La Fiscalía de la Comunidad de Murcia pide una pena cuatro años y seis meses de cárcel y seis millones de euros de multa para el expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el denominado caso Auditorio.
También reclama que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 19 años.
El Ministerio Público le atribuye prevaricación continuada, fraude de subvenciones y fraude y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado.
Así se desprende del escrito de calificación provisional de la Fiscalía, en el que se interesa el inicio del juicio oral. Ahora serán la acusación particular y la defensa quienes presenten sus valoraciones.
La investigación del caso Auditorio comenzó en 2015 y la ha desarrollado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca.
Indaga presuntas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de esa localidad murciana.
El pasado diciembre, el expresidente murciano quedó absuelto del caso Pasarelas, al haberse sobrepasado los plazos de investigación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
La Fiscalía ha pedido recientemente a la Audiencia Provincial de Murcia que declare nula la sentencia y que se celebre el juicio oral de nuevo.
LAS PETICIONES DE PENA PARA EL RESTO DE ACUSADOS
El fiscal también pide dos años y tres meses de prisión por el caso Auditorio para la secretaria del Ayuntamiento, así como 16 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para el arquitecto del proyecto, M.L., reclama dos años y tres meses de cárcel, y 17 años y seis meses de inhabilitación, y para el representante legal de la empresa que realizó las obras, Vicente Gimeno, solicita para 2 años y tres meses de prisión.
HECHOS IMPUTADOS
El fiscal considera que Pedro Antonio Sánchez, con ánimo de obtener una subvención, antes de septiembre de 2005 realizó un «ilícito encargo verbal» al arquitecto que éste aceptó a sabiendas de la falta de expediente alguno de contratación y procedió a ejecutarlo.
Indica que el arquitecto confeccionó un Anteproyecto de junio de 2006, un Proyecto Básico de noviembre de 2006 y un Proyecto de definición general del Teatro Auditorio de febrero de 2007, todos ellos realizados sobre una parcela URS-1 «que ni siquiera era propiedad municipal».
Para sortear las quejas del Colegio de Arquitectos ante el encargo «directo y sin previo concurso», el fiscal considera que «se recurrió a un posterior concurso de proyectos para tratar de dar cobertura legal a lo ilícitamente hecho, vulnerando en su tramitación y gravemente, las propias Bases de dicho Concurso».
Relata que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras obtuvo una subvención de 6 millones de euros para realizar un Teatro Auditorio (no para un Teatro-Auditorio y tres edificios más y un sótano-garaje) sobre la parcela de Rambla de Nogalte de la que el Consistorio decía tener su disponibilidad pese a no ser cierto.
Para el Ministerio Público, se trata de «un ardid engañoso cuya finalidad era no perder la oportunidad de obtener una subvención y obtener la liberación de fondos al tiempo que pudo presentar esa obra como gestión a publicitar políticamente de cara a las elecciones de mayo de 2007″.
Destaca que es un «engaño que de modo eficaz se causó al destinatario de la información (Consejería de Cultura de la Comunidad actuando de buena fe) y determinante del otorgamiento de la subvención y de la liberación de fondos al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración y para terceros Ayuntamientos legítimamente interesados».
El fiscal detalla que una vez obtenida la subvención, Pedro Antonio Sánchez «evitó solicitar autorización a la Comunidad para el cambio de ubicación y parcela de la URS1 a la URSR-11, sobre la que tampoco podían tener disponibilidad real, ni estaba depurada física y jurídicamente la finca para poder ser destinada a tal fin».
Dicho cambio, unido a la inclusión de obras no subvencionadas ni autorizadas por la Comunidad (tres edificios y un garaje), determinó según el fiscal «la inviabilidad técnica y económica del proyecto desde su inicio».
Todo ello, «motivó que se ejecutara realmente y desde su inicio un proyecto modificado de hecho y de forma subrepticia hasta su ilícita aprobación al final de la terminación de la obra, y que permitió certificar como finalizada una obra incompleta, proyecto modificado que tampoco se presentó para autorización previa por la Comunidad».
Para ir justificando el gasto del importe de la subvención ante la Comunidad, y evitar el reintegro, se aportaron certificaciones de obra «incrementadas indebidamente en un 38,04%», expone la Fiscalía.
