La asociación Empresaris de Catalunya ha pedido a los líderes separatistas al comienzo del juicio del ‘procés’ que «dejen de mentir» sobre la naturaleza del mismo y la independencia del tribunal, dado que «sus falsedades crean inseguridad jurídica, ahuyentan inversiones y frenan la economía».
Así lo ha expresado en un comunicado esta entidad que agrupa a más de 500 empresarios y directivos de empresas catalanas contrarios a la independencia de Cataluña.
La asociación ha señalado que los datos de caída de inversión en Cataluña, la menor creación de empresas o evolución menos potente de la creación de empleo en relación a otras comunidades de España es «atribuible a la campaña de difamación y falsedades que el separatismo verte sobre Cataluña, España y su realidad política y judicial».
“El independentismo piensa que Cataluña y España son realidades distintas, pero eso no es cierto, y al hablar mal de España lo hacen también de Cataluña», ha indicado el presidente de esta entidad, Carlos Rivadulla.
«Desde un punto de vista económico nos afecta a todos de forma negativa», ha apuntado.
Rivadulla ha destacado que el separatismo ha entrado en la «paradoja absurda de intentar atraer inversiones mientras al mismo tiempo alega que vivimos en un Estado opresor”.
El presidente de Empresaris de Catalunya ha criticado que el gobierno catalán «lleva meses creando un relato falso sobre la justicia y la naturaleza de los juicios» y ha recalcado que «sus falsas críticas acaban afectando a la economía dado que frenan la inversión y en consecuencia repercute en el empleo».
Para Carlos Rivadulla, “no es asumible tener competencias en materia de Justicia, como tiene la Generalitat, y a la vez lanzar las duras e injustificadas críticas que se lanza a la justicia».
Dice que la regidora de Barcelona, Ada Colau, y sus socios separatistas «no cesan de divulgar públicamente que se trata de un proceso injusto y antidemocrático».
«La irresponsabilidad de Colau y sus socios socava la convivencia y la democracia de nuestro país”, ha denunciado Rivadulla, y ha destacado que «no es lícito destruir la reputación de un país y de sus instituciones solo para obtener fines políticos».
