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La Ley de Enjuiciamiento Criminal está obsoleta y el Código Penal hace agua
El autor de la columna, Juan Gonzalo Ospina. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
30/12/2018 06:15
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Actualizado: 30/12/2018 11:04
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El derecho penal está de actualidad: el procés, caso Bankia, asesinato de Laura Luelmo, que si Prisión Permanente Revisable o revisión de los tipos penales para diferenciar la «violencia» frente al abuso de superioridad con «prevalimiento» en los delitos contra la libertad sexual cómo es en el caso de «la manada».
Sin embargo, no son pocas las resoluciones judiciales que producen una profunda incomprensión y ante esta, desafección de la ciudadanía frente a sus instituciones.
No se entiende bien, cómo es posible que los integrantes de «la manada», con dos sentencias condenatorias de 9 años de prisión, sigan libres a la espera de que el Supremo confirme o no, tales resoluciones, mientras que Eduardo Zaplana, gravemente enfermo, continúa en prisión preventiva por una causa que se inició en 2015 y por unos supuestos hechos del 2006.
Y aunque estos actos sean legales, la ley está obsoleta, el proceso penal hace aguas, la ciudadanía se indigna y la clase política mira hacia otro lado centrada en debatir si nuestros jueces tienen la debida percepción de género.
¿Y qué ocasiona esta situación?
Una Ley de Enjuiciamiento Criminal obsoleta de 1882 y un Código Penal con profundas desigualdades que permiten, que por un robo con violencia -tirón de un bolso y apropiación de 40 euros se pueda imponer una pena de 3 años y 8 meses de prisión- (con el acusado en prisión preventiva desde la detención) pero para una estafa de 100.000 euros la pena sea de dos años, con el acusado en libertad, y acordándose la suspensión de la pena el día del juicio evitando así el ingreso en prisión.
Por no hablar de la discrecionalidad en la detención policial, que nos acerca a un sistema penal más propio de la inquisición que de una democracia moderna.
Para botón, dos casos
Hace unos días nos llamó la madre de un cliente.
La policía había acudido a la vivienda preguntando por su hijo.
Contactamos con la comisaría y preguntamos si podíamos acudir voluntariamente. Sin embargo nos indicaron que de hacerlo se quedaría el cliente detenido.
Eran las ocho de la tarde y al día siguiente trabajaba: ¿perder su trabajo ante una detención que no merecía ninguna urgencia?
Un chico de 21 años sin antecedentes penales, que no suponía riesgo para la víctima, y que no se fugaría en modo alguno.
¿Qué sentido tenía?
O que decir de una instrucción que recae sobre un juez instructor, (que realmente no investiga ya que esto lo hace la polícia) y que anula cualquier carácter de inmediatez u oportunidad para impedir el delito.
Hace años ejercíamos como acusación en una estafa, y conocíamos que el denunciado, con el fin de no abonar la posible responsabilidad económica, vendía uno de sus inmuebles libremente.
Lo denunciamos ante el juez del caso, y renunció a hacer nada dado el momento procesal, alegando además que eso debiera de denunciarse en decanato.
Proseguimos ante el juez de guardia para que se anotara un embargo preventivo.
Sin resultado.
La ley no protege lo suficiente a la víctima
Al final, para cuando un juzgado decidía actuar, ya había vendido la casa, acabó condenado pero no pagó ninguna responsabilidad civil a nuestro defendido y por la inoperancia de la justicia, debido a las largas dilaciones indebidas, nunca entró en prisión.
Así es la realidad de nuestra ley: no protege lo suficiente a la víctima, puede condenar a inocentes y deja impunes en algunos casos a los culpables.
Nuestro proceso penal reclama una profunda reforma, transversal y apolítica, «un Pacto de Estado para nuestros derechos y libertades», no sólo en las formas de investigación entre un juez instructor o un fiscal investigador sino con modificaciones sencillas que produzcan pequeños matices de la ley pero que fortalezcan el proceso.
No sólo hemos de salvaguardar mejor los derechos y libertades sino que la ciudadanía debe recuperar su respeto y creencia en nuestras instituciones.
La justicia también, se debe a una cuestión de percepciones, sin una justicia de calidad no tendremos nunca la democracia que nos merecemos.
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