El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado el 25 de febrero próximo, a las 14.30, para la vista pública sobre la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zarraquino.
Este magistrado consideró que la decisión del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2017, validando el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) porque gozaba de transparencia y no era abusivo, vulneraba, de hecho, la legislación comunitaria en materia de protección de consumidores en productos financieros.
La Comisión Europea, en su informe de observaciones escritas al TJUE del 17 de septiembre del 2018, se alineó a favor de los clientes afectados por el IRPH, que en España pasan del millón, situándose en sentido contrario a la sentencia del Tribunal Supremo. Una hipoteca de estas características implica pagar 1.200 euros más.
La Gran Sala estará compuesta por los jueces Koen Lenaerts, presidente, belga; Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta, española; Eugene Regan, irlandés; Jean Claude Bonichot, francés; Alexander Arabadjiev, búlgaro; Constantinos Lycourgos, griego; Lars Bay Larsen, danés; Küllike Jürimäe, estonia; Thomas von Danwitz, alemán; François Bilgen, francés; Camelia Toader, rumana; Marek Safjan, polaco; Christopher Vajda, inglés; Daniel Šváby, eslovaca, y Sinisa Rodin, croata, que será la ponente.
El abogado general designado es el polaco Maciej Szpunar. Tras la vista, y antes de la sentencia, el abogado general hará públicas sus conclusiones.
La figura del abogado general del TJUE -son 9, de otros tantos países- no tiene nada que ver con los abogados, fiscales o abogados del Estado. Desempeña un papel especial en el Tribunal de Justicia, aportando a los jueces su opinión con total imparcialidad e independencia. No forman parte de las deliberaciones del Tribunal, cuyos jueces son los que finalmente aportan la decisión final.
Las conclusiones del abogado general no se presentan en todos los supuestos, sino solo cuando el asunto lo merece. Cada vez que hay un elemento de novedad, de falta de claridad, se piden conclusiones. Este es el caso.
Sus decisiones no son vinculantes, de cara a la futura sentencia. Estadísticamente, en el 67 por ciento de las sentencias los magistrados del TJUE siguen los dictámenes de los abogados generales.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, organización que representa a más de mil familias, se muestra muy optimista y convencida de que «una vez más, Europa dará la razón a los consumidores».
