Treinta y seis días ha estado vigente el Real Decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que aprobó el Consejo de Ministros a instancia del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
En el Pleno extraordinario de este martes, el voto en contra de Unidos Podemos, por no establecer esa reforma un control de los precios de los alquileres, se ha unido también a la negativa de partidos como PP, Ciudadanos, mas partidarios de mantener el status quo anterior a dicho Real Decreto y los votos de ERC, UPN, Bildu y Foro Asturias.
Los votos de PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias -103, en total- no han sido suficientes para la convalidación de esta norma. La suma del resto ha sido de 241. Y una abstención.
La lectura de esta derrota parlamentaria hay que analizarla también desde una perspectiva más amplia.
Cualquier norma que no se consensue con las fuerzas parlamentarias de forma suficiente puede sufrir las mismas consecuencias que el citado Real Decreto sobre Alquiler.
Habra que ver si a corto plazo el Gobierno de Pedro Sanchez reduce su interposición de Reales Decretos y busca el consenso político.
Ahora habrá que ver si Fomento es receptivo y modifica dicha norma, necesaria para muchos expertos para frenar la escalada de alquileres.
La cuestión principal que se dilucida tiene que ver con el control de los precios de alquiler.
Una practica que tanto entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como formaciones políticas como Unidos Podemos creen necesaria para frenar los abusos de los alquileres.
Nuestra publicación se hacia eco de un debate escrito entre las dos posturas diferentes, a favor de ese control y mantener la situación igual y que el mercado dedica.
¿Cuál es la situación actual?
En cuanto a la situación que se genera tras la no convalidación del mencionado Real Decreto Ley “en el caso de los que se firmaron durante los 36 días que estuvo vigente el Decreto Ley su contrato seguirá vigente y se les aplicará la norma que estuvo vigente durante estos días”, señala Francisco Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Navarra y colaborador del portal financiero IAhorro.com
También opina así Alberto Torres, abogado y presidente de la sección de arrendamientos del iCAM “era ya esperable este fallo, pese a ello genera cierta sorpresa. A partir de mañana habrá otro régimen jurídico diferente al que había hasta este martes”.
A su juicio el Real Decreto Ley tenía deficiencias muy notables como se indicó en ese debate celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid.
«Es el tema de los servicios sociales, ya colapsados, que regulado de esta forma aplazaba sine die cualquier lanzamiento. No reflejaba la normativa el plazo para que se pusiera en contacto con los juzgados”.
Uno de los puntos más destacados del decreto Ley era el cambio en la duración de los contratos que pasaba de los tres años a los cinco. En el caso de que el casero fuera una sociedad el nuevo limite se establecía en siete años.
«Lo normal es que los ciudadanos firmen contratos de alquiler por un año, pero los que firmaron durante los 36 días podrían contar con una prórroga forzosa de hasta cinco años», explica Torres.
Torres no cree que vaya a generarse litigiosidad entre propietario e inquilino por estos contratos firmados en este mes largo.
“Hay que recordar que para las personas jurídicas si se ha firmado en ese espacio de tiempo la duración será de siete años. Creo que todos estos contratos suscritos se sujetarán al régimen jurídico que estableció dicho Real Decreto Ley”.
Para este experto es necesaria una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero “no soy partidario del control de los precios como algunas voces señalan. Lo más lógico sería buscar otras medidas relacionadas con el incremento de vivienda social, por ejemplo”.
A nivel parlamentario nos explica que “hay dos proyectos en el parlamento sobre este tema, uno del PSOE y otro de Podemos. Están ahí parados, pero están presentados. Habrá que ver porque opta el PSOE. Pero es posible que ya no dé tiempo en esa legislatura a que cualquiera de esos proyectos de ley se ponga en marcha”.
Desde su punto de vista” en el año que queda de legislatura iría muy justo para su tramitación. Lo que queda es trabajar en los dos proyectos presentados citados o con uno nuevo. Pero todo requiere tiempo de tramitación, apoyo y negociaciones. Veremos si la reforma de la LAU se hace en esta legislatura”.
«Al final como el decreto no se convalida se vuelve al régimen jurídico anterior. Eso significa que el máximo de años por contrato seguirá siendo de tres años en estos casos», señala el presidente de la sección de arrendamientos urbanos del ICAM.
