indudable.
Es evidente que a los separatistas catalanes les viene mejor un Gobierno de la nación cuya suerte esté en sus manos, más proclive a asumir sus propuestas secesionistas.
Aquí es donde es preciso examinar los límites legales e Sanchez partiendo del análisis de la situación fáctica en la que nos encontramos.
LAS «LÍNEAS ROJAS» LEGALES DE SÁNCHEZ
La situación es que las fuerzas separatistas catalanes que no representan la mitad del electorado catalán.
El Estatuto, parcialmente inconstitucional, de 2006 fue votado por el 49,41 por ciento del censo electoral el 18 de junio; un día soleado de verano que invitaba más a pasar el día en la playa o en el campo.
De los que fueron a votar, el 73,9% lo hizo a favor de la reforma estatutaria propuesta por la Generalitat presidida por el socialista Pasqual Maragall y el 20,7% se manifestó en contra.
En resumen, el nuevo Estatuto fue respaldado por el 36% de los ciudadanos catalanes con derecho a voto.
Las fuerzas políticas independentistas obtuvieron en las últimas elecciones autonómicas el 47 por ciento de los votos. Pero tienen, sin embargo, mayoría absoluta en el Parlamento autonómico por la ley electoral, que les beneficia en la distribución de escaños en detrimento de los no independentistas.
Los independentistas, haciendo valer su mayoría parlamentaria y con la complicidad de grupos violentos perfectamente organizados y manipulados, reclaman, para resolver lo que ellos denominan «el conflicto», un pretendido «derecho a decidir» o «derecho de autodeterminación» inexistente.
Sanchez ha aceptado el reto del diálogo en los términos planteados desafiando ya políticamente a la Constitución con el formato de la reunión con Torra del 20 de diciembre pasado y el ya aludido comunicado, lo que ha causado la alarma de importantes dirigentes socialistas como entre otros algunos presidentes autonómicos que advierten contra el uso de vías al margen de la Constitución.
Y aquí están las «líneas rojas» legales de Sánchez que no puede traspasar. Son límites muy claros.
En esto ya no sirven gestos, ni buenas intenciones o palabras, pues no puede ceder a la pretensión fundamental de los independentistas catalanes, que es que el Gobierno acceda al referido referéndum de autodeterminación .
Ello solo podría hacerse en el marco de una reforma del título preliminar de la Constitución (que fue mayoritariamente aprobada por los catalanes ) y que requiere, con arreglo al artículo 137 de la misma, mayorías cualificadas del Congreso y del Senado de las que carece Sánchez.
Un proceso que requiere, además, repetir elecciones, que las nuevas Cortes ratifiquen el proyecto y que se realice un referéndum posterior de todos los ciudadanos españoles.
O sea, que sin acuerdo con el PP, con la composición actual de las Cortes, Sanchez no puede ceder a dicha pretensión máxima independentista.
Puede ofrecer intentar acuerdos con las demás fuerzas políticas con ese objetivo pero nada más. O propuestas incluidas en la Constitución.
Hacer otra cosa seria sencillamente ponerse al margen de la Constitución.
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