Santi Vila: «Queríamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera»

Durante su interrogatorio, que ha durado una hora y cuarto, Vila ha explicado a preguntas del fiscal Fidel Cadena la labor de «interlocución» que él mismo ejerció tras la consulta con «altos dirigentes del PSOE y del Gobierno de España», incluso con sectores «religiosos, de la empresa e institucionales» para «evitar el choque de trenes» e «ir desencalando la tensión».

«Algunos vivimos hasta el último segundo la convicción de que no se llevaría a cabo el 1 de octubre, nos acompañará el dolor toda la vida de ver señoras por los suelos, pero esas semanas muchos nos comprometimos para evitar la suspensión del autogobierno que ya era una amenaza que se nos advertía», ha continuado.

En este sentido, ha indicado que desde el 1-O existían «discrepancias de interpretaciones» en el «seno del movimiento» separatista sobre lo que había pasado, ya que algunos veían el referéndum como una «movilización» que «obliga» e «interpela» a continuar con el objetivo de conseguir la independencia; mientras que otros considerar que «debíamos ser el Gobierno de todos» porque «más de dos millones y medio de catalanes se han quedado en casa y han visto una movilización en la que no se sintieron interpelados».

DICE QUE NO DESOBEDECIERON AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vila ha sido el primer acusado en declarar en la sesión de este jueves -la sexta jornada del juicio- y el noveno de los 12 líderes independentistas sentados en el banquillo.

El interrogatorio del representante del Ministerio Público ha comenzado pidiendo la confirmación sobre si Vila recibió al menos seis requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) comunicando su obligación de impedir cualquier actuación relacionada con el referéndum.

El exconsejero, que se enfrenta a 7 años de prisión por malversación de caudales públicos y desobediencia, ha ratificado que tuvo conocimiento de estos autos y providencias del tribunal de garantías, pero ha precisado que entendió que no tenía que darse por aludido por todas ellas, ya que consideraba que algunas iban destinadas directamente al Parlament de Cataluña.

Aun así, en varias ocasiones ha destacado su convencimiento sobre que ningún miembro del Gobierno de Carles Puigdemont eludieron las resoluciones del TC, ya que todas las iniciativas adoptadas para la celebración de una consulta independentista «decayeron».

En este momento, Vila ha apuntado que cuando la ley del referéndum -aprobada en la cámara parlamentaria catalana el 6 de septiembre- fue suspendida, la consulta «muta a una gran movilización política» y, por tanto, «ya nunca lo reconocí como referéndum».

PRESIÓN PARA TOMAR DECISIONES UNILATERALES

Durante su comparecencia, Vila ha recordado que la legislatura de Carles Puigdemont comenzó con una «presión muy fuerte por parte de la ciudadanía» y de algunos partidos políticos para que el gobierno catalán tomase decisiones «unilaterales».

Al igual que han hecho otros de los acusados en sus declaraciones previas, ha señalado que la idea de hacer una votación apareció en el verano de 2016 cuando el expresidente se enfrentó a una cuestión de confianza y que para evitar una nueva convocatoria de elecciones se anunció el referéndum.

«Por sorpresa para todo el mundo» dijo que «el gobierno iba a trabajar» para conseguir que esta votación, con el lema «referéndum o referéndum».

Con la consulta sobre la independencia de Cataluña se intentaba «tensar la cuerda, pero que no se rompiera y encauzar un movimiento ciudadano pacífico, cívico, reiterado y persistente», ha añadido.

De hecho, ha subrayado a preguntas de su abogado, Pau Molins, que él entró a formar parte en el gobierno de Puigdemont por su confianza, y que no le cesó en julio de 2017 como a otros tres consejeros, porque consideraba que su «papel sería más útil».

Según ha dicho, el expresidente era consciente de lo «valiosa» que podía ser su mediación «en Madrid».

Por otro lado, el exconsejero ha asegurado que, en ningún momento, ninguno de los miembros del gobierno catalán han contemplado que sus actuaciones podían tener «consecuencias penales», ya que trataban de «buscar la manera de encauzar lo que parecía un conflicto institucional impropio de los tiempos «.

También ha negado la malversación de fondos públicos que le atribuyen las acusaciones.

EMPRESARIOS Y MECENAS CATALANES Y CATALANISTAS

En este sentido, ha enfatizado que, al menos desde la consejería que dirigía, no se ha destinado ningún euro público para el 1-O, sino que pudo venir de «mecenazgos, empresarios, mecenas catalanes y catalanistas», tal y como ha venido sugiriendo desde la primera vez que fue a declarar a la Audiencia Nacional.

«Ya me lo preguntó la juez Lamela. Si han sido tan sobrios, ¿qué ha pasado aquí? Sólo respondo especulativamente, por mi impresión y por mi bagaje político catalán esto se financió por mecenazgo, con empresarios mecenas catalanes y catalanistas. Insisto en que estoy especulando», ha explicado.

Además, Vila ha asegurado que ha «procurado no ser más ingenuo de lo imprescindible» y por eso preguntó al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien, según su versión, le llegó a decir que estuviera «tranquilo» porque no se iba a gastar «ni un euro del erario público».