PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Las cosas claras sobre el juicio del llamado “procés”

Manuel Álvarez de Mon Soto, el columnista, es abogado y exmagistrado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
|

Se inicia en el Tribunal Supremo el próximo día 12 de febrero de 2019 el juicio llamado “procés”, por los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre-octubre de 2017 y en el que se acusa a varios implicados de delito de rebelión.

Así se hace por parte de la acusación del Ministerio Fiscal y de la acción popular, ejercida por el partido Vox, juicio del que se ha informado con gran profusión por todos los medios de comunicación y que ha sido analizado desde varios puntos de vista en Confilegal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Recientemente los fiscales Avelina Alina Robles y Pedro Díaz Torrejón han expuesto claramente el modo de actuación independiente al menos hasta ahora del Ministerio público.

Pues bien el independentismo catalán, con la colaboración de sectores de la abogacía catalana, con el decano de Terrasa, Ignasi Puig, quien actualmente es presidente del Consejo de Abogados de Cataluña, están tratando de manipular a la opinión pública nacional e internacional e indudablemente de presionar a los magistrados juzgadores, con el mensaje de ser un “juicio” meramente político en el que lo que se juzga no son delitos del Código Penal sino al supuesto derecho de autoderminacion de Cataluña y a quienes han pretendido llevarlo a efecto.

A ello hay que unir el comportamiento de Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, con sus gestos de complicidad gestual con Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, y con el cambio de posición de la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ejecutivo, que ha retirado la acusación de rebelión.

PUBLICIDAD

¿Qué hay realmente detrás de los hechos que han llevado hasta este juicio y de la parafernalia de presión política que le rodea?

Sencillamente una auténtica revolución contra la Constitución de 1978 y la integridad territorial de España, que implica una rebelión sin causa que la legitime o justifique.

PUBLICIDAD

Examinemos el significado del “procés” desde un punto de vista general sociológico de teoría política y como no cabe ese supuesto derecho de autodeterminación que pretende justificarlo.

PUBLICIDAD

CATALUÑA YA SE AUTODETERMINA DESDE 1978

Empecemos por negar el supuesto derecho de autodeterminación, que no es tal. Porque de lo que se está realmente hablando es del derecho a la secesión. A que sin haber sido nunca colonia, porque Cataluña no lo ha sido históricamente, sus miembros, por mayoría puedan formar un Estado propio.

Cataluña se autodetermina desde que se implantó la democracia en España, con la Constitución de 1978, que fue apoyada por más del 90 % de los votantes de Cataluña, la proporción más alta de todos los territorios españoles, lo que legitimó su integración historica en el Reino de España junto a las demás comunidades que la integran.

Desde entonces, sus ciudadanos votan cada cuatro años la elección de sus representantes.

Cataluña tiene un parlamento propio, instituciones propias, elabora legislación propia, posee una policía autonómica -los Mossos d’Escuadra-, medios de comunicación públicos (TV3 y Catalunya Radio) y una lengua propia que se utiliza en toda la Administración Autonómica. 

Su nivel de autogobierno es de los más altos de los estados federales del mundo. Superior, incluso, a los admirados “landers” alemanes.

PUBLICIDAD

Comparar Cataluña con una colonia sometida social, económica y militarmente para reivindicar el derecho de autodeterminación es un insulto a la inteligencia.

HECHOS QUE HAN LLEVADO A JUICIO AL “PROCÉS”

Para ello es preciso ver algo de historia.

Ya en los inicios de la democracia el exhonorable Jordi Pujol decía que había que “fer” (hacer) país y para ello iba cada vez consiguiendo más competencias que arrancaba a los gobiernos españoles a cambio de su interesado apoyo parlamentario.

Su objetivo final no declarado era la independencia en cuanto fuera el momento idóneo, como se ha visto después.

ERC, más sincera, nunca ocultó su fin independentista ya desde Heribert Barrera.

Pues bien José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno nacional -“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, dice su artículo 2- cedió una serie de competencias que fueron declaradas inconstitucionales en 2010 por la índole de la materia y por su blindaje, haciéndolas irreversibles para el estado, en el innecesario Estatuto de Cataluña de 18 de junio de 2006.

