Actúa VOX ha informado hoy que el gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, ha aprobado un decreto que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el que «pretende imponer el catalán hasta en la administración de Justicia, donde la autonomía no tiene competencias transferidas».
El presidente de esta coalición en Baleares, Jorge Campos, ha explicado en un comunicado que este decreto «obliga a los abogados a presentar todas las actuaciones en catalán habiendo multitud de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que vienen de otras partes de España».
Se trata del decreto 49/2018, aprobado el pasado 21 de diciembre de 2018 y publicado en el Boletín Oficial de las islas Baleares (BOIB) el día 22. «En fiestas navideñas para pasar desapercibido», apunta Campos.
En concreto, recoge que «los abogados y los representantes legales de la Administración utilizarán normalmente el catalán en sus actuaciones de carácter procesal ante los órganos judiciales radicados en las Illes Balears o dentro del ámbito lingüístico catalán» y que «las comunicaciones dirigidas a la Administración de justicia se realizarán en catalán cuando se trate de órganos judiciales radicados en las Illes Balears o en el ámbito lingüístico catalán».
Actúa VOX explica que dicho decreto también «obliga a todos los trabajadores públicos a redactar y hablar exclusivamente en catalán, a rotular en los edificios públicos interna y externamente sólo en catalán, al igual que la megafonía, la publicidad institucional, actos, todos los recursos materiales, el software informático», y a que las máquinas de café y expendedoras utilicen únicamente el catalán.
Respecto a los trabajadores públicos, el decreto dice textualmente que «tienen que conocer las dos lenguas oficiales en un nivel que les permita desarrollar las funciones correspondientes a sus puestos de trabajo y facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos lingüísticos en las relaciones con la Administración», que los órganos competentes en materia de personal facilitarán a los trabajadores públicos que dependan de ellos las vías y los instrumentos adecuados para que perfeccionen sus habilidades lingüísticas, y que la formación que la Administración de la Comunidad Autónoma ofrece a su personal se vehiculará normalmente en lengua catalana.
Actúa VOX indica que las pruebas deportivas que reciban alguna ayuda pública también «tendrán que ser en catalán, al igual que las intervenciones públicas de las autoridades, cargos o trabajadores públicos» y que las empresas privadas que contraten con la administración pública «estarán obligadas a utilizar el catalán e incluso a disponer de empleados que lo hablen».
«La discriminación lingüística también afecta a los ciudadanos que tengan que relacionarse con la administración pública de Baleares ya que ésta sólo les atenderá en catalán«, denuncia la coalición.
«Si el ciudadano quiere algún tipo de documentación o certificación en español tendrá que solicitarlo expresamente», añade.
Además, informa que se prevé la contratación de «asesores lingüísticos» que «a modo de comisarios políticos» controlarán la «correcta utilización del catalán», lo que «supondrá aumentar aún más el gasto público para la catalanización».
El decreto dice que «la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tiene que velar para que la dotación de personal del cuerpo facultativo superior, especialidad asesor lingüístico, en cada consejería y entidad que integra el sector público instrumental sea adecuada y suficiente para facilitar la aplicación de lo que se establece en este decreto».
Actúa VOX señala que este decreto es parecido al que la Generalidad Valenciana aprobó en 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró nulo por discriminatorio al no tener en cuenta la realidad bilingüe del territorio.
No obstante, puntualiza que el decreto valenciano «no llegó tan lejos como el aprobado por Armengol», que «impone el catalán en la Administración de Justicia, donde se obliga a los letrados de la Comunidad Autónoma a utilizar el catalán en las actuaciones judiciales».
Para Jorge Campos, este decreto «demuestra hasta qué punto llega el fanatismo catalanista de Armengol».
Campos explica que éste se basa en la Ley de normalización lingüística de 1986 aprobada por el PP.
Según el gobierno balear, el objetivo del mismo es «regular los usos institucionales y administrativos de la lengua catalana y de la castellana», de acuerdo con los principios de «fomento y normalización del uso de la lengua catalana», «garantía del derecho de opción lingüística y, en general, de los derechos lingüísticos de los ciudadanos», «interdicción de la discriminación por razón de lengua», y «garantía de la utilización de un modelo lingüístico de calidad».
«Si obtenemos responsabilidad de gobierno el próximo mayo nos comprometemos a derogar toda la normativa lingüística catalanista que ha llevado a esta discriminación hacia los hispanohablantes«, anuncia.
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