La Ley flanqueada por la Justicia y el Derecho, grupo escultórico del escultor catalán Miguel Blay, que corona el edificio del Tribunal Supremo, en Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Rajoy, Santamaría, Mas, Rufián y Torrent, entre las más de 500 personas que declararán en el juicio del ‘procés’
El Supremo no reservará espacio específico para observadores; argumenta que su presencia no es necesaria porque todo el mundo podrá verlo
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01/2/2019 17:20
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Actualizado: 01/2/2019 17:57
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El tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgará el ‘caso procés’ a partir del próximo 12 de febrero ha aceptado la declaración en el juicio de más de 500 testigos, incluidos los 256 solicitados por la Fiscalía.
Hoy ha dictado el auto de admisión de prueba, de 145 páginas.
Los magistrados han aceptado que testifiquen el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
También interrogarán al actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, al que fuera Mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y al exalcalde de Barcelona Xavier Trias.
Otros testigos aceptados son el que fuera número dos de Junqueras Josep Maria Jové, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, el exdelegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló, y la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana.
Los siete magistrados que conforman el tribunal que juzgará la causa del «procés» en el Supremo: Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena (presidente y ponente), Antonio del Moral, Ana María Ferrer y Andrés Palomo. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal (Foto Andrés Palomo, Poder Judicial).
Además, han sido llamados como testigos numerosos diputados del Parlamento en el momento de la Declaración de Independencia de Catalunya, entre ellos el cantautor Lluís Llach, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech, el magistrado suspendido por elaborar una Constitución para Cataluña Santiago Vidal, los cuatro exconsejeros de Carles Puigdemont que dimitieron el pasado mes de julio y los exmiembros de la Mesa de Parlamento catalán procesados por el magistrado Pablo Llarena y que finalmente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), con excepción de Ramona Barrufet.
Se suman a la lista la letrada judicial del juzgado número 13 de Barcelona, Montserrat Toro -que tuvo que abandonar por los tejados la Consejería de Economía debido a la concentración del 20 de septiembre de 2017–, los observadores internacionales para el 1-0 contratados por el Diplocat y el exjefe de los Mossos que sustituyó a Trapero, Ferran López.
También se llamará al secretario general de la UGT, José María Álvarez, al exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó y a ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.
LOS RECHAZADOS
El tribunal ha rechazado testificales como la del Rey «porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, «al no admitir nuestro sistema el «testigo por sustitución»».
Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, «al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014».
También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso.
Los magistrados señalan que «la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo».
Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se encuentra también Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «son prescindibles» sus «valoraciones».
Ha rechazado, asimismo, la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP.
El tribunal indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.
No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación».
Al respecto, los señalan que «la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».
Tampoco ha aceptado la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston.
Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar «sobre los hechos objeto de acusación».
«En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos», señalan.
LOS OBSERVADORES
Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados.
El tribunal rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional».
Indica que precisamente por ello, ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web.
«La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming», señala.
La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes.
El tribunal ha aceptado también una «amplísima» prueba documental, así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas.
DOS PLAZAS POR PROCESADO PARA FAMILIARES Y ALLEGADOS
El tribunal ha fijado en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados.
Los acusados solicitaban entre y cinco y diez plazas para cada uno de ellos.
Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde previsiblemente se celebrará el juicio.
«El mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados», señalan los magistrados.
El juicio arrancará el 12 de febrero, martes, a las 10.00 de la mañana.
Se desarrollará en tres jornadas semanales, que se celebrarán de martes a jueves.
Las cuestiones previas y los interrogatorios de los procesados tendrán lugar las dos primeras semanas, entre el 12 y 21 de este mes.
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