Y utilizo el calificativo innecesario porque aquel referéndum, que fue votado un maravilloso y soleado domingo, como recuerdo muy bien, por el 48,8 % del electorado.

Diez puntos menos de participación que el anterior, del 25 de octubre de 1979.

A la ciudadanía le preocupó más disfrutar de aquel día que votar el nuevo Estatuto que tanto había “vendido” previamente el tripartito a través de los medios de comunicación y de la publicidad.

“ESPAÑA NOS ROBA”, UN ESLOGAN IMPORTADO DE CROACIA ANTES DE LA GUERRA CIVIL QUE DESGAJÓ YUGOSLAVIA

La crisis económica, que tanto golpeó a nuestro país, incluyendo a Cataluña, fue la disculpa ideal de los independentistas que, con la coartada de un agravio institucional, movilizaron a las masas ya, adoctrinadas por la enseñanza nacionalista sectaria y unos medios de comunicación subvencionados por el independentismo, con gigantescas manifestaciones, que se creían eslóganes mentirosos como el de “España nos roba”.

Un eslogan importado de Croacia, donde fue gestado en los meses previos a la guerra civil que desgajó Yugoslavia, en la forma de “Yugoslavia nos roba” y que también tuvo una adaptación en el referéndum del Brexit: “La Unión Europea nos roba”.

A su vez se imponía el monolinguismo de solo el catalán en todos los ámbitos, con la erradicación del castellano, bajo la excusa, al principio, de defender el catalán, lo cual era falso, pues el objetivo final era una Cataluña monolingüe separada emocionalmente del resto de España, apta para el abono independentista.

Junto a esto se realizan medidas legislativas que van desde declarar la soberanía de Cataluña hasta las denominadas “leyes de desconexión” de septiembre de 2017 medidas todas lógicamente declaradas inconstitucionales.

Además tras la votación participativa de Artur Mas se llega al referéndum ilegal del 1 octubre de 2017 y la “declaración” de independencia de Carles Puigdemont, con todos los hechos notorios que llevan al juicio del “procés”.

Las medidas legislativas del Parlamento de Cataluña, además de ilegales, eran coactivas para los funcionarios.

A ello se unió violencia física contra personas difundidas por los medios de comunicación y violencia moral como suponen algaradas gigantescas, actos de sabotaje a medios de transporte o las mismas medidas ilegales coactivas .

Estos hechos suponen indiciariamente delito de rebelión, con la presunción de inocencia de los acusados, por supuesto, hasta que los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decida en consecuencia.

FRAGMENTAR ESPAÑA

En definitiva se trata, de imponer a la mayoría de los catalanes, (pues el independentismo no alcanza al 50 % de la población, sin perjuicio de su poder político, por mor de la Ley Electoral) y al resto de los españoles un nuevo orden constitucional fuera de los cauces legales de un estado democrático como es España que además implicaría su fragmentación territorial.

Dentro de la Constitución puede hacerse todo, modificarse, e incluso derogarla, pero por sus cauces legales.

Hacerlo unilateralmente, por autootorgarse una soberanía que no se tiene choca con la Ley, incluida lógicamente la penal.

Una rebelión solo se puede justificar cuando lo que impera es la tiranía o la opresión institucional.

O cuando se violan derechos fundamentales del hombre, lo que no sucede en Cataluña. O mejor dicho, no sucedía, pues ahora si hay sectores independentistas que oprimen y coaccionan a quienes no lo son, para que se aquieten a sus pretensiones.

Aunque lo peor es la quietud del poder del Estado frente a quienes violan la ley, y en eso ha habido y hay culpa de los sucesivos Gobiernos nacionales.

Hablando claro, la falta de sentido de estado de los partidos nacionales, o de ámbito estatal, como se dice en el lenguaje de los independentistas, que prefirieron ceder al chantaje nacionalista antes de pactar entre ellos.

Se hizo verdad el “divide y vencerás”, de Julio César.

Se pudo haber negociado racionalmente la política territorial española y no se hubiera llegado a esta situación.

La falta de visión y el egoísmo político ha llevado a situaciones indeseables como la que ha causado el “procés”.

De aquellos polvos estos lodos.