El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso, firmada por la portavoz del GPP, Dolors Montserrat, relativa a “garantizar el uso del castellano en términos de libertad e igualdad en el conjunto del Estado español”, para su debate en el Pleno de la Cámara Baja.
La asociación Hablamos Español, que preside Gloria Lago, ha afirmado en declaraciones a Confilegal que “en la actualidad, la imposición lingüística está más que asentada en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares” y “empieza a haber también inquietud en Asturias”.
El pasado diciembre denunció que en la Comunidad valenciana se están llevando a cabo campañas dirigidas a niños para sustituir el español por la lengua autonómica».
También ha alertado de que la Generalitat trata de sustituir el español por el valenciano, y ha alertado de que el gobierno vasco y otras instituciones han puesto en marcha una campaña para “marcar con una chapa a las personas según su conocimiento del euskera”. Se llama ‘Euskaraldía’, y explica que también llegado a los colegios.
Actúa VOX también ha informado recientemente que el gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, ha aprobado un decreto que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el que “pretende imponer el catalán hasta en la administración de Justicia, donde la autonomía no tiene competencias transferidas”.
LA PROPOSICIÓN DEL PP, AL DETALLE
En la proposición del PP se insta al Gobierno a promover una legislación básica que garantice el ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda España.
Exige que se garantice en la reforma educativa el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en el país, en el marco de un bilingüismo o plurilingüismo integrador, y reclama medidas para “eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos con independencia del lugar en el que estos residan”.
«Se trata de garantizar la libertad real en igualdad de condiciones del uso del castellano en Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y no como un instrumento de enfrentamiento y discriminación», explica el PP.
Destaca que el Estado debe ejercer las competencias que la Constitución le atribuye sin delegar en las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo.
El PP afirma que “un Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos”.
Aboga por nuevas políticas que rompan con la imposición de las lenguas “y no den tregua a quienes hipotecan nuestros derechos a cambio de rédito electoral y de mantenerse en el Gobierno a cualquier precio”.
En la proposición el artículo 3 de la Constitución, que proclama que «el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» y que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
El PP subraya que para ello es necesario «garantizar la libertad real e igualdad de condiciones del uso del castellano en los territorios de las comunidades autónomas con lengua cooficial, como criterio básico que ha de inspirar cualquier regulación que establezcan los poderes públicos, y no como un instrumento de enfrentamiento y discriminación».
Además, indica que «el Estado debe ejercer las competencias que la Constitución le atribuye, en lugar de delegar en las comunidades autónomas el uso vehicular de las lenguas en el ámbito educativo, como ocurre en la reforma educativa que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez, que delega en las CCAA una competencia estatal, de tal suerte que permite asignar un uso marginal a la lengua castellana por aquellas administraciones que así lo dispongan».
Hace hincapié en que el castellano es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y goza del deber constitucional de ser conocido, sin olvidar que son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos y no los territorios.
Recuerda que es, además, una lengua que habla el 7,8% de la población mundial. «Unas cifras que demuestran el extraordinario valor que tiene el español y no solo para España, sino en el mundo actual en el que la información y la comunicación nos une y acerca ciudadanos de distintos hemisferios y diferentes continentes».
Por ello, señala que «un Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en cualquiera de los ámbitos que ésta se produzca».
«Es inadmisible que los ciudadanos vean defraudados sus derechos, obligados a acudir a los tribunales de Justicia frente a Administraciones que hacen un uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento», subraya.
Añade que las leyes y las sentencias son de obligado cumplimiento por todos y que las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en sus ámbitos competenciales, en este caso, siguiendo el mandato constitucional que reconoce el derecho al uso del castellano y que «tendría que estar presente en todos los ámbitos de las administraciones públicas».
La formación destaca que además de los instrumentos de derecho para su defensa y garantía, es necesario llevar a cabo nuevas políticas que «rompan los cinturones rojos de imposición de las lenguas, que promuevan la libertad, la igualdad y la convivencia, y que no den tregua a quienes hipotecan nuestros derechos a cambio de rédito electoral y de mantenerse en el Gobierno a cualquier precio».
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