La Fiscalía, sobre el 'procés': 'La diana del ataque fue el Estado constitucional'

El Supremo accede a que Rajoy declare como testigo en el juicio del ‘caso procés’

La Sala de lo Penal del Supremo permitirá a los acusados expresarse en catalán si lo desean

24 / 01 / 2019 17:18

Actualizado el 24 / 01 / 2019 17:20

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La Sala de lo Penal del Supremo, que juzgará el ‘caso procés’, ha acordado citar a declarar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, como reclaman algunas defensas y VOX -que ejerce la acusación popular-, mientras que ha rechazado citar al Rey, los huidos Carles Puigdemont y Marta Rovira, y al portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó. 

El tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, ultima la lista de los testigos que serán llamados al juicio. Aunque todavía no se ha hecho pública -previsiblemente se conocerá la próxima semana-, ya se han alcanzado acuerdos, como los citados, según han informado fuentes jurídicas.

La presencia de Rajoy se reclamará en aras a garantizar la objetividad y por creerlo necesario para acreditar el relato de lo sucedido en las jornadas que rodearon los hechos que Fiscalía califica de rebelión, han señalado las mismas fuentes.

Se trataría, por un lado, de garantizar al máximo el ejercido de la defensa por parte de los abogados de los 12 exlíderes catalanes que se sentarán en el banquillo (de cara a evitar posibles motivos de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Por el otro, de acreditar mediante prueba de contradicción algunos extremos que aparecen los escritos de las acusaciones, como el hecho de que Rajoy preguntara por escrito al expresident Carles Puigdemont si había declarado la independencia y el sentido de la respuesta.

Los siete magistrados que conforman el tribunal que juzgará la causa del «procés» en el Supremo: Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena (presidente y ponente), Antonio del Moral, Ana María Ferrer y Andrés Palomo. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal (Foto Andrés Palomo, Poder Judicial).

El rechazo de la testifical de Felipe VI era predecible dado que el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exceptúa de forma expresa al Monarca de la obligación de concurrir al llamamiento judicial para prestar declaración en calidad de testigo en cualquier procedimiento.

Aún falta decidir si se accede a la petición de las defensas del expresidente de la ANC y el líder de JxCat en el Parlamento catalán, Jordi Sànchez, y de los exconsejeros y diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull de sustituir su testimonio por el del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.

Repecto del expresidente catalán Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la Justicia y cuyo testimonio se solicita por la práctica totalidad de las defensas, la el tribunal considera que no deben comparecer en el juicio al tener en cuenta su condición de procesados en el mismo procedimiento, ya que al acudir como testigos están obligados a decir verdad.

EL ASUNTO COSIDÓ QUEDÓ ZANJADO

La comparecencia de Cosidó fue solicitada por la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva.

Cosidó no aparece en el relato de hechos que realizan la Fiscalía y el resto de acusaciones en este procedimiento, por lo que según la Sala de lo Penal.

La defensa de Junqueras la reclama en relación al whatsapp que Cosidó envió al resto de senadores afirmando que designar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda “desde atrás”.

El asunto Cosidó y su vinculación con este caso es considerado algo ya «totalmente zanjado» por el tribunal, según las mismas fuentes.

Aquel mensaje fue utilizado por siete de los procesados en la causa -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Anna Simó y Jordi Cuixart- para intentar apartar a Manuel Marchena del caso. 

Las citadas fuentes recuerdan que en el auto de la Sala del 61 el Supremo en el que se rechazó la recusación de Marchena, se dijo expresamente que los mensajes de Cosidó no fueron más que un argumentario que el político utilizó para justificar un pacto con otra formación política, en el que realizó «afirmaciones -sobre lo que desconoce por completo, el funcionamiento de la Administración de Justicia-, y que demuestra una inaptitud de raíz para conocerla por falta de los elementos más básicos de la separación de poderes».

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